26 septiembre 2011

Razones para no salir del euro


JOSEP BORRELL
En estos tiempos de extrema tensión sobre las deudas publicas de algunos países europeos se vuelve a plantear la salida del euro, aunque parezca políticamente impensable, como una solución para Grecia cuyo default se considera cada vez mas probable.
La cuestión plantea dos preguntas ¿Un default griego implicaría necesariamente la salida  del euro?. ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría ese abandono de la moneda única?
En mi opinión un default de Grecia, o de cualquier otro país, no implica automáticamente que tuviese que salir del euro. Precisamente de lo que se trata es asumir una restructuración profunda, pero ordenada, de su deuda manteniendo aGrecia en la zona euro, porque si tuviese que salir del euro su situación seria mucho peor.
Sin embargo, hay argumentos a favor de que seria la forma rápida de restaurar su competitividad porque podría devaluar su moneda y liberarse de un conjunto de condicionantes que no puede cumplir.
Ciertamente ,una devaluación del tipo de cambio es una forma mas rápida de reducir los precios a la exportación que no una devaluación “interna” conseguida a base de reducir salarios y a través de ellos los costes y los precios ..
La devaluación monetaria y la deflación salarial son dos procedimientos muy diferentes de recuperar la competitividad perdida. Jugar con el tipo de cambio es mas rápido, menos conflictivo y probablemente  mas justo, por que los costes del ajuste se reparten automáticamente entre todos los consumidores de productos importados y no solo sobre salarios y otras victimas de las políticas de austeridad.
Pero tiene muchos inconvenientes y plantea muchos problemas incluso jurídicos. No está previsto en los Tratados que un país salga del euro. Desde el Tratado de Lisboaun país puede salir de la Unión Europea, pero para salir del euro tendría que salir primero de la UE y renunciar a las ayudas de los Fondos estructurales, de la política agrícola , etc.., que para los países candidatos a la salida son muy importantes.
Se puede pensar que siempre encontraríamos una solución jurídica pero hay otros problemas de tipo técnico, económico, financiero y operativo que son mucho mas graves.
Para pasar al euro hicieron falta años de preparación y un rodaje de los sistemas contables e informáticos largo y complejo. Salir seria igualmente complejo y desde luego no se haría por sorpresa en una noche. Y cuando se supiera que eso iba a ocurrir todos los depósitos en euros se retirarían para evitar encontrárselos convertidos endracmas devaluados. Más aún, si ese peligro se confirmara los Bancos del país que fuese a salir del euro pedirían prestamos para colocarlos en los países que se quedan en la eurozona.
Repetiríamos la experiencia del “corralillo” como en Argentina para lo cual habría que imponer a tiempo un control del movimiento de capitales y mas tonto el ultimo. El coste social seria muy grande, solo por eso la teoría de la salida del euro “dulce y tranquila” es pura ficción.
Ademas,los que defienden un salida del euro porque así se puede devaluar la moneda no nos dicen quien la va a devaluar y hasta cuanto se va a devaluar. Desde luego el tipo de cambio del nuevo dracma no lo iba a fijar Papandreu en una proclama desde un balcón de la Plaza Sintagma.
Lo decidirían los mercados financieros y no habría forma de controlarlo. Si un país ha tenido que salir del euro su moneda no inspiraría mucha confianza y lo mas probable es que la devaluación fuese una hiperdevaluacion.
Cuando Argentina, en el 2002, rompió  su cambio fijo con el dólar (1 peso 1 dólar), el gobierno anuncio un cambio de 1,4 pesos/dólar. Pero seis meses después estaba en 4 p/$.
El riesgo en una operación de salida del euro es una caída descontrolada del tipo de cambio. Serviría para exportar mucho ,pero aparte de que Grecia tampoco tiene tanto que exportar, la devaluación es un cuchillo de doble filo. Encarece los productos importados ,y Grecia tiene que importar muchas cosas empezando por la energía. Los consumidores se empobrecerían y las empresas no podrían importar los equipos necesarios para reforzar su competitividad que no es solo cuestión de precio.
Pero  el problema mas grave es de tipo financiero. Las deudas publicas y privadas están nominadas en euros y en euros se quedarían. Habría que devolverlas en una moneda devaluada lo que equivale a que habrían aumentado en la misma proporción en la que se devalúe su nueva moneda con respecto al euro. Y como el problema de estos países es precisamente el excesivo endeudamiento, habríamos agravado el problema que queríamos resolver.
Se puede también pensar que la salida del euro llevaría aparejada una restructuración en profundidad de la deuda de forma que tampoco se iba a tener que devolver en una parte importante .Pero cuanto mas grande fuese el default mayor seria la falta de credibilidad y más débil nacería la nueva moneda. En ese juego el país obligado a salir tienen todas las de perder
Y además, como seguiría teniendo deficit publico al día siguiente tendría que volver a pedir financiación . ¿Y a que tipo de interés la encontraría si a su falta de credibilidad hay que sumar el riesgo de tipo de cambio? El problema se transmitiría al conjunto del sistema financiero europeo. Algunas partidas de los balances de los Bancos seguirían en euros y otros cambiarían bruscamente de valor.
Puede que la realidad nos obligue a enfrentarnos a este relato que puede parecer un poco apocalíptico  y que naturalmente vale igual para Grecia como para cualquier otro país, España o Italia.
No es imposible que ocurra, pero los costes serian mas grandes de lo que costaría evitarlo y las consecuencias serian tanto mas graves cuanto mayor fuese la economía del o de los que saliesen del euro y mayor su interdependencia con otros países  europeos. Por estas razones, creo que mas vale que hagamos todo lo posible para evitar una salida del euro de Grecia o de cualquier otro país.

