La Justicia, la Democracia y Garzón

Alfredo Carralero*

Resumen: en el presente artículo se analiza que una parte de la judicatura sintoniza con los planteamientos de la ultraderecha y utiliza la figura de Garzón como “cabeza de turco” pues ve que algunas de sus actuaciones: Memoria Histórica, lucha contra la delincuencia económica, los paraísos fiscales, en pro de la Justicia Universal, y atenta contra los intereses vitales de las clases dirigentes. El alumbrar las zonas de penumbra en las que se urden los manejos de los poderosos, es ensanchar la democracia real y las clases dirigentes lo perciben como incompatible con su “status” real. Es por el mismo motivo, que viven como un ataque real la ley de la Memoria Histórica y el poner en duda el relato “canónico” de la Transición.

Independientemente de lo que se piense, sobre la figura del Juez Garzón, lo que parece cierto es que estamos asistiendo a la apertura de un nuevo frente por el que se ha lanzado en tromba la derecha jurídica a atacar los postulados de justicia, progreso y democracia. Por cierto, estos elementos no han dejado de hacer lo mismo desde los ya lejanos tiempos de la Transición. En efecto, una parte de la Judicatura y el aparato judicial se ha convertido en el ariete de la ultraderecha y de los valores más reaccionarios y rancios de la sociedad española y ello fundamentalmente por dos motivos: por historia y por procedencia social.

Por historia, porque hasta no hace mucho tiempo la judicatura servía exclusivamente para disciplinar a las masas cuando éstas pretendían dejar de ser meras comparsas de la Historia y decidían erigirse en protagonistas o poner en peligro el sacrosanto principio de la propiedad. El otro cometido básico que se asignaba la justicia, era el ser mediador en los litigios de propiedad de los poderosos: herencias y temas similares, esto siguió siendo así hasta mediados de los setenta del pasado siglo. Estos eran pues los cometidos que se había marcado a la judicatura, como una de las clases dirigentes en defensa de los privilegios e intereses del conjunto de estas clases sociales. Tras la eclosión del uso de la Justicia, de una forma masiva, en los dichos años setenta, por una sociedad más dinámica, hizo que la judicatura en vez de plantearse convertir la Justicia en un eficiente servicio público, ven con fastidio el problema de la clasificación y lo viven como una agresión a su santa siesta de procedimiento decimonónico: atacan el jurado, se oponen a que ingresen mas jueces por el cuarto turno, impiden los procesos de modernización y racionalización con fútiles argumentos garantistas (recuérdese el reciente problema de los secretarios de juzgado).

Y lo que es más grave, la judialización de la vida pública, les convierte “de facto” en los árbitros de la vida política. Solo en ese sentido se puede entender la expectación ante el fallo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La judialización de la política, fue un terrible gol que la derecha marcó a los constituyentes: los Peces Barba, Solé Tura y otros se lo dejaron marcar con total candor a pesar de una experiencia histórica muy conocida: en la República de Weimar, los jueces de la ultraderecha prusiana, boicotearon a nivel legal todos los intentos de la socialdemocracia por convertir a Alemania en un país democrático, de conseguir salir de la crisis económica terrible en que se encontraban. Con todo esto sin duda fueron otro de los estamentos junto con el Ejército que allanaron el camino al poder a Adolfo Hitler.

¿Y por qué éstas reflexiones?, porque el brutal ataque al juez Garzón tiene componentes de todo tipo, pero hay uno fundamental: la ocultación a la ciudadanía de las actividades de las clases dirigentes en el que luego ahondaremos. Pero el ataque es terriblemente cínico, hablando de Botín como “patrón” y “comprador” de la voluntad de Garzón. ¿Creen que se nos ha olvidado la doctrina “Botín” que impuso el Supremo?. Con ella, se quiso cortar de raíz iniciativas populares de justicia frente a los verdaderamente poderosos, y los jueces del Supremo, esos sí, favorecieron a Botín, negando la legitimidad de la iniciativa popular en la denuncia de los turbios delitos económicos en que supuestamente estaba metido Botín.

Pero quizá el tema que hizo saltar todas las alarmas de la ultraderecha, fue el auto del juez Garzón dirigido a juzgar a los generales golpistas de 1936. Auto con fuerte carga simbólica si se quiere, pero carente de importancia practica pues todos los posibles inculpados habían fallecido ya hacía tiempo.

