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Rafael Simancas: Discurso programático

Compañeras y compañeros, amigas y amigos:

Los socialistas de Madrid os damos la bienvenida y acogemos con alegría la Conferencia Política del Partido Socialista.
La organización moderna y eficaz de este encuentro, y la presencia vital y optimista de los socialistas de toda España, constituye para nosotros no sólo motivo de honor y de satisfacción, sino también y sobre todo una formidable inyección de fuerza y de optimismo ante los importantes desafíos que hemos de afrontar en el futuro más próximo.
Madrid es la capital de España. Con nuestro trabajo, con vuestro empuje y con el respaldo de los ciudadanos, Madrid va a ser también la capital del cambio y la vanguardia del progreso en España.
Somos conscientes de que el Partido Popular y Esperanza Aguirre han hecho todo lo posible por convertir a Madrid en una trinchera hostil, y a sus instituciones en armas para la división, el enfrentamiento y el rencor entre los madrileños, y de los madrileños con los demás españoles. Yo os aseguro, sin embargo, que Madrid ha sido, es y será siempre lugar de acogida, de encuentro y de integración para todos los españoles. Porque este es el sentimiento y la voluntad de la inmensa mayoría de los madrileños.
Cada español es del lugar en el que ha nacido o en el que ha elegido vivir, pero Madrid es de todos los españoles: por eso aquí no hay forasteros. Esta es la identidad de Madrid, estamos orgullosos de ella y lucharemos por defenderla.
Esta Conferencia, además, nos interesa muy especialmente a los socialistas de Madrid. Todos los temas que vamos a tratar este fin de semana, todos los que se abordan en el documento que servirá de base a nuestros debates, se refieren a problemas palpitantes de los ciudadanos de esta Comunidad.
Recordaba Pepe Blanco la anterior Conferencia Política, y subrayaba los grandes cambios que se han producido en la sociedad desde entonces. Hay un cambio más: en el año 2001, el Partido Socialista se presentaba ante los ciudadanos con nuevos dirigentes y un proyecto político renovado. Hoy, esos dirigentes, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, están en el Gobierno de España y ese proyecto se está haciendo realidad.
Si algo distingue al Gobierno socialista de España es la intensidad de su acción reformista. Han bastado poco más de dos años para alumbrar un conjunto de reformas de las de verdad, de las que responden a las ilusiones y a los valores de la inmensa mayoría, de las que más nos importan y más sirven para dar sentido y contenido a la actuación de un Gobierno progresista: las reformas que sirven para avanzar en prosperidad, en igualdad y en justicia; para mejorar la vida de las personas, de muchos millones de personas. Reformas que, además, son irreversibles porque la sociedad las asimila y las incorpora inmediatamente al patrimonio colectivo.
La derecha, como siempre hace, ha combatido y ha querido impedir todas y cada una de las iniciativas reformistas de este Gobierno: pero no se atreverá a derogarlas. No se atreverán a privar a los ciudadanos de las mejoras en el sistema de pensiones, de las medidas que ayudan a estabilizar los empleos, de la libertad para casarse con quien quieran. Ni se atreverán a derogar las leyes que promueven la igualdad real entre mujeres y hombres, ni se atreverán a desmontar el sistema nacional de ayuda a las personas dependientes. No porque les falten ganas de hacerlo, sino porque saben bien que la sociedad española no se lo permitirá.
Pero el principal éxito de este Gobierno, querido Presidente, yo lo sitúo en el campo de los sueños. Este Gobierno nos ha enseñado a soñar, y a hacer realidad los sueños. Si se quiere, se puede. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos ha enseñado que con sueños, con valores bien asentados, con trabajo y con coraje puede conquistarse el futuro. Se pueden sacar las tropas de la guerra y llevarlas a hacer la paz. Se pueden combinar crecimiento económico y más derechos sociales. Se puede apostar por el fin de la violencia terrorista. Frente a la caverna, sobre la caverna, a pesar de la caverna. Con sueños, con valores, con determinación, con valentía. Una gran enseñanza, una gran vacuna contra la resignación, de la que los madrileños van a tomar buena nota para afrontar el cambio.
Dicen algunos, con afán de menospreciar la importancia de esta Conferencia, que es un acto electoral, un acto destinado a preparar las elecciones del próximo año. Os diré algo: lo es. No es tan sólo eso, pero también es eso. Y el serlo no sólo no sólo no desmerece la Conferencia Política, sino que en todo caso la ennoblece.
Nada hay más digno para un político en democracia que prepararse a fondo para merecer la confianza mayoritaria de los ciudadanos en las urnas. Eso hemos venido a hacer aquí este fin de semana: prepararnos a fondo para el futuro como lo hicimos en similar ocasión hace cinco años, con el resultado que todos conocemos. El resultado del triunfo.
Las elecciones municipales y autonómicas de 2007 son de una importancia crucial. Y no lo digo pensando sobre todo en nosotros, en el Partido Socialista –que también-, sino pensando en términos de interés ciudadano. Los Gobiernos autonómicos en España son, si me permitís la expresión, gobiernos de verdad, responsables de competencias decisivas para el bienestar ciudadano; gobiernos que administran cuantiosísimos recursos de todo tipo; y que gestionan gran parte de los servicios públicos más relevantes para la calidad de vida de la gente.
La mayor parte de los servicios que más afectan a los ciudadanos en su vida diaria y en sus intereses inmediatos están ya en el ámbito de responsabilidad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Y eso, que al señor Rajoy le parece muy mal, a nosotros nos parece muy bien porque creemos en el modelo de Estado que nos hemos dado; porque sabemos que la única España viable es la España de las Autonomías; porque apostamos por el servicio más democrático y más eficaz a los ciudadanos mediante la aplicación de los principios constitucionales del autogobierno y la garantía de la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.
Pero precisamente por eso, es necesario que llevemos a la conciencia de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos que una parte esencial del bienestar individual y colectivo se decide en estas elecciones. Que ese bienestar depende en gran medida, por ejemplo de que elijan un Gobierno autonómico que crea en los servicios públicos y los defienda o uno que no crea en ellos y los abandone.
Voy a decir más. El desarrollo y la aplicación de los principales avances sociales, de las más importantes conquistas de derechos que ha promovido el Gobierno socialista de España, dependen de la existencia de gobiernos autonómicos y municipales que crean en estas medidas y tengan voluntad de llevarlas a cabo. Aún más claro. Con Esperanza Aguirre en la Puerta de Sol será muy difícil desarrollar y aplicar en Madrid las principales reformas impulsadas por el Gobierno de España, en la forma y medida en que sería preciso. La cita del último domingo de mayo es vital. Para el PSOE, para aquellos que en marzo de 2004 apostaron por el progreso, la mayoría en Madrid, y para el conjunto de los ciudadanos. Yo vuelvo a llamar hoy a esa mayoría que se movilizó por el cambio en 2004 para que consolide y profundice ese cambio hacia el progreso en Madrid movilizándose en las elecciones de 2007.
Compañeras y compañeros: frente a quienes predican el fin de las ideologías, estoy convencido de que en la España de hoy cada vez son más claras y perceptibles las diferencias entre la derecha y la izquierda. Madrid es un escenario privilegiado para comprobarlo: el contraste entre la actuación de un Gobierno cabalmente progresista como el de José Luis Rodríguez Zapatero, y otro radicalmente de derechas como el de Esperanza Aguirre es manifiesto, evidente y hasta sonoro, porque se refleja no sólo en los contenidos de las políticas y en las formas de gobernar, sino también en el tono y los ademanes con que uno y otro se dirigen a los ciudadanos.
Esa diferencia entre una política conservadora y una progresista se plasma hoy, sobre todo, en cuatro aspectos básicos, que son, a mi juicio, los que definen más que cualquier otro un proyecto político y de Gobierno en las Comunidades y en los municipios de España:

• El modelo de crecimiento, tanto en lo que se refiere a la economía como al urbanismo y a la ordenación del territorio y el medio ambiente;
• Los problemas relacionados con la convivencia ciudadana y con integración de una sociedad cada vez más diversa;
• La combinación entre el reparto descentralizado del poder y la cooperación leal entre gobiernos de distintos ámbitos territoriales;
• Y la actitud ante los servicios públicos que atienden las necesidades más importantes de los ciudadanos.