13 septiembre 2011

Ciudadanos y mercados


Manuel Castells


Zapatero quedará en la historia como el peor presidente de la democracia española hasta la fecha (Aznar al menos tenia coherencia ideológica). La pantomima de reforma constitucional perpetrada con nocturnidad y alevosía veraniega por los dos grandes partidos compinchados afecta a la raíz de la democracia y la autonomía del Estado. Ha sido una decisión impuesta por Merkel y Sarkozy, retomando una propuesta del PP. Se razona que era necesaria para calmar la desconfianza de los mercados sobre la deuda española que podría precipitar una crisis de las deudas europeas, en particular italiana, hundiendo así al euro. Reflotar a Grecia, Portugal e Irlanda es difícil. Salvar a España de la quiebra es inviable para las finanzas alemanas y francesas. De ahí la presión sobre el Gobierno español que hace tiempo abandonó cualquier veleidad de soberanía económica. Todo en nombre de vaticinios sobre el comportamiento de los mercados, poder supremo y misterioso al que hay que aplacar con sacrificios humanos: los recortes de gasto social afectan a salud, educación y pensiones, o sea, a la vida.
Pero ¿quiénes son los mercados? ¿Usted conoce personalmente a algún mercado? En realidad se les pueden poner nombres y apellidos: son los inversores (tal vez usted mismo) gestionados por intermediarios financieros. ¿Pero qué quieren los tales inversores y sus intermediarios? ¿El equilibrio fiscal? ¿La capacidad de pago de la deuda a largo plazo? Todo eso son cálculos estratégicos para llegar a otro fin, a lo que verdaderamente mueve la inversión: la ganancia contante y sonante a corto plazo. Así funcionan las finanzas, de eso dependen los dividendos para los accionistas y, sobre todo, las comisiones y primas para los operativos financieros. Y esa ganancia a corto plazo se obtiene por múltiples medios, entre ellos la apuesta por cambios de valoración de efectos financieros, incluidos los bonos del Tesoro y las divisas. De modo que según para quién la devaluación de la deuda soberana española y el aumento de la prima de riesgo pueden resultar en un pingüe negocio. Las grandes ganancias se producen precisamente en situación de turbulencia financiera.
En cambio lo que los inversores (llamados mercados) tienen en cuenta son las perspectivas de actividad de cada economía. Porque la recesión y el aumento del paro son mal negocio para todos. Precisamente por eso, cuando en la primavera del 2010 España decretó medidas de austeridad la evaluadora Fitch rebajó la cotización de nuestra deuda pública. ¿Qué no harán ahora esos inversores al saber que, aunque a largo plazo la deuda española pudiera pagarse, a corto plazo el país se queda seco de estímulo fiscal posible en una situación en que la inversión privada no puede salir por si sola de la crisis de empleo y demanda? La atonía económica es la más negra perspectiva para los mercados.
Y por eso el mismo día en que los siseñores de las Cortes del Reino votaban atar de pies y manos al Estado discapacitándolo para obtener recursos cuando hiciera falta, subía la prima de riesgo española y caían las bolsas de todo el mundo como reacción al decrecimiento del empleo en EE.UU. En contraste, hubo una reacción alcista de las bolsas cuando se alcanzó el acuerdo para que EE.UU. pudiera endeudarse más. Y se han vuelto a hundir tras el anuncio por el FMI de la posibilidad de recesión a pesar (o a causa) de los recortes. Por esas razones pueden quebrar España y el euro, no por endeudarnos.
No se trata de salvar la economía española sino de aprovechar la crisis para maniatar a los representantes de los ciudadanos por si tienen la tentación de seguir a sus votantes en lugar de a los mercados interpretados por Merkel, Sarkozy y todos aquellos que salvan su pellejo político en sus países a costa de los otros europeos: una demostración de la des(U)nión Europea.
Pues este es el meollo de la cuestión: en nombre de los mercados (cuyo criterio está por ver) se impone una reforma constitucional a los ciudadanos, sin consultarlos y aprovechando una mayoría parlamentaria que puede disolverse en tres meses. Y de paso, se deslegitima una Constitución de quita y pon, que es intocable para según qué cosas y se manipula en unos días para lo que conviene a aquellos políticos coyunturalmente en el poder. Así jamás se hubiera aprobado la Constitución de 1978 que, por imperfecta que sea, permitió organizar una coexistencia política a partir de un consenso evolutivo que ahora se ha roto sin necesidad perentoria y sin informar a los ciudadanos del por qué de esa urgencia aparte de las oscuras referencias a la percepción de los mercados. Y es que los ciudadanos tienen derecho a equivocarse porque eso también es soberanía popular. Lo que no aceptan es invocar la democracia como fuente de legitimidad para después actuar sobre temas tan importantes aplicando el rodillo parlamentario como si el país fuera de los políticos. El ejemplo islandés vuelve a la memoria: tras meses de movimiento social un referéndum sobre las políticas de crisis llevó a la regulación financiera, al despido y encausamiento de políticos culpables de la crisis y al impago de las deudas bancarias. Y se arregló la cosa para la gente.
Si ya había una crisis de legitimidad profunda en la democracia española, fuente de la indignación que comparte una gran mayoría de la población, esta vergonzosa reforma de la Constitución dinamita cualquier credibilidad de los políticos que la votaron. Y de paso se lo pone muy difícil a Rubalcaba, que intentaba salvar los muebles de su partido y de la política tendiendo puentes al sentir de la sociedad. Si la fuente de la Constitución son los mercados, que manden los banqueros por la vía directa. Pero si los ciudadanos piensan que son ellos los constituyentes, tal vez podrían refundar la democracia pacíficamente y limpiar las instituciones de unos partidos mayoritarios que acampan en las Cortes como si fuera su finca y nosotros sus peones. Acampada contra acampada. Cinismo político contra esperanza de ciudadanía. A desalambrar.
Publicado en la Vanguardia