¿Entonces por qué éste ataque fulminante?. Aparte del cinismo de plantear que Garzón prevarica, porque la ley de Amnistía, anterior a la Constitución hizo inexistentes los delitos del fascismo, que el auto comenzaba a enjuiciar. Todo ello sin entrar a considerar los nuevos derroteros del Derecho Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad. Lo cierto es que la ultraderecha vive la ley de la Memoria, como un ataque frontal a su “status quo” y su hegemonía actual, como si se pretendiera reescribir la historia y ésta vez sí, derrotarla. Porque, lo cierto es que la derecha fue la triunfadora clara de la Transición.

Pero vayamos por partes, la caída del régimen fascista no se produjo por más que machaconamente se nos diga por la “audacia” de Suárez o la “valentía” del Rey, estos dos “pilotos de la Transición”, vivían cada día con el sobresalto de si sería el día en que los fascistas les meterían en un avión y les echarían de España, o más expeditivamente, los más exaltados les pondrían contra un paredón por “traidores”.

No, la ruptura hasta dónde fue posible, la hicieron las masas con sus entonces gigantescas movilizaciones y huelgas. El tributo de sangre fue enorme, las razias de las policías paralelas, los “disparos al aire” siempre con muertos. El pueblo pasa a ser el protagonista de la historia de España como en pocos momentos lo ha sido, el final de los años setenta, junto con 1931 y 1936, la II República y el comienzo de la Guerra Civil, es cuando las masas exigen el protagonismo que les corresponde y exigen realmente libertad y democracia.

Y la derecha se aterroriza: el pueblo movilizado exigiendo democracia real es incompatible con su dominación real. Y empiezan a maniobrar para desmovilizar a las masas, ¿se acuerdan Uds. de lo que de inmediato se vino a denominar “el desencanto”, pues eso. La Constitución prohíbe expresamente la huelga de solidaridad, fundamental arma de las clases populares. En la Constitución y en las leyes posteriores se define un sistema electoral mayoritario, que impide las iniciativas electorales y desanima a la participación. Cuesta tanto ser elegido en una lista electoral que solo le es posible realizarlo a grandes organizaciones, por otra parte las listas electorales son cerradas y bloqueadas lo que hace que son los dirigentes de los partidos los que deciden a quien y en qué lugar se vota, sin ninguna intervención de la ciudadanía. Como se ve se define un régimen político en que se desea que la única participación de los ciudadanos sea para votar cada cuatro años, en un sistema configurado como bipartidista: liberales y conservadores, y además no es preciso que voten todos. Como se ve una estupenda reedición del periodo de la Restauración; y cuando fue necesario se recurrió a la “Razón de Estado” con el fin de sustraer de la opinión pública temas inconvenientes o vidriosos: la actuación de las policías secretas, las relaciones Iglesia Estado, la adscripción a la OTAN, etc.

Porque en esencia éste es el quid de la cuestión, de todas las cuestiones: mantener en las penumbras los manejos políticos, económicos y personales de las clases dirigentes, pues es en esa penumbra en donde se cocinan todas las medidas contrarias a los intereses populares y que no se pueden confesar abiertamente pues supondría que se verían con claridad sus intenciones. ¿Qué otra cosa, sino significa términos tan machaconamente repetidos hoy en día como: reducción del déficit o abordar la necesaria reforma del mercado de trabajo? traducción: acabar con el gasto social y hacer el despido no ya libre, sino gratuito.

Y éste, sí es el pecado del Juez Garzón pretender que la justicia ilumine las zonas oscuras de la “Razón de Estado” y sus tenebrosos tentáculos de las policías secretas, conseguir que se discuta públicamente de los inconfesables negocios de las clases dirigentes o los grupos mafiosos, ¿Porque, en qué paraíso fiscal terminan unos y comienzan otros?.

Y finalmente, como osa Garzón poner en duda el relato “canónico” de la Transición que primero pretende dar dignidad a los asesinados por el fascismo, pero eventualmente rehacer la historia de una nueva Transición en beneficio de las clases populares.

¿Cómo se puede permitir que los amos del mundo y sus sicarios estén sometidos a la justicia ordinaria?. Detener al pobre Pinochet, que vino incluso al entierro de Franco y además es ya un tierno viejecito. Quienes hacen eso son unos resentidos que escarban en el pasado o algo peor... ¿Qué es ese invento de la Justicia Universal, que un grupo de jueces arrojados y valientes han levantado frente a la corrupción, el secreto, la desidia y el olvido interesado?.