En estas cuatro grandes cuestiones, la apuesta del Partido Popular está muy clara:

• Un modelo de crecimiento contaminado en su planteamiento y contaminante en sus efectos; basado en el urbanismo de la especulación y la explotación intensiva de recursos naturales, en la precariedad social y laboral, y en llevar hasta el paroxismo y mientras dure la apoteosis del ladrillo sin preguntarse qué ocurrirá después.
  
• Un crecimiento caótico de las ciudades y las áreas metropolitanas, con un urbanismo depredador que deteriora la calidad de vida, que multiplica el precio de la vivienda, que colapsa el tráfico, que pone en riesgo los cimientos de una economía productiva, como acaba se señalar el Fondo Monetario Internacional. En materia de urbanismo, el plan de la derecha es la inexistencia de planificación alguna; el orden que buscan es la ausencia total de orden; el interés a proteger es con demasiada frecuencia el de quien está dispuesto a poner millones sobre la mesa a cambio de una recalificación o una licencia de construcción, nunca el de los ciudadanos.
• Otra clave en la actuación de la derecha: la transformación de los Gobiernos autonómicos y municipales en arietes de combate político y de confrontación partidista. Lo demostró Aznar cuando durante años se negó a recibir en la Moncloa a los Presidentes autonómicos que no eran de su partido, y lo demuestran hoy los Aguirre, Camps y compañía cuando boicotean cualquier atisbo de cooperación leal con el Gobierno de España, cuando atizan los agravios y los resquemores entre Comunidades, y cuando conciertan entre sí sus estrategias de oposición y rebeldía institucional aunque nadie les ha visto jamás concertando políticas positivas en interés de los ciudadanos.
• Y por último, el deterioro buscado de los servicios públicos esenciales, de la sanidad pública y de la educación sobre todo, acompañado de constantes guiños de complicidad y apretones de mano por debajo de la mesa con los sectores interesados en su privatización.