04 septiembre 2011

Medidas simbólicas, problemas reales

JOSEP BORRELL

Las enmiendas constitucionales para obligar a todos los gobiernos a mantener siempre equilibrados sus Presupuestos están de moda tanto en Europa como en EE.UU.
A esta prohibición constitucional de los déficits públicos se le ha dado en llamar la “regla de oro”, que se está presentando como la panacea que permitirá evitar las crisis de la Deuda en el futuro y resolver las del presente. En mis tiempos de Secretario de Estado de Hacienda, la “regla de oro” consistía en que el Presupuesto tuviese un superávit corriente de manera que solo se tuviese déficit para financiar parcialmente la inversión. Ahora, en cambio, se trata de prohibir todo déficit con el argumento, avalado por la sabiduría popular, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.
Así lo han hecho los alemanes que en el 2009, en pleno gobierno de la Grosse Koalition, inscribieron en su Constitución una norma que establece que a partir del 2016 el déficit no podrá superar el 0,35 % del PIB. Y así han pedido Merkel y Sarkozyque lo hagan todo los países del euro. Aunque Sarkozy no lo podrá hacer porque los socialistas franceses están en contra y sin ellos no tiene votos suficientes.
Esta cuestión la hemos debatido este verano en mis cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Antes del anuncio de Zapatero de enmendar la Constitución para aplicar una medida parecida, andaba yo explicando que la prohibición de todo déficit, al estilo alemán, significa renunciar a un instrumento que permite a la política económica actuar de forma contracíclica. En mi opinión, se trata de una medida de un marcado carácter ideológico y un corsé muy limitativo que anula la posibilidad de hacer política fiscal. Lo cual es todavía más grave para países que ya han renunciado a la política monetaria y no pueden fijar ni su tipo de interés ni su tipo de cambio. Y con el riesgo de que si todos prescinden de la política fiscal y no existe un Presupuesto europeo como el federal en EE.UU., Europa puede sufrir un periodo de bajo crecimiento que agravará la crisis de la Deuda.
Por eso me manifesté en contra del pacto de socialistas y populares para prohibir constitucionalmente el déficit público. Me preocupó oir a la vicepresidenta económica anunciar que la enmienda a la Constitución fijaría un limite del déficit del 0,35 % del PIB. Afortunadamente, parodiando la vieja copla cubana, ‘llegó el comandante y mandó parar’. La negociación dirigida por Rubalcaba ha dado por resultado un texto constitucional que no fija ningún limite cuantitativo, habla de déficit estructural y no del nominal -lo que al menos permitirá tener en cuenta el ciclo económico- y se limita a asegurar que España cumplirá lo que la UE establezca al respecto.
El resultado es mejor, mucho mejor, de lo que parecían ser las intenciones iniciales del Gobierno. Pero el compromiso político de que una inmediata Ley Orgánica fije un límite para el déficit más bajo que el exigido por las normas europeas, aunque sea el estructural y aunque lo fíe para muy largo, sigue sin parecerme adecuado ni siquiera para el objetivo proclamado de calmar a los mercados, que en estos momentos están mucho más preocupados por la falta de crecimiento no solo en España sino en el conjunto de la eurozona, Alemania incluida.
Veremos cual será la respuesta de los famosos mercados. Hasta el Financial Times dice que es muy dudoso que una eurozona armada hasta los dientes con enmiendas para garantizar la estabilidad fiscal sea más capaz de resolver su crisis de la Deuda y de su sector bancario que si careciera de unas reglas que tienen un valor simbólico. Y en Europa se ha consumido ya un gran capital político en medidas simbólicas. Hasta el FT reconoce que los problemas de España, hoy, tienen que ver con su baja competitividad, su débil crecimiento y la capitalización de su sistema financiero más que con el déficit publico.
Esos son los problemas reales que preocupan a los mercados financieros y que no se resuelven con proclamas constitucionales.
Y mientras tanto, el acuerdo para el segundo plan de rescate de Grecia parece patinar por la actitud de Finlandia exigiendo garantías adicionales. Si no se resuelve pronto este nuevo problema, todo lo decidido antes del verano se derrumbará y entonces sí que tendremos un problema bien real que no habrá reforma constitucional que lo arregle. Buen tema para la siguiente crónica.

01 septiembre 2011

Cuando la solución es el problema


Antonio García Santesmases*

El problema de la izquierda en España no se puede analizar con rigor sin tener en cuenta que confluyen dos problemas diferentes que hay que resolver. El uno remite a un problema específicamente español que tiene que ver con la transición a la democracia, con el modelo de la Constitución del 78 y con todos los avatares vividos en los últimos años en torno al Laicismo, el Republicanismo y el Federalismo. El segundo remite a nuestro encaje en el modelo europeo y a la propia pervivencia del modelo europeo.

I – EL SIGNIFICADO DE UN CICLO QUE TERMINA.

¿Qué ha significado el ciclo que ahora termina en relación a estos dos problemas? El ciclo que termina es el del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ciclo que conviene dividir en dos etapas: la que abarca la primera legislatura y la que se desarrolla en la segunda, especialmente a lo ocurrido desde el 10 de mayo del 2.010 cuando se produce el giro en la política económica del gobierno.

La primera legislatura comienza con un gesto sorprendente para muchos como fue la retirada de las tropas de Irak. Acostumbrados a la distinción de los años ochenta entre las promesas efectuadas en la oposición y los designios inexorables de la realidad, cuando se accede a los gobiernos, muchos pensaban que Zapatero haría como Felipe González , olvidaría las razones del corazón, bajaría la cabeza y aceptaría contribuir a la causa del Occidente imperial, asumiendo su cuota-parte de responsabilidad (por decirlo en el lenguaje felipista de aquella época). No lo hizo y fue a partir de entonces cuando cayeron sobre él toda suerte de improperios, de vejaciones, de insultos y descalificaciones; toda la prensa de derechas le recordaba una y otra vez que, ante tal desacato a la autoridad imperial, nunca sería recibido por el Presidente Bush. Y en ese punto hay que decir que acertaron. Lo que a Bush le pareció una afrenta intolerable a los electores de izquierda les congració con una política que respondía a sus demandas pacifistas.