El extender y alumbrar con una justicia igual para todos los actos delictivos de las clases dirigentes, impedir su cleptomanía, el poder de sus mafias y el disfrute y tranquila digestión en los paraísos fiscales, eso es lo verdaderamente intolerable pues ahonda en la democracia.

¿Y frente a todo esto qué hacer?. Lo primero de todo, defender a Garzón con todas las armas, pues de todo lo dicho de desprende que se le ataca por ser “cabeza de turco” para ejemplarizar lo que no se desea que ocurra en democracia. Bajo ningún concepto se desea que la democracia se ensanche e ilumine las zonas de penumbra y porque el ejercicio de una justicia a la que todos estén sometidos, sin fueros especiales, es una de las garantías de la democracia.

Pero debemos dar pasos adelante contra los privilegios de quienes utilizan su posición en la judicatura para defender sus intereses corporativos y desde luego ser monaguillos de las necesidades e intereses de las clases dirigentes. ¿Y cómo?, pues aun siendo lego en la materia, pero es de ver, que a un déficit democrático se le combate con mas democracia. Quizá el derecho anglosajón nos indique el camino: potenciación de la figura del Jurado, elección de fiscales, creación de instancias en las que actúen jueces elegidos democratice. En suma democratizar al estamento judicial, pues mantener la situación actual hace un daño irreparable a la democracia, es mas la impide.

*Consultor Informático y de TI

Madrid Febrero 2010

Elecciones europeas: ganan los conservadores, pero cambia la politica económica

Julio Rodríguez López

Los resultados electorales del pasado 7 de junio en la Unión Europea han puesto

de manifiesto un evidente retroceso electoral de los partidos socialistas y

socialdemócratas, mientras que han ganado puntos los partidos conservadores.

Dicho resultado se ha producido a pesar de que la grave crisis económica

mundial ha puesto en cuestión algunos elementos básicos de la política

económica desarrollada en los últimos años.

La desregulación de los mercados en general y del sistema financiero en

particular, la orientación de las políticas fiscales hacia la reducción del peso del

gasto público en la economía, el manejo de los tipos de interés como eje central

de la política económica, la consideración generalizada de que los mercados

tienden a autorregularse... han sido elementos clave de la ortodoxia económica

conservadora dominante desde los años ochenta. Junto a lo anterior, han

predominado los objetivos a corto plazo frente a los objetivos clásicos

(crecimiento, empleo, balanza de pagos, distribución no excesivamente desigual

de la renta nacional).

Sin embargo, las actuaciones desarrolladas para hacer frente a la crisis

económica iniciada en 2007 con “la madre de todas las burbujas globales del

mercado de vivienda” (P. Krugman, The Economist, “Dismal science”, 13 de

junio de 2009), han supuesto una ruptura evidente con la ortodoxia económica

desarrollada durante casi un cuarto de siglo.

Así, desde el otoño de 2008 se ha apelado a mayores niveles de gasto público y

al déficit público creciente para responder a las brutales caídas de la demanda y

de la liquidez bancaria, situación que tuvo lugar sobre todo tras la quiebra del

banco Lehman Brothers en septiembre de 2008. Se han reducido hasta el

mínimo los tipos de interés de los bancos centrales, se han practicado políticas

agresivas de saneamiento de bancos en situación problemática y, por último, se

han aplicado políticas de “alivio cuantitativo”, consistentes en ampliar de forma

sustancial los balances de los bancos centrales.

Con dicha política económica se ha tratado de mantener en pie no sólo la

demanda efectiva y la actividad productiva de la economía, sino que se ha

aportado masivamente liquidez a bajo coste a bancos y a empresas financieras y

no financieras. La política en cuestión ha sido aplicada por numerosos

Gobiernos de diferentes coloraciones políticas. De camino, algunos líderes de

partidos conservadores, como es el caso de Angela Merkel en Alemania y de

Nicolas Sarkozy en Francia, no han ocultado sus críticas a los excesos del

capitalismo anglosajón.

El análisis empleado para racionalizar el ataque a la crisis recuerda bastante a lo

más esencial de las recomendaciones de Keynes y de Minsky para superar las

crisis del pasado: la actividad y el empleo dependen de la demanda efectiva,

dentro de la cual la inversión depende sustancialmente de los tipos de interés y

de las expectativas. Los salarios nominales son rígidos a la baja. Demanda

efectiva, salarios nominales y el nivel de empleo determinan los salarios reales.