Crecimiento especulativo y precario, descontrol urbanístico, deslealtad y confrontación institucional, abandono de los servicios públicos.
Da igual que hablemos de la Comunidad de Madrid o de la de Valencia, de Murcia o de La Rioja, de Baleares o de Castilla y León: en todos ellos son perfectamente reconocibles estos rasgos porque forman parte de la naturaleza de los Gobiernos del Partido Popular.
Es también respecto a estas grandes cuestiones que debemos hacer perfectamente reconocible la naturaleza de los Gobiernos autonómicos y locales del Partido Socialista. Ya lo es y lo va a seguir siendo en donde gobernamos; y lo será en donde vamos a gobernar a partir de junio de 2007. Por ejemplo, en Madrid.
Apostamos y apostaremos por un crecimiento sano. Un crecimiento basado en la productividad, en la innovación tecnológica, en el más potente instrumento productivo que tiene una sociedad, que es la educación y el conocimiento. En la estabilidad laboral, en los acuerdos sociales, en la política económica que permite hacer política social, y la política social que dinamiza la economía.
Emplearé toda la fuerza política y toda la energía personal de que disponga en implantar por fin en esta Comunidad un urbanismo civilizado y decente. O si lo preferís, un urbanismo que sea tal.
Compañeras y compañeros, amigas y amigos: en este país, especialmente en Madrid y en Valencia, tenemos un problema grave con el urbanismo que promueve y ampara la derecha. Un problema grave que va más allá de la sucesión de escándalos por corruptelas en la gestión del suelo de tal o cual localidad, más allá de sus lamentables consecuencias en la imagen de las instituciones públicas y en la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos.
El descontrol urbanístico es un cáncer con el que hay que acabar antes de que sea demasiado tarde. El urbanismo especulativo provoca el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de ciudadanos, dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes, colapsando servicios públicos, multiplicando tiempos de desplazamiento, generando una presión brutal sobre el ecosistema. El urbanismo a la carta, el urbanismo al servicio de los intereses de unos pocos que promueve el Partido Popular amenaza, además, la solidez y estabilidad de nuestro modelo de desarrollo. Madrid, como Valencia o el resto de las comunidades españolas, no puede confiar sus posibilidades de crecimiento a la sobreexplotación especulativa del suelo y a la sobrevaloración de los activos inmobiliarios. Este modelo de desarrollo ignora los factores de conocimiento e innovación que son los factores clave para un crecimiento sólido, competitivo y justo. Este modelo genera el sobreendeudamiento de las familias y limita la evolución del consumo interno futuro. En Madrid podemos hablar claramente del riesgo de un crecimiento enfermo.
El problema urbanístico tiene solución. El objetivo de recuperar un urbanismo limpio, decente y eficaz requiere de un gran compromiso institucional: un Pacto de Estado, en el que han de implicarse los tres poderes del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los partidos políticos, las empresas serias y los representantes sociales y vecinales. Recuperar un urbanismo sometido solo al interés general requerirá de compromiso, determinación, planificación y eficacia. Primero el desarrollo parlamentario de la Ley estatal del Suelo consolidando la apuesta contra la especulación y a favor de la vivienda protegida. Necesitamos leyes de desarrollo con los mismos compromisos en las comunidades autónomas de mayor riesgo. Desde luego en la mía. A continuación deberán promoverse en los Parlamentos autonómicos –en el mío con urgencia- los respectivos Planes de Estrategia Territorial que determinen con carácter general los usos del suelo, en función de un análisis riguroso y ampliamente participado sobre las necesidades y retos de interés general en cada región. Y necesitamos, por último, un paquete de medidas valientes y eficaces que garanticen transparencia e higiene en las tramitaciones urbanísticas, con un nuevo y más duro régimen de incompatibilidades entre responsabilidades públicas y negocio privado.
Nos jugamos mucho, es necesario, hay que hacerlo. Por otra parte, muchos de los problemas más agudos del momento actual tienen que ver con la integración y con la convivencia ciudadana. Los orígenes de quienes forman nuestra sociedad son cada vez más plurales, como lo son sus creencias y costumbres, sus valores y sus formas de vida. Y precisamente por eso, la mayor amenaza que tienen las sociedades modernas es la desintegración de sus componentes; una sociedad en la que finalmente no haya nada que compartir ni nada parecido a un proyecto de vida en común.
Ya lo dijimos en la resolución de nuestro último Congreso: la principal causa progresista de principios del siglo XXI es combatir la exclusión social y el deterioro de las condiciones de convivencia entre los ciudadanos. La lucha de clases ha dado paso a la lucha por una sociedad integradora e incluyente. Lo contrario de lo que favorecen las políticas de la derecha: segregación social, desintegración y exclusión.
Para la mayoría de los ciudadanos españoles, el problema de la inmigración es principalmente un problema que tiene que ver con la convivencia. Casi todos aceptamos que la presencia de los inmigrantes ha sido en los últimos años un importante factor de progreso económico, especialmente en Madrid; pero a todos nos preocupa que se convierta también en un factor de deterioro de la convivencia social.
Ahora el Partido Popular se va quitando la máscara y empieza a practicar peligrosamente la demagogia con el tema de la inmigración, como hace la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa. Me temo que puedo pronosticar que en los próximos meses, veremos a Rajoy y a Esperanza Aguirre diciendo las mismas cosas que dice Le Pen en Francia.
Como de este tema vamos a hablar mucho a partir de ahora, hoy sólo diré tres cosas muy breves:
Primera: A mi juicio, la única política sensata y viable en materia de inmigración es la que combine el control y la integración. Control para garantizar que entran aquellos que tienen condiciones legales para entrar y que podemos razonablemente acoger; y a partir de ahí, hacer que se integren en nuestra sociedad en todos los sentidos.
Exactamente lo contrario de lo que hizo el Gobierno de Aznar, de Acebes y de Aguirre, la triple A: dejó entrar a los inmigrantes de forma descontrolada; y una vez dentro, se desentendió de ellos y los dejó pudrirse en la ilegalidad.
Segunda: Es esencial mantener a rajatabla el principio de la igualdad de derechos. Ningún ciudadano que viva legalmente en España debe ser discriminado por el hecho de ser de origen extranjero; pero también hay que garantizar que ningún ciudadano español sienta que sus derechos o las prestaciones que recibe han disminuido, o que ha perdido calidad de vida a causa de la presencia de los inmigrantes. Ambas cosas son imprescindibles si queremos hacer posible a largo plazo una convivencia que merezca tal nombre. Por eso le pido reiteradamente al Gobierno regional de Madrid que abandone la retórica del reproche y la confrontación, y asuma sus responsabilidades, con los recursos que ahora sí llegan del Gobierno de España, para evitar concentraciones antipedagógicas de niños inmigrantes en los colegios; para evitar el colapso de servicios sanitarios porque no están preparados para afrontar el número y la especificidad de los inmigrantes que les llegan; para evitar la ocupación de espacios comunes en plazas y parques ante la inexistencia de lugares para el encuentro y el esparcimiento. Iguales derechos e iguales deberes. Sin discriminaciones y sin privilegios.
Tercera: Los problemas de la inmigración sólo se pueden abordar razonablemente desde el acuerdo y la cooperación. Desde el nivel de las instituciones europeas hasta el nivel de la administración local. Por eso, como Presidente de la Comunidad de Madrid promoveré instrumentos comunes entre el Gobierno de España, el de la Comunidad y los Ayuntamientos para definir las políticas respecto a la inmigración; y me sentaré con las fuerzas sociales para llegar a un gran acuerdo sobre este tema.
Y lo que digo respecto a la inmigración puede predicarse de casi todos los problemas más importantes que afectan a la vida de los ciudadanos: del urbanismo y la vivienda, pero también de la educación y la sanidad; de la seguridad ciudadana, pero también de la protección del medio ambiente. Ninguno de ellos tiene solución viable si no es desde la implicación activa y coordinada de todos los niveles de gobierno.
No es un problema de distribución de competencias; las competencias serán de quien corresponda en cada caso, pero los problemas son de todos. Es una cuestión de pura y simple responsabilidad política. Y si me apuráis, de lealtad constitucional.
Creo en la cooperación porque creo en la descentralización y en el reparto de poder. Y a mayor descentralización, más imprescindibles se hacen los instrumentos de cooperación y la coordinación de esfuerzos entre gobiernos.
Al Partido Popular, que nunca ha creído en el Estado de las Autonomías, le cuesta trabajo asimilar un principio esencial de la democracia: los partidos políticos compiten democráticamente entre sí para obtener la confianza de los ciudadanos, pero los Gobiernos no. Los Gobiernos administran los intereses públicos y colaboran entre sí para resolver problemas. Los Gobiernos no son instrumentos de lucha política, sino de administración de intereses públicos. Y cuando pasan las elecciones ya no hay votantes de unos o de otros, sólo hay ciudadanas y ciudadanos libres e iguales que esperan que sus gobernantes se comporten como tales.
Os diré cual es la situación en la Comunidad de Madrid. Hay una administración autonómica que gestiona con más o menos acierto los asuntos de trámite. Por encima, hay una Presidenta entregada exclusivamente a la lucha política dentro y fuera de su partido. Una Presidenta que emplea la mitad de sus energías en conspirar dentro de su partido y la otra mitad en obstaculizar la actuación del gobierno de España. En medio, un gran vacío.
No es ocioso, compañeras y compañeros, que insista en los servicios públicos si tenemos en cuenta que os hablo desde una Comunidad que está a la cola de España en gasto por habitante en sanidad y en educación. Eso sí, está en cabeza en gasto publicitario: 140 millones de euros en este año preelectoral, lo suficiente como para garantizar la gratuidad de los libros de texto en toda la escolarización obligatoria y para construir medio centenar de escuelas infantiles.
Esta Comunidad de Madrid, por su potencial y por su dinamismo económico, está en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos unos servicios públicos de calidad equiparables a los de las regiones europeas mejor dotadas. Sólo hace falta una cosa: un Gobierno autonómico que quiera hacer eso y no lo contrario.
Madrid está también en condiciones de cumplir un papel activo y positivo en el marco del Estado de las Autonomías. De trabajar por el diálogo y por la colaboración con el Gobierno de España y entre las propias Comunidades Autónomas, de subrayar los elementos de cohesión, de fortalecer la confianza y el encuentro, en lugar de agudizar los recelos y los desencuentros.
Esperanza Aguirre ha hecho mucho daño en este terreno: de la mano de los sectores más radicales de su partido ha favorecido que en muchas Comunidades de España se perciba a la Comunidad de Madrid como un ente hostil a su identidad o a sus derechos. Os aseguro, que estamos dispuestos a recuperar el terreno y el tiempo perdido. Dentro de España, Madrid ha de estar siempre en el lado de la concordia y no en el de la discordia entre los españoles.
Los socialistas queremos construir el Madrid con todos, y no el Madrid contra todos de Esperanza Aguirre y el Partido Popular.
Gobernar no es hacerle la contra a otros gobiernos, es cooperar con ellos. Gobernar no es desmantelar los servicios públicos, es reforzarlos y hacerlos funcionar con eficacia. Gobernar no es aliarse con los especuladores, es aliarse con los ciudadanos y con el interés general. Gobernar no es atacar a la sanidad pública, es garantizarla y defenderla. Gobernar no es abandonar a su suerte a los más débiles, es ayudarles y darles oportunidades de salir adelante. Gobernar no es romper las ciudades, es cuidarlas y planificar su crecimiento. Gobernar no es crear problemas, sino resolverlos.
Os aseguro que la mayoría de los ciudadanos, en Madrid y en toda España, comparte estas ideas.
Por eso son particularmente pertinentes para nosotros los lemas de esta Conferencia: Nuevos tiempos, nueva política, y Cambiamos con España.
En España, el cambio empezó en marzo de 2004, y camina a buen ritmo. En Madrid, comenzará en junio de 2007. Llegamos algo más tarde, pero llegamos a tiempo. Con ganas, con optimismo, con el respaldo de la gente. Porque vamos a ganar las elecciones en esta ciudad y en esta Comunidad. Y en la próxima Conferencia Política del Partido Socialista tendré la satisfacción de daros la bienvenida como Presidente de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.

La economía española y el mal holandés

Julio Rodríguez López

El desarrollo del turismo en España ha podido ocasionar manifestaciones del llamado 'mal holandés', según el autor. En su opinión, la sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y del 'ladrillo'

El descubrimiento, durante los años sesenta, de yacimientos de gas natural en Holanda dio lugar, tras un periodo de intenso crecimiento, a que el país sufriese una profunda desindustrialización y a que su economía resultase en exceso vulnerable a las oscilaciones del precio de exportación de ese recurso energético. Un trabajo publicado en noviembre de 2005 (J. Capó, A. Riera y J. Roselló, El desarrollo turístico como manifestación de la 'dutch disease'. El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría extenderse al conjunto de la economía española.

El desarrollo del turismo balear, sector emergente en su día, ocasionó notables revalorizaciones de la propiedad de determinados recursos naturales y también generó crecimientos destacados de la productividad en el subsector de la hostelería y la restauración. La mayor productividad, empleo y salarios pagados en dicha rama de actividad estimularon la demanda de productos de sectores menos abiertos a la competencia, como los servicios y la construcción. Estos últimos, a su vez, experimentaron importantes aumentos de precios y generaron demandas adicionales de trabajo.