Cuanto más bramaban los propagandistas de ultraderecha acusándole de relativismo moral, de estar acomplejado ante el Islam, de propagar la entelequia de la Alianza de civilizaciones, más iba siendo admirado por una parte de la opinión pública española que se sentía orgullosa de ese gesto de audacia. Esa política, que había reconciliado a las bases progresistas con la política de la izquierda gubernamental, fue acusada de antinorteamericana, de antioccidental; este reproche conectó con un intento de deslegitimación política de Zapatero producido desde la victoria electoral de marzo del 2.004. Estábamos ante un Presidente “ilegitimo”, un Presidente “por accidente”, un Presidente “traidor”, que ponía en peligro nuestro lugar en la escena internacional y que estaba dispuesto a romper con los pactos de la transición.

A partir de ese momento comenzó el ensalzamiento de los dirigentes socialistas de los años ochenta y la demonización de los miembros de la generación zapaterista. Aquellos habían sido hombres de Estado, serios y responsables, éstos eran una generación de aventureros, insolventes e incapaces que querían abrir las heridas cerradas por la transición, fomentar un anticlericalismo trasnochado y poner en cuestión el modelo de Estado.

Hoy, cuando asistimos al final del ciclo, cuando ya se han convocado elecciones para el próximo 20 de noviembre, hay que decir que muchas de estas invectivas de la derecha mediática han hecho mella en bastantes electores del PSOE que no saben a qué atenerse, que no saben si tenían razón los dirigentes socialistas de los años ochenta o si la razón les asiste a los que se atrevieron a dar una respuesta, por tibia que pareciera a los sectores de la izquierda más radical, a los problemas de la llamada memoria histórica y a la articulación federal del poder. Esos mismos dirigentes caracterizados como “insolventes” que apostaron por la aprobación de determinados derechos cívicos como la legalización del matrimonio homosexual.

La resistencia feroz de los sectores eclesiásticos a las reformas del gobierno Zapatero, las campañas en contra de la memoria republicana que llega hasta el desatino del Diccionario aprobado por la Academia de la Historia y la sentencia del Tribunal Constitucional de julio del 2.010 sobre el Estatuto de Cataluña reflejan que se habían tocado puntos extraordinariamente sensibles para los sectores conservadores. Si esto es así sería ingenuo pensar que el debate ha concluido con el final del ciclo político.

Van a ser muchos los sectores mediáticos que van a presionar para que se vuelva a la “normalidad” y se alcance un pacto de Estado entre los partidos mayoritarios donde no se vuelvan a plantear estos temas. Los sectores conservadores van a presionar para intentar repetir la jugada desarrollada en contra del Estatuto de Cataluña. De la misma forma que una mayoría del Tribunal Constitucional decidió enmendar lo aprobado en el Parlamento de Cataluña, modificado en el Congreso de los diputados y ratificado en referéndum, intentarán modificar la ley del matrimonio homosexual y la modificación de la ley del aborto. El peso de los sectores confesionales más beligerantes es muy grande y no van a cejar en el empeño de modificar las leyes aprobadas por el gobierno de Zapatero, para que nada quede de aquellos años.

Tampoco van a bajar la guardia en el intento de reescribir la historia de España en una versión favorable a las tesis conservadoras y contraria a la reivindicación de la memoria republicana. Tampoco es un tema en el que quepa imaginar que, una desbordados los estrechos límites del proceso de transición, esta cuestión vaya desaparecer de la escena pública.

II- EL NUEVO ESCENARIO

Donde está la gran diferencia es en el tratamiento del problema de Europa. El gobierno de Zapatero trató de reorientar la política internacional española seguida en los años de Aznar. Para ello era imprescindible fortalecer el papel de Europa en la escena internacional. Son los años de la reivindicación del eje franco-alemán, de la vieja Europa, frente a la nueva Europa dispuesta a alinearse incondicionalmente con los Estados Unidos. Son los años en los que Colin Powell se queda en minoría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Volver a Europa era la consigna que animaba a muchos electores españoles que habían abominado de la guerra de Irak y habían llenado las calles españolas en contra del trío de las Azores.

La retirada de las tropas de Irak, la apuesta por un ministro como Moratinos (resistiendo las presiones a favor del nombramiento de Javier Solana como Ministro de Exteriores) se enmarcaron en un proyecto donde España quería ser la primera en suscribir la Constitución europea, y estaba dispuesta a encabezar entusiasta el “gran paso adelante”. Un paso que una parte de la opinión pública entendía imprescindible para afianzar una Europa líder frente a los Estados Unidos de Bush y dispuesta a implicarse en los problemas del Mediterráneo, el conflicto de Oriente Medio y en la incorporación de Turquía a la Unión europea.

Programa tan ambicioso hizo que en España no se discutiera ni poco ni mucho acerca de las bondades y las limitaciones del proyecto de Constitución Europea. De ahí la sorpresa ante el No en el referéndum en Francia. Nada parecido a los debates entre Gunter Grass y Lafontaine o entre J.Habermas y P. Bourdieu se produjo en España. Y no fue porque en España no apasionen los debates internacionales. Creo que la razón es más profunda y remite a la historia de España en el siglo veinte. Volviendo la mirada al pasado veremos por qué, sin embargo, esa situación no se va a poder mantener y estamos en el inicio de una nueva etapa; aquí sí que podemos afirmar que estamos ante el final de un ciclo político.