La deflación salarial conduce a una menor demanda y a menores niveles de

actividad y de empleo.

El capitalismo resultante tras la superación de la crisis tendrá sin duda mayores

niveles de regulación, en especial dentro del sistema financiero. Se ha evitado la

depresión, pero el crecimiento previsto para la fase de recuperación parece va a

ser demasiado débil como para mejorar a corto plazo la penosa situación del

empleo en los mercados de trabajo.

“Keynes pensaba que el capitalismo, si se le sabe llevar, puede ser efectivo en la

consecución de los objetivos económicos... El logro de un nivel satisfactorio de

empleo es el concepto más ideológicamente consistente de la ‘Teoría General’

de Keynes”. (Joan Robinson, “Filosofía económica”, Gredos, 1966). Los

votantes, como Keynes, no parecen querer desmontar del todo el capitalismo,

aunque abominen de los aspectos más abusivos de lo que hay ahora; y aunque

se considere normal, tras la crisis, la realización de amplias reformas

institucionales, entre las que destaca la conveniencia de unos mecanismos

reguladores y de una supervisión bancaria y financiera cada vez más globales.

Los votantes prefieren alcanzar las ventajas de la globalización a la vez que

buscan seguridades contra las consecuencias de la integración económica. Ante

una crisis tan grave como la desatada en el verano de 2007, faltó una propuesta

desde el centro-izquierda político promoviendo una distribución mayor de las

oportunidades de la globalización (Ph. Stephens, “Crisis? The market confounds

the left”, FT, 12 de junio de 2009). Pero sobre todo en la izquierda política sigue

faltando convicción y un propósito decidido y no vergonzante de hacer frente a

los nuevos problemas, reduciendo el alcance de los mismos. En lugar de

limitarse a ofrecer certezas y garantías supuestamente tranquilizadoras.

Publicado en El Siglo

Etanol para un futuro sostenible de la energía

Centrales Nucleares - atentado terrorista

Green peace
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El pueblo alemán según Haffner (sonido dos pistas) otro método

El pueblo alemán según Haffner (sonido dos pistas)

Aleman
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Liberalización Stiglitz

Liberalización
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¡ FELIZ AÑO 2007 !

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El factor Phelps: ¿la única política económica posible?