El sector agroindustrial, más abierto a la competencia, sufrió un aumento de los costes de producción que no pudo trasladar a los precios de venta. Dicha circunstancia, unida a la revalorización del tipo de cambio en algunos periodos, provocó reducciones sustanciales de la actividad productiva de dichas ramas de actividad.

Las consecuencias para Baleares fueron, junto al intenso crecimiento real del PIB por habitante, un fuerte desplazamiento de la producción en favor de la actividad hotelera y de la construcción conectada con el turismo. La creciente desaparición, con la reducción de la base industrial, de una fuente importante de desarrollo del capital humano y de ganancias de productividad podría desacelerar los aumentos del PIB por habitante de la economía. La especialización productiva en actividades poco cualificadas y no sensibles al progreso técnico, junto al agotamiento de los recursos naturales y a la fuerte dependencia del turismo, pueden generar en el futuro ritmos de crecimiento mediocres.

El prolongado descenso de los tipos de interés y las constantes mejoras de las condiciones de financiación han revalorizado en España las propiedades inmobiliarias entre 1997 y 2005. Se ha mantenido un crecimiento constante, pero moderado, de la demanda de los servicios derivados del subsector de la hostelería. Los beneficios de la promoción han desplazado el ahorro hacia la inversión inmobiliaria, lo que no ha contribuido a mejorar la competitividad de los sectores productores de mercancías. Destaca un urbanismo agresivamente favorable a la construcción residencial, que no sólo no permite crear suelo para actividades productivas, sino que llega con frecuencia a desviar terrenos antes calificados como industriales hacia fines residenciales. Si a lo anterior se une la creciente competencia de los países emergentes y las intensas revalorizaciones del euro al comienzo de esta década se comprende la escasa competitividad de las exportaciones, en especial de mercancías, y la agresividad de las importaciones. El urbanismo practicado ahora en España es una fuente continua de déficit comercial.

Entre 1997 y 2005 el PIB de la economía española creció a un ritmo medio del 3,6%, punto y medio por encima de la eurozona. El PIB por habitante de España ascendía en 1997 al 80% de la UE y en 2005 se ha aproximado al 94%. La tasa de desempleo de España en el último trimestre de 1997 se elevaba al 20,1% de los activos y en el mismo periodo de 2005 había descendido hasta el 8,7%. La expansión ha estado acompañada de una continua ganancia de presencia de la inversión en construcción en el PIB, desde el 11,5% de 1997 hasta el 17,3% en 2005. La producción de mercancías (agricultura, ganadería, pesca, industria y energía) ha visto descender su participación desde el 25% de 1997 hasta el 19,3% en 2005.

En 2005 destacó el crecimiento en un 4,5% del deflactor del PIB de España, que refleja la inflación interna, y el que el deflactor de la construcción duplicase ese aumento (10,2%). La reestructuración hacia la construcción se ha advertido no sólo en la producción, sino sobre todo en la composición del crédito. La financiación inmobiliaria (promoción, compra y construcción de viviendas), que suponía en 1997 menos del 40% de la financiación al sector privado, ha subido hasta el 58% en 2005.

La sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desagrarizado y desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y de la construcción de viviendas para inversores. Se ha reforzado su proclividad a mayores ritmos de inflación, a la vista del abrigo ante la competencia de los sectores productivos ahora dominantes. Los problemas derivados del llamado mal holandés pueden llevar a que el crecimiento sea trascendente en tanto se construyan nuevas viviendas. No cabe esperar nuevos impulsos decisivos de un sector como el turístico, en el que el progreso técnico no brilla por su presencia.

Diversificar la actividad productiva, mejorar las dotaciones de servicios públicos, administrar con racionalidad y con respeto generacional los recursos naturales todavía disponibles, prestar mayor atención al equilibrio medioambiental y practicar un urbanismo en el que el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y no la maximización de los ingresos derivados del planeamiento, superando la tiranía del instante, son algunos de los retos de futuro de la economía española.

Crisis de IZAR: algunas ideas

Gregorio Gil

Mostramos, a continuación, unas pequeñas sugerencias y opiniones que pueden servir de germen a otras más extensas y detalladas que nos saquen del falso dilema: disminución de costes eliminación de trabajadores.
Deseo, en primer lugar, animar a los compañeros a mostrar soluciones alternativas para la solución de este problema, más imaginativas que las consabidas jubilaciones anticipadas de los mayores de 51 años en el caso de empresas estatales, dejando que los trabajadores de la industria auxiliar que son del orden de u 60% del total, se las apañen como puedan, independientemente de su edad. Si así sucede, tendré sumo gusto en prestar espacio de esta revista a la descripción de dichas soluciones.
No cabe duda, que la solución más simple para el que manda es el ajuste por abajo, siempre ocurre así cuando es la derecha quien gobierna, y por ello tenemos justificadas razones para esperar otro tipo de soluciones más “trabajadas” con nuestro Gobierno socialista.

1 ¿Situaciones anómalas?

Sabemos que el Gobierno francés va a inyectar dinero público, de un 25 a un 30% del capital en el debilitado grupo industrial Alsthom, propietario de los Astilleros Chantiers de L’Atlantique, en Saint Nazaire, Bretaña. La aportación supondría una cantidad superior al millón de euros.
La solución que buscó en su momento el grupo público italiano de construcción naval Fincantieri, “convenciendo”, gracias al apoyo del Gobierno, a un grupo de Bancos acreedores, que anteriormente resultaron muy favorecidos por las gestión de la financiación de la ayudas previamente concedidas, a tomar el 17% del capital de la compañía. Lo que, unido a una “generosa” contratación de los barcos militares por parte del Estado italiano, aspecto este que no está prohibido por Bruselas y que es posible mientras no tenga lugar la segregación de los astilleros militares de los civiles. ¿Sería factible algo similar en España?
En Dinamarca, el Ministerio de Economía se encuentra en conversaciones con el Danish Ship Finance Fund para contribuir con 300 millones de coronas a la ayuda a los astilleros daneses
El “liberalismo” norteamericano se manifiesta en su país del siguiente modo: la “Jonas Act” obliga a que el tráfico entre puertos estadounidenses se haga en buques estadounidenses construidos en los Estados Unidos. Se ha puesto en marcha además por la Administración norteamericana (MARAD) un plan en el que pagará para cada buque, cuya construcción haya sido aprobada, el 75% del coste real de construcción, no superando los 50 millones de dólares por buque.
En Alemania, el grupo Aker ha ganado una batalla legal que mantenía contra la Comisión europea en la Corte de Justicia europea sobre las restricciones a la capacidad de producción que pesaban sobre los astilleros reestructurados de la antigua Alemania del Este al entregar 11500 cgt en lugar de los 91000 cgt que tenía permitidos. Con la Comunidad se puede pleitear y a veces como se ve también se gana. Ya sabemos que lo más fácil es bajar los brazos, sobre todo, cuando los damnificados van a ser otros, pero ahora está gobernando el PSOE y no el PP, por eso tenemos la seguridad que veremos la diferencia.