Si recordamos lo ocurrido en los años ochenta del siglo pasado podemos ver la diferencia. El debate sobre la permanencia de España en la Otan provocó la intervención de los intelectuales más importantes de aquel momento como José Luis Aranguren, Manuel Sacristán o Rafael Sánchez Ferlosio y la irrupción de movimientos sociales (Comisión anti-OTAN) que conectaban con los debates que protagonizaban en Europa los movimientos pacifistas, favorables a la distensión y al desarme nuclear. Todo aquel clima cuajó en España porque existía el recuerdo del apoyo inequívoco de Estados Unidos a la Dictadura de Franco. No era posible vender las bondades democráticas de una Alianza militar que había apoyado una dictadura.

A diferencia de Estados Unidos, Europa aparecía como el marco imprescindible para alcanzar una democracia plena, como la meta a la que no pudimos acceder tras el final de la segunda guerra mundial, por los imperativos de la guerra fría. Un lugar en el mundo que había conseguido superar la crisis de los años treinta y alcanzar los años dorados del Estado del Bienestar. Mientras los europeos conjugaban prosperidad económica con pleno empleo, desarrollaban los derechos económico-sociales y fomentaban la redistribución de la riqueza, nosotros soportamos la dictadura, nuestros trabajadores emigraban, los sindicatos y los partidos estaban prohibidos y el falso consumismo tapaba la realidad de un Estado dictatorial.

Queríamos salir de ese pasado tenebroso y homologarnos como fuera con Europa e incorporarnos cuanto antes: de ahí la unanimidad en torno al proyecto europeo frente a la confrontación que provocó el ingreso en la OTAN. La pregunta es ¿hemos hecho desde entonces un debate sobre lo que implica el actual proyecto europeo?

Creo que no. Las consecuencias más relevantes del actual pacto del Euro como son la limitación radical de la soberanía de los países, y la imposición de una única política económica que vacía de contenido la práctica de la democracia, no aparecen ni por asomo en las posiciones de la derecha política que sólo trata de endosar la responsabilidad de la crisis a las decisiones del gobierno de Zapatero. Quieren convencer a la opinión pública de que todo se debe a la maldad del hombre que nunca debió llegar a gobernar.

La izquierda mayoritaria, la formada por el PSOE y los sindicatos de clase, tampoco han estado muy interesados en discutir sobre el tema en profundidad. Han seguido repitiendo el estribillo de que lo que necesitamos es más Europa. No. Lo que necesitamos es saber qué Europa queremos.

De ahí la importancia del movimiento del 15 M. La importancia estriba en que gracias a estas movilizaciones vuelven a aparecer las auténticas preguntas. Ante una política en la que no cabe hacer otra cosa que cumplir lo que nos mandan desde fuera: ¿Cómo distinguir entre derecha e izquierda? La importancia del clamor del 15M se ha dejado sentir en todos los ámbitos de la vida política española. Entre otros en el discurso de presentación del candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. Se preguntaba el candidato como no iban a existir diferencias entre políticos como Mandela y Le Pen o entre Thatcher y Lula. Los ejemplos estaban muy bien traídos a escena pero al remitir a políticos que se mueven en lugares distintos no responde a las inquietudes de los “Indignados”. Cuando éstos dicen que no se sienten representados hay que preguntarse por las diferencias entre la derecha y la izquierda en Grecia o en Portugal, cuando gobierne quien gobierne, los mercados y Bruselas imponen una única política económica, que está acabando con el modelo social europeo.

La importancia del movimiento está en recordar que no es posible mantener las instituciones democráticas sin comprender que el pacto social de posguerra provenía de la necesidad de alcanzar un consenso entre fuerzas que habían sido antagónicas. Al vaciar de contenido la democracia desde los poderes económico-financieros es el propio modelo europeo, todo él, el que queda puesto en cuestión. Por ello no cabe pensar que invocar una vez más el europeísmo sigue siendo la solución a nuestros problemas. Hoy la solución se ha convertido en el problema.

Si no estoy equivocado los problemas que aparecieron en la primera legislatura de Zapatero no van a desaparecer y la crisis del modelo europeo se va a agudizar. Los problemas de la memoria, de la laicidad y de la articulación territorial del poder no van a desparecer por más que un pacto entre el Partido Popular y los nacionalistas catalanes trate de echar tierra sobre la memoria histórica, de atender a las peticiones eclesiásticas y de reducir la querella territorial al pacto fiscal. Ese pacto PP/CIU ya ha comenzado y puede perpetuarse en los próximos años pero no es previsible que federalistas y republicanos, laicistas y feministas vayan a desaparecer de escena.

El nuevo debate sobre Europa va a afectar de una manera sustantiva a los partidos y a los sindicatos mayoritarios. Serán muy fuertes las presiones para que un PSOE en la oposición suscriba un europeísmo acrítico, como corresponde a un partido “con vocación de gobierno” y serán también muy fuertes las presiones para que los sindicatos mayoritarios no trasciendan los límites de los acuerdos corporativos. Pero el malestar social que va aumentando y la emergencia de una nueva izquierda (como la que creo representa el movimiento del 15M) no permitirá que esa política la puedan asumir partidos y sindicatos sin un gran coste social. También para ellos- lo quieran o no- la solución se ha convertido en problema.

* Antonio García Santesmases, es Catedrático de Filosofía Política de la UNED y miembro de IS-PSOE

Articulo publicado en Le Monde Diplomatique. Septiembre 2011.

08 julio 2011

¿Es inevitable permanecer en el euro?


Juan Torres López


Quizá se equivoquen.
El comisario europeo Joaquín Almunia decía hace unos días que ningún país saldrá del euro y que nadie quería hacerlo. Lo afirmaba con la misma seguridad con la que el presidente de la comisión aseguraba casi al mismo tiempo que en materia económica y de deuda "no hay alternativa".