Joseph E. Stiglitz

El 10 de diciembre, Edmund Phelps, mi colega en la Universidad de Columbia, ha recibido el Premio Nobel de Economía de 2006, lo merecía desde hace mucho tiempo. Si bien el Comité del Premio Nobel citó sus contribuciones a la macroeconomía, Phelps ha hecho, también, considerables aportaciones en muchas otras áreas, incluída la teoría del crecimiento y el cambio tecnológico, la tributación óptima y la justicia social.
La aportación clave que Phelps hizo en el campo de la macroeconomía es que las expectativas afectan a la relación entre la inflación y el desempleo y, ya que las expectativas en sí mismas son endógenas, cambian a lo largo del tiempo, también lo hace la relación entre desempleo e inflación. Si un gobierno intenta hacer descender la tasa de desempleo a niveles muy bajos, la inflación va a aumentar y también lo harán las expectativas inflacionarias.
Este razonamiento tiene dos posibles implicaciones de política económica. Algunos políticos han concluido a partir del análisis de Phelps que la tasa de desempleo no puede bajar permanentemente sin que aumenten los niveles inflacionarios. Por lo tanto, las autoridades monetarias simplemente deben centrarse en la estabilidad de los precios buscando una tasa de desempleo a la que la inflación no aumente, conocida como “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación” (NAIRU, por sus siglas en inglés “non-accelerating inflation rate of unemployment”).
Pero la NAIRU no es inalterable. La implicación correcta, que Phelps enfatizó repetidamente, es que los gobiernos pueden y deben implantar una variedad de políticas distintas, en particular, políticas estructurales que permitan a la economía operar a un nivel más bajo de desempleo.
Las políticas que se centran exclusivamente en la inflación están equivocadas por otras razones adicionales. Como una cuestión práctica, incluso controlando las expectativas (como Phelps insiste en su obra que se haga), la relación entre el desempleo y la inflación es altamente inestable. Es prácticamente imposible descifrar dicha relación a partir de los datos excepto en unos cuantos períodos aislados.
Parte de la explicación de esta inestabilidad se encuentra en los cambios en los niveles de educación, en la actividad sindical y en la productividad. Pero cualquiera que sea la razón, los políticos se enfrentan a una incertidumbre considerable en cuanto al nivel de la tasa de paro con inflación estable. Por lo tanto, todavía se enfrentan al dilema de presionar muy a la baja la tasa de desempleo y desencadenar un período de inflación, o no presionar lo suficiente, lo que se traduciría en un derroche innecesario de recursos económicos.
La manera en que se perciben estos riesgos depende de los costos de enmendar los errores, lo que a su vez depende de otras propiedades de la relación inflación-desempleo que en el análisis de Phelps no se abordaron. El peso de las evidencias muestra que el costo de enmendar el error de presionar demasiado a la baja la tasa de desempleo es en sí mismo muy bajo, al menos en países como Estados Unidos donde la relación se ha estudiado detenidamente. Según este punto de vista, la Reserva Federal debería buscar agresivamente una tasa de desempleo baja hasta que se vea que la inflación está aumentando.
En contraste, los “halcones” de la inflación afirman que hay que atacarla de manera preventiva. Si bien la mayoría de los Bancos Centrales son halcones de la inflación, esta postura es una cuestión de religión y no de ciencia económica. Sencillamente, no hay evidencias empíricas, o hay muy pocas, de que las tasas bajas y moderadas de inflación que se han dado en las décadas recientes, tengan algún efecto dañino real y significativo en la producción, el empleo, el crecimiento o la distribución del ingreso. Tampoco hay pruebas de que si la inflación aumenta ligeramente ésta no pueda revertirse a un costo relativamente menor, comparable con los beneficios del empleo y crecimiento adicionales que se disfrutaron en la fase expansión excesiva de la economía que condujo al aumento de la inflación.
A principios de los años 1990, la Reserva Federal y muchos otros creían que la tasa de paro con inflación estable (NAIRU) estaba entre el 6% y el 6,2%. Tomando como base los cambios producidos en la economía, el equipo que trabajó conmigo en el Consejo de Asesores Económicos del Presidente Bill Clinton y yo argumentábamos que la NAIRU era considerablemente más baja. Teníamos razón, el desempleo cayó al 3,8 % sin que la inflación aumentara repentinamente.
Esto es importante porque, como argumentó el gran economista Arthur Okun, al reducir el desempleo en dos puntos porcentuales la producción aumentaría de 2 a 6 % o de 0,5 a 1,5 billones de dólares en el caso de Estados Unidos. Incluso para un país rico esto es mucho dinero. Se podría utilizar para dar al sistema de Seguridad Social estadounidense una base sólida durante los siguientes 75 a 100 años. Incluso podría pagar una parte sustancial de una guerra como la de Iraq.
El trabajo de Phelps nos ayudó a entender la complejidad de la relación entre la inflación y el desempleo y el papel tan importante que las expectativas pueden desempeñar en esa relación. Pero es una mala interpretación de ese análisis concluir que nada puede hacerse acerca del desempleo o que las autoridades monetarias deberían enfocarse exclusivamente en la inflación.
Ese punto de vista es el de una escuela de la macroeconomía “moderna” que supone que hay expectativas racionales y mercados en perfecto funcionamiento. En otras palabras los individuos, que se supone idénticos, utilizan plenamente toda la información disponible para prever el futuro en un entorno de competencia perfecta, sin fallas en los mercados de capitales y una cobertura plena de todos los riesgos. No sólo son absurdos los supuestos sino también las conclusiones que obtienen: no hay desempleo involuntario, los mercados son completamente eficientes y la redistribución no tiene consecuencias reales. Pero, según esta escuela, no importa mucho que las políticas gubernamentales no sean efectivas. No es necesaria la intervención del gobierno porque los mercados siempre son eficientes, y lo que es todavía más perjudicial, muchos seguidores de esta postura, cuando se enfrentan a la realidad del desempleo, dicen que sólo surge por las rigideces impuestas por los gobiernos y por los sindicatos. En su mundo “ideal” sin ellas afirman que no habría desempleo.
Durante más de tres décadas, Phelps ha demostrado que hay un enfoque alternativo. Ha tratado de entender qué podemos hacer para reducir el desempleo y aumentar el bienestar de los de abajo. Pero también se ha esforzado en comprender qué es lo que hace dinámicas a las economías capitalistas, qué hay detrás del espíritu empresarial y qué podemos hacer para promoverlo más. La economía de Phelps sigue siendo de acción y no de resignación.
Publicado en Project Syndicate (December)
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El ascenso de Enron