2 Tecnología e imaginación

Sabido es que está prevista la preparación de potabilizadoras en el Levante español, que pueden ocasionar notables sobrecostos si queremos preservar el medioambiente, en especial, para la eliminación de la salmuera obtenida como subproducto del proceso de ósmosis inversa, quizá cupiera la solución alternativa de disponer las instalaciones marinas lejos de la costa aprovechando la experiencia de SEPI en la construcción de plataformas off-shore. Si se utilizan fuentes alternativas de energía como la eólica (sistemas que, por cierto, también fabrica IZAR) como suministro principal de energía pero que dada su naturaleza aleatoria, necesita de una fuente de apoyo más constante que pudiera suministrar la industria auxiliar naval que actualmente trabaja para los astilleros. Esto no lo arregla el mercado el sólo y automáticamente según, se indiqué en el artículo anterior de este blog, y esta es una de las situaciones en las que hay que corregir al mercado.
Tarde o temprano, el Gobierno deberá plantearse, teniendo en cuenta la subida del petróleo por un lado, y las exigencias medioambientales derivadas del Protocolo de Kioto, la necesidad de establecer sistemas de calefacción e incluso de refrigeración de distrito, casi inexistentes en la actualidad en España, pero muy usados en otros países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, países nórdicos etc. mediante técnicas de cogeneración y trigeneración (en el caso de climatización). Aquí cabría la utilización de motores alternativos, Diesel y turbinas de vapor y de gas que podrían descongestionar el descenso en los pedidos de la industria naval, en particular, en el caso de la industria auxiliar.
En el caso de preparación de centrales de ciclo combinado, para generación de electricidad, y adaptación de las existentes de simple ciclo, abriría la posibilidad de fabricación de nuevas turbinas de vapor y de gas, para el segundo ciclo, consiguiendose además una disminución en el CO2 emitido a la atmósfera
La reorganización de los procesos de diseño, producción y gestión relacionados con la calidad total (EFQM, Deming, y Malcolm Baldrige) con el fin de aumentar la productividad incluyendo, además, la introducción masiva de automatización de las operaciones, mediante el uso de circuitos integrados y sistemas controlados por ordenador. Debemos hacer notar que existen otras maneras más evolucionadas de rebajar los costes que echar personal a la calle, si bien requieren conocimientos, experiencia, mentalización y determinación.
¿Es realmente más barato construir potabilizadoras en las Islas Canarias y Baleares que transportar agua potable en buques cisterna, se han hecho estos estudios comparados al respecto?

3 Política Fiscal

Muchas de las actividades que se realizan hasta llegar a la construcción final de un buque podrían ser consideradas actividades de I+D+I, con el cambio que ello supondría desde el punto de vista de la consideración de ayudas del Estado [Reglas y Convenciones OCDE(gp (94)(84)(Manual de Frascati) UE (COM 96/C, 45/06, y Reg 1540/98]
Muchas de las modificaciones de diseño de buques podrían conseguir la consideración de prototipos, realmente es así, pudiendo caer dentro de los planes de I+D determinados al efecto.
Existen naciones, como Alemania, que proporciona facilidades fiscales al pequeño inversor que invierte en empresas navales, posibilidad que no existe en España.
Todas estas cuestiones y algunas más pueden y deben ser desarrolladas con mayor detalle, nos abren las puertas a soluciones distintas a la consabida de mandar a los trabadores a su casa.
Si los negociadores y gestores con los que contamos no están capacitados para discutir o negociar estas cuestiones, parece más sensato y justo cambiarlos, antes de empezar a despedir trabajadores de forma más o menos encubierta.
Si tenemos tiempo suficiente, prometemos exponer con mayor detalle, en esta revista, algunas de estas cuestiones, si bien, espero de nuestra administración la “cintura” suficiente para trabajar en alguna de las direcciones comentadas. Si así lo hacen nuestro esfuerzo habrá merecido la pena. La existencia de nuevo de un Ministerio de Industria, pensamos puede favorecer mucho las cosas, siempre que se le proporcione el poder coordinador adecuado, ese ha sido otro acierto mas de nuestro Gobierno y no dudamos que nuestro Presidente cumplirá su palabra como lo ha hecho en todas las ocasiones en que la ha empeñado, pasando por encima de los repartos mezquinos de poder, que a veces se dan en la Administración. Existe quizás una disfuncionalidad en la SEPI, dependiente de Economía, que la hace poco considerada a los argumentos tecnológicos, de mucho peso, en este caso.
Debería realizarse un estudio técnico-economico detallado y rápido, de las políticas tecnológicas seguidas por Corea y Japón para el desarrollo pujante de sus astilleros, algo, sin duda, podremos aprender y luego implantar en lugar de seguir haciendo de cirujanos.
Seguir estructurando nuestra industria con criterios exclusivos de ahorro de costes de personal, conducirá indefectiblemente a una desindustrialización masiva del pais.

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Algunas consecuencias de la globalización

Gregorio Gil

Se presenta, a continuación, un resumen de las ideas expuestas en el libro “Globalización y sus descontentos” de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el 2001, pensamos que estas resultan de mucho interés en los tiempos actuales, veremos a lo largo del artículo que las cosas no son tan simples ni tan irremediables como algunos pretenden hacernos creer.

1 PRIVATIZACIÓN

Se acostumbra a decir que el rendimiento de las empresas privadas resulta “siempre” superior al de las empresas públicas, aun cuando sobre esto habría mucho que discutir, ya que ello dependería del sector elegido, de las organizaciones de dirección y gestión en uno y otro caso y de la fase en que se encontrara el producto con respecto al ciclo de maduración del mismo.
Tampoco puede olvidarse que el modo en el que se realice esta privatización resulta de enorme importancia, hasta el punto de que ,en muchos casos, puede llegar a absorber esa pretendida ventaja de la privatización, convirtiéndola finalmente en algo negativo para la sociedad.
Existen importantes condiciones, previas a la privatización, que deberían ser satisfechas para poder conseguirse finalmente las ventajas que podrían alcanzarse mediante este proceso, si a estas circunstancias no se les presta la atención debida, al final la situación puede resultar mucho peor, socialmente, que la de partida.
Se comete, a menudo, el error de pensar que al llevarse a efecto una privatización, el mercado por sí solo y rápidamente será capaz de cubrir cualquier desajuste. Olvidándonos del hecho de que muchas actividades estatales surgen de la incapacidad de los mercados para facilitar ciertos servicios o industrias esenciales.
Citaremos un caso que puede resultarnos “familiar” en España, en Costa de Marfil la compañía telefónica fue privatizada, como pasa tantas veces, antes de establecer un marco regulatorio adecuado o un mercado competitivo. La empresa francesa que compró los activos estatales persuadió al Gobierno, para que le concediera un monopolio no sólo sobre los servicios telefónicos clásicos sino también sobre los nuevos servicios celulares. Como resultado de todo ello, la empresa privada subió tanto las tarifas que, por ejemplo, los estudiantes universitarios, y las clases más desfavorecidas no podían acceder a Internet, algo que resulta esencial para impedir que la ya acusada desigualdad entre ricos y pobres se acentúe todavía más. Recordamos al respecto, que las tarifas de enganche a Internet en España están entre las más elevadas de Europa.
El FMI y los Gobiernos que siguen ciegamente sus directrices indican que lo importante es realizar rápidamente la privatización y que más adelante, llegará el momento de la regulación y de la competencia.. El peligro de esta recomendación y de su secuencia y velocidad de aplicación estriba en que una vez creado un grupo de interés, éste cuenta ya con el incentivo y el dinero para mantener su posición monopolista recién conquistada, lo que le permite paralizar las regulaciones previstas y la posibilidad de competencia, distorsionando de ese modo el proceso político.
Estas privatizaciones apresuradas permiten una mayor recogida de fondos por parte del Estado y lamentablemente también de algunos de sus gestores, no pocos grandes empresarios corruptos han surgido también de este tipo de operaciones.
Por todo ello, ocurre frecuentemente, que los monopolios privatizados son, menos eficientes que los no privatizados dándose el caso de que es el cliente quien sufre finalmente las consecuencias al experimentar una elevación de los precios. Podemos decir sin temor a equivocarnos que estas privatizaciones se realizan a costa de los consumidores y de los trabajadores, en estos aumentos de eficiencia hay factores que sencillamente ni se tienen en cuenta como es el caso del paro generado, son costes sociales que las empresas privadas simplemente no tienen en cuenta. Si la protección del desempleo es mínima, los empresarios pueden despedir trabajadores con un coste mínimo o nulo. La privatización ha sido muy criticada, ya que sucede al revés de lo que ocurre con las empresas Greenfield, en que se invierte creando empresas nuevas, en vez de permitir que los inversores compren las empresas ya existentes, o aprovechen los solares liberados en otros usos.
Los trabajadores en paro no se convierten en una carga pública directa demasiado importante una vez finaliza el periodo que da derecho al subsidio de desempleo, aunque sí se generan grandes costes sociales, violencia urbana, más delincuencia y perturbaciones sociales y políticas e injusticia social. El paro suscita inquietud incluso dentro de los que han conseguido mantener su empleo. Este tipo de molestias sociales: sensación generalizada de alienación, cargas financieras adicionales sobre el resto de la familia, desescolarizacion de la población más joven dependiente etc, pueden perdurar durante mucho tiempo, dejando una huella indeleble en la sociedad durante varias generaciones.
Las empresas locales y nacionales pueden estar algo más en sintonía con el contexto social y ser renuentes a despedir trabajadores si saben que no hay empleos alternativos disponibles.
Los empresarios extranjeros, pueden sentirse, por el contrario, más comprometidos con sus accionistas y con la maximización del valor de la acción, mediante una visión menos global de la reducción de costes, sintiéndose menos obligados con lo que se define como plantillas infladas.
Muchas veces resulta importante reestructurar empresas públicas y la privatización es una de las formas de realizarlo, pero desplazar trabajadores desde empleos poco productivos al paro no incrementa la renta nacional del país y mucho menos el bienestar de los trabajadores despedidos.
La privatización debe formar parte de un programa más amplio que implique la creación de empleo simultáneamente a la destrucción del mismo generado por las privatizaciones. Deberían ponerse en práctica, además, políticas económicas centradas en bajos tipos de interés, que favorezcan la creación de empleo, sin discrimaciones de sexo o edad.
El tiempo y la secuencia de implantación de las privatizaciones resultan esenciales y en su inadecuada implantación existe siempre un trasfondo de falta de principios éticos.
Ligado al fenómeno de la privatización está el de la corrupción, La retórica de los fundamentalistas del mercado dice que la privatización reducirá la búsqueda de rentas por parte de los funcionarios de alto nivel, que consiste en quedarse con una parte de los beneficios de la empresa, o bien concediendo trabajos subcontratados y/o empleos a sus amigos.
Pero al contrario de lo que se pensaba solucionar, la privatización puede llevar a la “sobornización”. Si una administración es corrupta, existen pocas posibilidades de que las privatizaciones resuelvan algún problema, ya que lo lógico es pensar que el mismo Gobierno que llevó a esa empresa a una solución calamitosa no tiene por qué ser el idóneo para llevar a cabo el proceso de privatización. Los altos funcionarios de muchos países se han dado cuenta de que no tienen por qué limitarse a una apropiación de los beneficios anuales de las empresas estatales, cuando pueden conseguir, si venden una empresa por debajo de su valor de mercado, una parte significativa del valor del activo, en lugar de dejarlo a las administraciones siguientes que pudieran incluso ser dirigidas por un partido político rival. De hecho pueden conseguir sustraer hoy una parte de lo que podrían llegar a apropiarse los políticos futuros. Se controla, después, el proceso de privatización de forma que se maximice lo que algunos funcionarios del Gobierno pueden llevarse a su casa y no lo que se podría aportar al Tesoro Público, y aún menos lo que necesitaría la eficiencia general de la economía, Rusia presenta un caso paradigmático de la privatización a toda costa.
Sin las adecuadas estructuras legales e institucionales del mercado los nuevos propietarios pueden tener incentivos para liquidar sus activos más que para utilizarlos como una base sobre la que extender la industria estratégica de carácter estatal o regional.
Las privatizaciones según el modo en que se lleven a la práctica pueden estar asociadas, por lo tanto, con la decadencia económica, creando así un argumento que mina irreversiblemente la confianza en las instituciones democráticas y de mercado.