A nadie le cabe la menor duda de las ventajas que disponer de una unión monetaria en Europa puede traer para todos. Pero son ventajas que solo se pueden disfrutar cuando está bien diseñada y cuando dispone de los necesarios mecanismos compensatorios para evitar que las diferencias que inevitablemente suele haber entre los países o territorios que la compongan se conviertan en una amenaza para la propia unión y en una fuente de desigualdades sociales y personales, de desequilibrios territoriales, de conflictos económicos y, en suma, de empobrecimiento para algunos de ellos.


Desgraciadamente, tal y como multitud de economistas distinguidos y de diferentes posiciones ideológicas advirtieron en su día, la unión monetaria europea se diseñó desde el principio no para que diera frutos en el terreno de la cohesión y el desarrollo armónico de las economías y de los pueblos europeos sino para que las grandes empresas y los grupos financieros dispusieran de un espacio en donde obtener rendimientos más abundantes y con menos dificultades.Con una situación de partida entre sus componentes muy desigual, la renuncia a disponer de mecanismos equilibradores (coordinación macroeconómica efectiva, hacienda integrada, presupuestos suficientes, supervisión financiera centralizada, potentes políticas redistributivas que hubieran impedido el aumento de la desigualdad interregional que se ha producido...) llevaría inevitablemente a generar una actividad económica cada vez más polarizada en torno a los grandes centros de gravedad, a destruir constantemente tejido productivo en las periferias y a incrementar la vulnerabilidad de los territorios más débiles ante los impactos que la coyuntura económica siempre depara con mayor o menor intensidad. Y cuando estos últimos han sido especialmente fuertes, como los que ha producido la crisis financiera, todo ello se ha manifestado con toda su crudeza: cuando sufren o se deterioran en exceso los espacios más débiles el mal se traspasa también al conjunto de la economía europea.
En lugar de optar por una estrategia auténticamente comunitaria, por una integración verdadera y mutuamente satisfactoria, es decir, en lugar de concebir al euro como un instrumento para el desarrollo integral de la economía europea, multipolar y no concentrado, creador de sinergias y no fragmentador del tejido productivo; en lugar de utilizarlo para hacer de la economía europea un espacio compensado en donde la agricultura, la industria y los servicios, la actividad empresarial y los centros de poder, se desarrollaran de modo armonioso en todo su conjunto, desde el primer momento se optó por someter a toda la economía europea a los intereses y directrices del gran capital europeo encabezado por el alemán. 
Su enorme poder y la sumisión de los gobiernos que se iban sumando a la unión, facilitaron un proceso que ha culminado con una "alemanización" del euro que puede terminar por destruirlo. La enorme pujanza de la economía alemana requiere una demanda constante e igualmente potente. Para que esa demanda procediese de su interior se requeriría una distribución de la renta muy favorable a los salarios y un elevado gasto público, porque estos son los que pueden garantizar una potente demanda interna. Pero cuando el capital renuncia a ceder renta no cabe sino recurrir a la demanda externa, dirigiendo la producción hacia las exportaciones como motor del crecimiento. Hace años, la ventaja tecnológica de la que gozaba Alemania hacía que esa fuese una salida natural de su economía, y que, por ello, no implicase un deterioro paralelo de los salarios. Pero cuando la globalización y la mayor integración europea tienden a homogeneizar las condiciones salariales y la norma tecnológica, para mantener la demanda externa es necesario una estrategia más combativa en el exterior, que es la que se ha manifestado en la gestación de la Unión Europea y, particularmente, del euro, basada en una auténtica "conquista" alemana de los mercados europeos. Alemania ha impuesto la estrategia que permite que el euro sea el instrumento que garantiza la demanda exterior que necesita y eso lo ha logrado liquidando literalmente el tejido productivo de los demás países y especialmente de los periféricos, imponiéndoles políticas de austeridad que les han impedido generar ingresos endógenos para generar la suficiente acumulación de capital y obligándole a financiar entonces su crecimiento económico mediante los créditos provenientes del enorme superávit que lógicamente produce una pauta distributiva nacida de esta estrategia.