2 LIBERALIZACIÓN

La liberalización o supresión de las interferencias públicas en los mercados financieros y de capitales y de las barreras al comercio presentan múltiples facetas. La liberación de los mercados financieros y de capitales pueden traer consigo unos efectos devastadores en los pequeños países emergentes.
En el caso de la liberalización comercial existe un mayor consenso a favor de la misma, al menos entre las élites dirigentes a pesar de las ultimas manifestaciones organizadas en Seattle, Praga y Washington.
Se argumenta que la liberalización del comercio expande la renta de un país porque desplaza empleos poco productivos a otros más productivos, fruto de la llamada ventaja comparativa. Sin embargo, si dentro de una nación lo que conseguimos es lanzar a trabajadores de empleos poco productivos al paro, no estaremos precisamente enriqueciendo a ese país.
Destruir empleos es sencillo y eso es algo que se consigue fácilmente cuando se liberaliza el comercio, cuando las industrias autóctonas tienen que cerrar ante el empuje de la competencia internacional.
Se suele argumentar que se crearán nuevos empleos y más productivos a medida que se eliminen los viejos e ineficientes, pero esto sencillamente no es cierto y pocos han creído en la creación “instantánea” de los puestos de trabajo al menos desde la Gran Depresión americana.
La creación de nuevas empresas y empleos requiere capital y espíritu emprendedor, y en los países y regiones en desarrollo suele escasear el segundo, les falta una clase bancaria que asuma el riesgo empresarial en el primer caso, y existen defectos en el sistema educativo en el segundo. Por todo lo anterior, muchas veces los programas de austeridad terminan desembocando en programas de austeridad con altos tipos de interés lo que hace casi imposible la creación de empleos aun cuando nos encontremos en un ambiente económico propicio, ya que el capital necesario para conseguir el crecimiento resulta prohibitivamente caro.
Por todo ello, la liberalización comercial incumple muy a menudo sus promesas y conduce a más paro lo que hace que tenga opositores enérgicos. La hipocresía de muchos de quienes propician la liberalización comercial y la forma en que la han realizado, ha reforzado la hostilidad creciente de la sociedad hacia dicha liberalización.
Occidente animó a la liberalización comercial de los productos que exportaba, pero siguió protegiendo a la vez los sectores en los que la competencia de los países en desarrollo podía amenazar su economía (ronda de Seattle). Los negociadores de los países desarrollados mantuvieron subsidios a los productos agrícolas y cerraron los mercados de estos bienes junto con los textiles, en los que los países en vías de desarrollo tenían una ventaja competitiva.
Algo análogo sucedió en la Ronda de Uruguay, donde se abrieron los mercados de los servicios financieros y de la tecnología de la información, pero no así para los marítimos y de construcción donde los países subdesarrollados tenían una pequeña ventaja competitiva.
Si la prematura y mal llevada liberalización comercial ha resultado nociva para los países subdesarrollados, en muchos sentidos la liberalización del mercado de capitales ha resultado aun peor. Las empresas no acometen inversiones a largo plazo con unos fondos que pueden ser retirados en un abrir y cerrar de ojos. Las inversiones procedentes de inversiones especulativas a muy corto plazo suponen siempre un alto riesgo en ese sentido.
Cuando el FMI y los Gobiernos que siguen sus directrices, defendían la liberalización del mercado de capitales recurriendo a un razonamiento simplista: los mercados libres son más eficientes, y a una mayor eficiencia corresponde un mayor crecimiento, afirman también que sin la liberalización los países no podrían atraer capital extranjero y en especial inversión directa. Sin embargo, China ha demostrado que la liberalización del mercado de capitales no era necesaria para conseguir atraer fondos, dada la elevada tasa de ahorro del Este asiático.
La liberalización, en especial, cuando es acometida prematuramente, antes del establecimiento de unas instituciones financieras sólidas provoca inestabilidad. La inestabilidad no sólo conspira contra el crecimiento económico sino que los costes de la inestabilidad son desproporcionadamente soportados por los más pobres, aspecto éste que nos debería hacer reflexionar a todos.

3 LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El Consenso de Washington arguye que el crecimiento tiene lugar merced a la liberalización que elimina trabas en los mercados. Se supone que la privatización, liberalización y macroestabilidad generan un clima que atrae la inversión, incluida la extranjera.
Las empresas extranjeras aportan conocimientos técnicos y acceso a los mercados exteriores abriendo nuevas posibilidades para el empleo. Estas empresas cuentan además con acceso a fuentes de financiación, aspecto especialmente importante en los países subdesarrollados con instituciones financieras débiles.
Existen, sin embargo, algunos aspectos negativos reales, ya que cuando llegan las inversiones extranjeras destruyen a los competidores locales, frustrando las ambiciones de los pequeños empresarios locales existentes y potenciales, que aspiraban a animar a la industria nacional.
En ausencia de leyes estrictas sobre la competencia y de una aplicación efectiva de las mismas, una vez la empresa internacional consigue expulsar del mercado a los competidores locales, empleará posteriormente todo su poder monopolista para subir los precios.
Parte de lo que está en juego es una cuestión de dinero, muchos de los empresarios locales aducen que si se les da tiempo podrán adaptarse, responder a la competencia y producir bienes de forma eficiente. Mantener a las empresas nacionales, pensamos, que es importante para fortalecer a nuestra comunidad, económica y socialmente. El problema, en ocasiones, es que las políticas inicialmente presentadas como protección temporal frente a la competencia foránea terminan muchas veces transformándose en permanentes.
Es fácil crear bancos sólidos que no pierdan dinero debido a concesiones inadecuadas de préstamos, simplemente bastará exigirles que inviertan en Letras del Tesoro norteamericano. Pero el desafío no es crear bancos solventes, sino que estos sean capaces de facilitar créditos para que las empresas crezcan y se creen otras nuevas.
En Argentina se ha demostrado que no hacerlo puede dar lugar a macroinestabilidad, la falta de crecimiento ha acumulado crecientes déficit fiscales, como el FMI ha recomendado recortes en los gastos y subidas de impuestos, se ha puesto en marcha así un círculo vicioso infernal de recesión económica y agitación social.
En muchos casos, la corrupción ha engrasado las ruedas en perjuicio del pueblo. En Pakistán el Banco Mundial estimuló acuerdos con el sector privado incluyendo cláusulas por las que el Estado se comprometía a comprar grandes cantidades de electricidad a precios muy elevados (cláusulas de acuerdo firme de compra). El sector privado se llevaba, de ese modo, los beneficios y el Estado asumía el riesgo. Cuando el Gobierno corrupto fue derrocado, la administración estadounidense presionó al gobierno entrante para que cumpliera los contratos y no suspendieran los pagos. Hay una larga historia de contratos injustos cuyo cumplimiento ha sido forzado finalmente por las autoridades occidentales.
La inversión extranjera florece, a menudo, únicamente gracias a privilegios especiales arrancados a los estados. Esos privilegios, con frecuencia, son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del gobierno. De forma, que puede decirse que la inversión extranjera directa, en muchos casos, suele llegar al precio de socavar los procesos democráticos. Esto último resulta particularmente cierto en las inversiones en minería, petróleo y otros recursos naturales donde los extranjeros tienen un incentivo real para obtener concesiones a precios muy bajos. Por todas estas cuestiones y otros efectos adversos las inversiones extranjeras, a menudo, no promueven el crecimiento.
De hecho, la entrada de recursos puede a veces bloquear el desarrollo, mediante un mecanismo denominado “enfermedad holandesa”, las entradas de capital llevan a una apreciación de la moneda autóctona. Lo que abarata las importaciones, encareciendo las exportaciones, lo que termina erosionando finalmente a la economía exportadora nacional.
La disponibilidad de recursos naturales por parte de una nación puede llegar a alterar los incentivos al desarrollo, ya que más que asignar energía a crear riqueza, los esfuerzos se orientan a la apropiación de ingresos vinculados a los recursos naturales.
Las instituciones financieras internacionales han tendido a desdeñar los problemas que se indican, y sus consejos para crear empleo se han limitado a la eliminación de la intervención pública, todo ello acompañado por una reducción de impuestos, contención de la inflación e invitaciones de entrada a los empresarios extranjeros. En cierto modo, no se trataba de otra cosa que la manifestación de una mentalidad colonial. De forma que para lograr su desarrollo el país pasaba a depender cada vez más de los extranjeros para conseguir nuevos empresarios, haciendo caso omiso del éxito espectacular de Corea y Japón en los que la inversión foránea no cumplió papel alguno, lo que facilitó su acceso a nuevos mercados y tecnologías.

4 SECUENCIA Y VELOCIDAD DE IMPLANTACION

Este ha sido el desatino más importante cometido por el FMI y algunos Gobiernos que le secundaron, mostrando así su falta de sensibilidad ante los grandes problemas sociales, y forzando la liberalización antes de instalar redes de seguridad y un marco regulador adecuado, de modo que los países pudieran resistir las consecuencias adversas de los cambios súbitos de los mercados que son parte esencial del capitalismo moderno. Promovieron políticas que destruían empleos antes de sentar las bases para la creación de nuevos puestos de trabajo, forzando las privatizaciones antes de que existieran los marcos adecuados de regulación de la competencia.
Este tipo de errores se halla siempre ligado a los seguidores del fundamentalismo del mercado más conocidos como “turbo liberales”.
Tras la ideología del libre mercado hay un modelo, que suele ser atribuido a Adam Smith, según el cual las fuerzas del mercado dirigen la economía hacia resultados eficientes como si fueran conducidos por una mano invisible, sin embargo, uno de los grandes logros de la economía moderna es haber mostrado el sentido y las condiciones bajo las cuales la conclusión de Smith es correcta, pero es el caso es que tales condiciones son, de hecho, sumamente restrictivas. [Greenwald y Stiglitz].
Los avances más recientes de la teoría económica han probado que cuando la información es imperfecta y los mercados incompletos (es decir, casi siempre), la mano invisible funciona de un modo muy deficiente, y lo cierto es que las intervenciones estatales en estos casos, casi siempre, pueden mejorar la eficiencia del mercado, hasta el punto de que muchas de las actividades fundamentales del Estado pueden ser entendidas como una respuesta a los fallos del mercado.
Si la información fuera perfecta, cosa que no ocurre casi nunca, los estados casi no tendrían un papel que cumplir o sería muy pequeño como el de la regulación del mercado financiero. Si la competencia fuera perfecta, no quedaría lugar para las autoridades antimonopolio.
Sin embargo, muchas de las políticas seguidas por los gobiernos liberales se fundan en un modelo simplista de la economía de mercado, el modelo de equilibrio competitivo, en el cual la mano invisible opera y según ellos lo hace a la perfección. Con este modelo el Estado no es necesario ya que los mercados libres y sin trabas funcionan perfectamente. Estas políticas son a veces llamadas neoliberales o de fundamentalismo del mercado, las políticas del “laissez faire” fueron muy populares en el siglo XIX. Los socialistas deberíamos combatir activamente este enfoque, reaccionando ante su difusión masiva a través de numerosos medios de comunicación.
La teoría nos dice, que una economía del mercado eficiente requiere que todos sus supuestos se cumplan, de forma que una modificación en un sector sin reformar otros, puede de hecho empeorar las cosas en la sociedad. Nos estamos enfrentando al problema de la secuencia de actuación. La ideología ultraliberal que desprecia estos asuntos y aconseja simplemente moverse hacia una economía de mercado lo más rápido que se pueda, pero la teoría y la historia económica demuestran el desastre que se puede generar, si se desdeña la importancia de la secuencia y velocidad de actuación.
Algunos de los errores relacionados con la liberalización comercial y financiera, así como la privatización, son errores de secuencia de gran magnitud, aún cuando estos errores apenas sean noticia en los periódicos occidentales. Así se van generando tragedias cotidianas por las políticas seguidas por algunos gobiernos ultraliberales que afectan a los desesperados pobres del mundo, el Estado se retira rápidamente de ciertas actividades y es muy posible que no se creen nuevos empresarios a suficiente velocidad, quedando la economía en manos de mafiosos y políticos con pocos escrúpulos que así prosperan notablemente, y que por supuesto son fervientes partidarios de este tipo de comportamiento económico.
En muchos casos si se hubiera respetado una secuencia y velocidad apropiadas se hubieran conseguido aumentos de eficiencia sin arrastrar grandes costes sociales. En muchos países ello supone un retraso considerable a su desarrollo, al corroer innecesariamente el tejido social.
Los desórdenes sociales no son sino la punta del iceberg que llama la atención sobre el asunto de que los marcos sociales y políticos no pueden ser pasados por alto, siendo el desencanto político y la abstención su consecuencia.
Puede que una inflación moderada no sea el ideal para crear un ámbito propicio a la inversión, pero la injusticia social, la violencia y las contiendas civiles lo son aún menos.
Hoy reconocemos que existe un “contrato social” que vincula a los ciudadanos entre sí y a estos con su Estado. Cuando un Gobierno hace dejación de su contrato social, los ciudadanos pueden dejar de cumplir como consecuencia sus contratos de reciprocidad con el Gobierno.
En los cuidadosos cálculos de la macroeconomía realizados por el FMI y los Gobiernos que siguen sus directrices no hay sitio, hasta la fecha, para tales inquietudes.