Alemania se ha quedado, o ha destruido, el tejido económico europeo y puede mantener su crecimiento gracias a la demanda de los demás países. Y como eso lógicamente merma la capacidad de generar los ingresos suficientes en estos últimos, pone a su disposición un gigantesco flujo de financiación nacido de la acumulación tan extraordinaria de rentas del capital que se obtiene en su economía, para que así puedan pagar el déficit en el que incurren constantemente.La operación puede realizarse aparentemente sin demasiados problemas porque se produce en el marco del euro, como si fuesen déficit o superávit registrados dentro de un mismo país: cuando muchos advertimos que el déficit exterior español es insostenible porque muestra que nuestra capacidad de generar ingresos endógenos disminuye peligrosamente los defensores del "status quo" nos dicen que eso no es problema porque el déficit español respecto a Alemania es tan problemático como el que Cuenca pudiera tener con Zaragoza.Es un argumento falaz. Las consecuencias de estos déficits constantes y en aumento que produce la estrategia que domina el euro sí son un gravísimo problema económico y social (aunque no lo sean desde el punto de vista contable) porque provocan, al menos o principalmente, tres problemas que antes o después pueden hacer que todo salte por los aires en Europa:- El primero es que genera una deuda privada en aumento que es insostenible desde cualquier punto de vista que se contemple. Algo que nunca ha preocupado a las autoridades porque a la banca le interesa que crezca cuanto más mejor. Por eso la han dejado crecer, y lo seguirán haciendo aunque lleve al saqueo de los pueblos porque cuanto más alta sea mayor será, como estamos viendo, la capacidad de extorsión a los poderes representativos y la esclavitud que imponen a los ciudadanos.- El segundo es que en una situación de deterioro de la capacidad productiva y de los ingresos por las razones que he apuntado, es preciso imponer el grillete de la austeridad, so pena de imponer a las rentas del capital un régimen impositivo al que de ninguna manera están dispuestas a someterse. Estas políticas también merman los ingresos, disminuyen la actividad y coadyuvan a incrementar el endeudamiento que, como acabo de decir, es el negocio de los bancos. Con tal de dar salida rentable a sus excedentes el capital alemán condena así al resto de Europa a la atonía y ella misma se cava su tumba, o se obliga a involucrarse en estrategias de conquista de mercados que desvirtúan (como ha pasado con la última ampliación de la UE) el espacio del euro. En concreto, esta estrategia es la responsable del continuado deterioro de las condiciones de trabajo y del aumento del paro.- El tercero es que puesto que sería impensable que el flujo de crédito que viene de los bancos alemanes (en realidad también de otros franceses pero como en una estrategia de seguimiento de los primeros) se dirigiera a financiar la actividad económica, industrial o de servicios, que compitiera con la exportadora alemana (es decir, que Alemania se hiciera la competencia a sí misma), su destino termina siendo o la financiación del consumo (en contra de la cínica defensa de la austeridad que se proclama) o la de burbujas como la inmobiliaria que proporcionan altos rendimientos pero no solidez a la estructura productiva sino todo lo contrario, una gran volatilidad.En el periodo 2000-2007 la renta nacional alemana aumentó en unos 300.000 millones de euros, de los cuales el 72% fue a rentas del capital. Y en ese mismo periodo más de 270.000 millones de euros de media al año salieron de Alemania para financiar negocios en otros lugares de Europa, pero lo hicieron dirigiéndose a destinos puramente especulativos, a inflar, como he dicho, burbujas inmobiliarias y a promover la evasión y la inversión improductiva. La consecuencia es que ahora los bancos alemanes están al borde del abismo y para tratar de recuperar el capital que prestaron fuera en lugar de invertirlo en su país, ponen en peligro la recuperación del resto de las economías e imponen un saqueo criminal a las naciones de las que han obtenido en estos últimos años beneficios incalculables.A nadie se le escapa que salirse del euro es una opción de costes extraordinarios que llevaría al país que lo hiciera a sufrir agresiones sin precedentes en Europa y a vivir algunos años de caos financiero y de empobrecimiento. Nada más cierto. Pero ¿acaso está propiciando otra cosa mejor un euro al servicio exclusivo del capital financiero y de las grandes empresas? ¿Acaso le ha dado seguridad y bienestar a Grecia a Portugal o a Irlanda? ¿Acaso no hizo España los deberes del euro y no puso sin rechistar en manos del capital alemán y europeo sus mejores empresas y centros de producción? ¿Acaso el euro nos está protegiendo de la extorsión y de los ataques especulativos? ¿no alentó el euro, en beneficio de la banca europea, el endeudamiento privado imponiendo los recortes salariales en lugar de la estabilidad financiera?El euro, y las políticas que se vienen imponiendo para sostenerlo en la función servil que viene desempeñando, es hoy día la fuente del desastre en que vive Europa y lo que impone un saqueo criminal a los pueblos al que hay que enfrentarse por dignidad y sentido de supervivencia. El euro y la incompetencia con que los dirigentes europeos están gestionando la crisis para salvar los intereses del gran capital no da ya ningún tipo de seguridad ni puede proporcionar bienestar sino la ruina generalizada de los trabajadores, de las clases pasivas y de las pequeñas y medianas empresas. Es un expolio que hará que una Europa se levante contra otra. Dentro del euro tal y como está constituido y en el marco de las políticas que implica es imposible que países como España (y por supuesto Irlanda, Portugal o Grecia, y posiblemente también otros como Italia o incluso Francia) tengan salidas que no impliquen más sufrimientos, más sobresaltos y peores resultados macroeconómicos y sociales. 
No es posible. Si no hay un giro urgente en la política europea, si no se impone la cooperación, la armonía y el reparto equitativo de la riqueza, si no se admite que quien debe gobernar Europa es el pueblo mediante sus representantes y no los grupos de presión y los poderes financieros, tenemos la obligación de salir a la calle también a reclamar que nos salgamos del infierno, como ahora el de Grecia, que quieren imponernos a todos.


22 abril 2011

Islandia después del no

Michael Hudson
"De ninguna nación soberana puede esperarse que se allane a imponer a toda una generación la austeridad financiera, la contracción económica y la emigración forzosa de sus trabajadores sólo para poder subvenir a los costos del fracasado experimento neoliberal que ha terminado por arruinar a tantas economías europeas."

La alianza de Liberales y Verdes llevó a Irlanda al suicidio económico; la alianza de Verdes y Socialdemócratas podría haber despeñado a Islandia por parecido derrotero, pero el pueblo islandés frenó de momento la deriva hacia el suicidio financiero votando masivamente No al irresponsable acuerdo a que su gobierno (y su parlamento) habían llegado con los negociadores financieros europeos. Segunda incursión del analista financiero Michael Hudson en lo que andaba en juego en el referéndum islandés del pasado 9 de abril, forzado, contra gobierno y parlamento, por el presidente de la República de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson. (Para ver la primera, pulse AQUÍ.)


Cerca del 75% de los votantes islandeses acudieron el pasado sábado, 9 de abril, a las urnas para rechazar la propuesta del gobierno Socialdemócrata/Verde de pagar 5.200 millones de dólares a las aseguradoras bancarias británicas y holandesas por el colapso de Landsbanki-Icesave. Todos y cada uno de los seis distritos electorales de Islandia votaron No en una proporción nacional del 60% (en enero de 2010, dijo otro No el 93%).