5 ECONOMIA DE LA FILTRACIÓN

Esta economía preconiza que cuando existe crecimiento, su beneficio termina llegando inexorablemente a través de las rendijas hasta a los más pobres. Por tanto, los defensores de esta política económica declaran que, es suficiente procurar el crecimiento, ya que el beneficio llegará hasta los pobres indefectiblemente.
Aunque es verdad que no es posible realizar reducciones sostenidas de la pobreza, sin un fuerte crecimiento económico, lo contrario no es cierto, ya que el crecimiento no beneficia necesariamente a todos. “Aun cuando la subida de la marea eleva a todos los barcos, cuando ésta lo hace a demasiada velocidad, arroja a muchos de ellos contra la orilla hechos añicos”. Esta política de la filtración tuvo su apoyo intelectual en dos premios Nobel:
· Arthur Lewis indicó que la desigualdad era buena para el desarrollo y el crecimiento económico, porque los ricos ahorran más que los pobres y la clave del crecimiento reside la acumulación de capital..
· Simon Kuznets que en los estados iniciales la desigualdad crecía pero que esta tendencia se invertía posteriormente.
La historia económica en los últimos 50 años no ha confirmado esta teoría, los países del Este asiático han probado todo lo contrario, ya que un ahorro elevado no exige una elevada desigualdad y un crecimiento rápido puede ser alcanzado sin una elevación de la desigualdad. Sus Gobiernos nunca creyeron que el crecimiento beneficiaría de modo automático a los pobres y, por el contrario, que una mayor igualdad promovería de hecho un mayor crecimiento impulsando medidas activas de modo que el crecimiento consiguiera reflotar a TODOS los barcos. El recurso a las mejores reservas de talento de la población mediante la promoción de la igualdad, sin distinción de sexos, edad, religión etc., aportó la energía y capacidad humana para conseguir el dinamismo de esas naciones.
Por el contrario, donde se siguieron las políticas del Consenso de Washington, los pobres se beneficiaron mucho menos del crecimiento. En América Latina, el crecimiento no vino acompañado de la disminución de la desigualdad y de la pobreza. De hecho, en algunos casos la pobreza aumentó, repercutiendo negativamente sobre todo en la Educación y la Sanidad.

6 PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS

Debemos prestar especial atención, por tanto, no sólo a lo que propone el FMI y algunos Gobiernos que siguen fielmente sus directrices, sino también a lo que excluye. La fiscalidad siempre está en su agenda, pero no la reforma agraria; hay dinero para acudir en rescate de los bancos, pero no lo hay para la sanidad y la educación, y mucho menos para acudir en auxilio de las personas a quienes ha alcanzado el paro, carecen ya de seguro de desempleo y no consiguen trabajo, como resultado de la mala gestión macroeconómica seguida por el FMI o el Gobierno correspondiente..
La reforma agraria y la eliminación del paro comporta un cambio fundamental en la estructura de la sociedad, no necesariamente del agrado de la élite que puebla algunos Ministerios de Hacienda de ciertos países con la cual interactúan estrechamente las Instituciones Financieras Internacionales, si estas Instituciones Internacionales estuvieran verdaderamente preocupadas por el crecimiento y el alivio de la pobreza, prestarían mucha más atención a estos temas.
Otro aspecto, a menudo olvidado, ha sido el de la regulación del sector financiero, aunque se incida en la política fiscal y en la monetaria. Si se presta un interés excesivo y lo que es peor exclusivo a la inflación, se llega a las altas tasas de interés que terminan creando más paro y falta de crecimiento.
Los mercados financieros pueden estar muy satisfechos con una inflación reducida, pero los trabajadores y los preocupados realmente por el problema de la pobreza no estarán contentos con un crecimiento débil y un desempleo elevado.
No se trata ya de admitir el crecimiento o no, sino discutir en torno a las políticas seguidas para conseguir el mismo.

7 ¿LA UNICA POLITICA ECONOMICA POSIBLE?

Algunas políticas promueven el crecimiento pero apenas tienen efecto sobre la pobreza, otras fomentan el crecimiento pero de hecho aumentan la pobreza, y otras finalmente consiguen el crecimiento y además reducen la pobreza.
En algunos casos, corresponde a un juego en el que todos ganan como ocurre en la inversiones de la reforma agraria y de un mejor acceso a la educación de los pobres que promueven un mayor crecimiento de la igualdad.
En otros casos, pueden darse juegos en el que pierden casi todos, la liberalización comercial puede fomentar a veces el crecimiento, pero al mismo tiempo al menos a corto plazo extenderá a pobreza sobre todo si realiza a gran velocidad.
Hay ocasiones en que se practican políticas en las que todos pierden que es la que se da en el caso de liberalización incontrolada del mercado financiero no promoviendo el crecimiento pero sí extendiendo notablemente la desigualdad.
La conocida flexibilización del mercado laboral no significa sino que el FMI y los Gobiernos que siguen sus consejos, tratan de conseguir una expresión eufemística que esconde el intento de alcanzar salarios más reducidos y menor protección laboral. El caso extremo se consigue cuando los trabajadores son inmigrantes ilegales, carentes por tanto de cualquier fuerza negociadora ante el empresario que le contrata.
No todas las políticas seguidas por el FMI era previsible que tuvieran ese mal resultado sobre los pobres, pero el hecho es que así ha ocurrido y se debe reaccionar:

• La liberalización comercial acompañada por unos altos tipos de interés es una receta prácticamente infalible para la destrucción del empleo creando desarrollo a expensas de los pobres.

• La liberalización del mercado financiero no acompañado por un marco regulatorio adecuado, es una receta segura para caminar hacia la inestabilidad económica que puede llevar finalmente a una elevación de tipos de interés.
• La privatización, sin políticas de competencia y vigilancia de la misma que impidan los abusos de los poderes monopolistas, puede conducir inexorablemente a una elevación de precios, de eso algo sabemos en España
• La austeridad fiscal perseguida de modo ciegamente integrista puede finalizar con mucho más paro y finalización de contrato social.

El FMI subestimó la influencia de estas políticas sobre los pobres y esquilmó a las clases medias, enriqueciendo tan sólo a un puñado de opulentos, sobreestimando además las ventajas de sus políticas fundamentalistas de mercado.
La teoría económica moderna, en particular la información asimétrica y los mercados incompletos, incluso en el caso de mercados muy competitivos como los laborales, ha conseguido explicar que el paro puede persistir de modo indefinido, y el argumento de que el paro es generado por los sindicatos es sencillamente falso.
El Estado por lo tanto tiene un papel relevante en la economía, y no sólo debe diseñar las políticas, sino las secuencias y velocidades de implantación de las mismas. La esencia de la libertad es el derecho a elegir aceptando cada Gobierno la responsabilidad correspondiente.

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