El voto reflejó la extendida creencia de que los negociadores del gobierno no habían sido lo bastante enérgicos en la defensa de la causa jurídica islandesa. La situación no puede menos de traer a la memoria el embrollo de la deuda de guerra entre los aliados tras la I Guerra Mundial. Lloyd George [el primer ministro británico] describió entonces las conversaciones sobre las deudas británicas de armamento entre el Secretario del Tesoro norteamericano Andrew Mellon y el británico Stanley Baldwin como "una negociación entre una comadreja y su presa. El resultado fue un acuerdo que arruinó la reputación del cobro de las deudas internacionales (…) No es que los funcionarios del tesoro norteamericano hicieran farol, pero, como es de razón, comenzaron las conversaciones planteando exigencias máximas: para su sorpresa, el Dr. Baldwin dijo que, en su opinión, sus exigencias eran justas, y las aceptó (…) Ese crudo desempeño, jocosamente llamado 'convenio', hubo de tener efectos desastrosos sobre el curso entero de las negociaciones…".


Y así ocurrió también con la negociación de Islandia con Gran Bretaña. Es verdad: consiguieron dilatar en el tiempo el horizonte la devolución de la deuda islandesa. Pero ¿de dónde iba a sacar Islandia las libras esterlinas y los euros, dada la contracción de su economía? Ese es el mayor riesgo en los pagos, y sigue sin afrontarse. Amaga con desplomar la tasa de cambio de la corona islandesa.


Además, el acuerdo al que se había llegado implicaba aceptar los cargos de intereses del rescate desde 2008, incluidos los extremadamente elevados cargos de intereses que sirvieron de cebo para que los depositantes privados británicos y holandeses pusieran su dinero en las cuentas de Icesave. Los islandeses ven esos intereses extraordinarios como compensación por los riesgos: riesgos que fueron aceptados por los depositantes, razón por la cual esos depositantes por Internet tendrían ahora que arrostrar las consecuencias.


Así pues, el problema de Icesave terminará ahora en los tribunales. La directriz pertinente de la Unión Europea reza así: "el coste de financiación de este tipo de esquemas tienen que soportarlo, en principio, las propias entidades de crédito". Como reclamantes prioritarios, Gran Bretaña y Holanda se llevarán, en efecto, la parte del león del cadáver de Landsbanki. Pero no era eso lo que se sometía al sufragio de los votantes islandesas. Lo único que ellos querían era salvar a Islandia de una obligación indefinida de cargar con las pérdidas de un banco privado por la vía de incorporarlas a las cuentas públicas sin un plan que dibujara claramente el modo en que Islandia podía obtener el dinero para pagarlas.


La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, alerta de que el resultado del referéndum puede traer consigo "el caos político y económico". Pero tratar de pagar trae consigo lo mismo. El pasado año ha sido testigo de la desastrosa experiencia griega e irlandesa; ahora vemos como Portugal se apresta también a incorporar a sus cuentas públicas las deudas temerariamente contraídas por su sector bancario privado. Difícilmente puede esperar de una nación soberana que imponga a su economía una década o más de profunda depresión, siendo así que el Derecho Internacional autoriza a todas las naciones a actuar conforme a sus propios intereses vitales.


Los intentos de los acreedores por persuadir a las naciones de que se allanen a rescatar a los bancos a costa del erario público no es, a fin de cuentas, sino un manipulatorio ejercicio de relaciones públicas. Los islandeses han podido ver el éxito de la Argentina luego de reestructurar su deuda y recortar radicalmente las pretensiones de sus acreedores. También han podido asistir al colapso político de Irlanda y de Grecia, resultante de su empeño en pagar sin atender a los medios necesarios para hacerlo.


Lo menos que puede decirse es que los acreedores no ponderaron mucho las cosas cuando convencieron al gobierno Verde-Liberal de Irlanda de que podía asumir públicamente las quiebras de sus bancos privados sin hundir en la depresión a su economía. Ahí está ahora la experiencia de Irlanda, plantada como una señal de alarma para otros países: no se puede confiar en los pronósticos manifiestamente optimistas de los banqueros centrales. En el caso de Islandia, los expertos del FMI hicieron en noviembre de 2008 proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB a fines de 2009. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcanzar el 249% del PIB, un nivel que consideraba "claramente insostenible". Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, ¡y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda privada de Icesave que el gobierno Socialdemócrata-Verde quería asumir públicamente!


El problema capital de las obligaciones de Islandia con Gran Bretaña y Holanda es que la deuda exterior –contraída en moneda extranjera— no se paga a partir del PIB. Aparte de lo que se recupere de Landsbanki (ahora, con ayuda de la Oficina Británica para el Fraude Grave), el dinero debe pagarse con exportaciones. Pero no ha habido negociaciones con Gran Bretaña y Holanda sobre qué bienes y servicios islandeses aceptarían esos países como pago. Ya en los años 20 del siglo pasado, John Maynard Keynes dejó escrito que la nación acreedora aliada tenía que responsabilizarse de un modo u otro de las posibilidades de que Alemania pudiera pagar sus reparaciones de guerra, si no era mediante la exportación a la nación acreedora. En la práctica, lo que hicieron las ciudades alemanas fue tomar préstamos en Nueva York y pasar los dólares así habidos a Reichbank [el banco central de la República alemana] para que pagara a Gran Bretaña y a Francia, las cuales, a su vez, usaban ese dinero para transferirlo al gobierno estadounidense en concepto de satisfacción de la deuda interaliada contraída en la compra de armamentos. En otras palabras: Alemania "tomó prestada su vía de salida de la deuda". Con el tiempo, eso nunca funciona.


La práctica normal para Islandia sería nombrar un grupo de expertos que sentara las bases más firmes posibles para defenderse. De ninguna nación soberana puede esperarse que se allane a imponer a toda una generación la austeridad financiera, la contracción económica y la emigración forzosa de sus trabajadores sólo para poder subvenir a los costos del fracasado experimento neoliberal que ha terminado por arruinar a tantas economías europeas.

Publicado en "New Economic Perspectives"

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.