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La falta de tiempo

La Renta Básica: una base para el futuro

El convulso mercado eléctrico español

Gregorio Gil

En el primer artículo Sharon Beder nos muestra un estudio histórico muy detallado de la privatización del mercado eléctrico en el Reino Unido, pioneros en el proceso de liberalización del mercado eléctrico y las fases posteriores por las que fue pasando, haciendo hincapié en las numerosas disfunciones y comportamientos ajenos a la ortodoxia, pero no por ello menos reales. Se pone de manifiesto que el modelo de liberalización eléctrico practicado en este país ha perjudicado notablemente a las clases más necesitadas del mismo, quedando constatada una elevación de fallecimientos por este motivo. Se incluye aquí, con el fin de que nos concienciemos de la que se nos viene encima si dejamos que el mercado actúe libremente por su cuenta en el sector eléctrico, con una actitud propia de la fe de carbonero en el ultraliberalismo.
En el segundo artículo, en mi opinión superior al primero, el alcance de estudio es más amplio y no está limitado a un solo pais, sino que abarca los distintos paises que ya han entrado, de una forma u otra, en la liberalización del mercado eléctrico y donde han tenido lugar número de privatizaciones con frecuentes fusiones y adquisiciones posteriores, quedando por lo tanto, en evidencia la pregonada competencia prometida al formarse fuertes oligopolios. Los cárteles energéticos han funcionado como grupos de presión politica, intentado por todos los medios (no democráticos) conseguir precios eléctricos cada vez más elevados o ayudas poco justificadas en otros casos, y donde los servicios se presten sólo en las zonas de mayor rentabilidad económica.
En España, la privatización salvo en el caso de Red Eléctrica ya se realizó en su momento, lo que se intenta ahora, es pasar a una completa “liberalización del mercado”. Se comenta que eso es lo que nos pide Europa, pero, en ningún lugar se ha votado eso que se sepa. Estos dos artículos y algunos más que están por venir, indican que las cosas no están tan claras como indican los “ultraliberales” que nos intentan vender esta doctrina como algo “moderno” cuando ya se halla obsoleta, en lo que al mercado eléctrico se refiere. La numerosas fusiones y adquisiciones que están en el horizonte próximo, parecen caminar en sentido contrario de la libre competencia y más en la direccion de la formación de potentes cárteles energéticos que pueden terminar poniendo a los Gobiernos democráticos contra la pared, con el fin de que cambien sus políticas, en especial, sobre los Gobiernos de izquierda, de modo, que terminen perjudicando a la mayoría de sus ciudadanos y en particular a los más pobres. Conviene por ello estar expectantes y denunciar estas situaciones si llegan a presentarse para plantarles cara debidamente.

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La gran estafa eléctrica

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La productividad y la regulación

Políticos, bájense del árbol

Ramiro Pinto Cañón

Al visitar la exposición organizada por la Caixa, De mono a hombre, me quedé impresionado. Al final de la misma se exponen unos libros. Uno de ellos es El proceso de humanización no ha terminado aún, del arqueólogo Eudald Carbonell. Este autor, mantiene que hay que conseguir socializar el conocimiento y que los logros y beneficios de la tecnología deben llegar a toda la sociedad. En el resumen del libro se plantea que uno de los pasos para el desarrollo de la humanización es lograr una economía más racionalizada. ¿Qué es una economía más racionalizada? No creo, que se refiera a una economía planificada, aunque hará falta una planificación global sobre temas que afectan a la humanidad y que suponen una amenaza para una gran parte de los habitantes del planeta y han de ser controladas, como son el crecimiento demográfico, los problemas medioambientales y el aprovechamiento unilateral de las fuentes de energía y materias primas.
Una economía más racionalizada consiste en razonar sobre el proceso económico y buscar medidas concretas que permitan la distribución de la riqueza y a la vez mantengan la dinámica de crecimiento económico, haciéndolo sostenible desde el punto de vista medioambiental. De esta manera, al introducir estas nuevas variables en los análisis teóricos de economía, es como llegamos a ver la necesidad de establecer la Renta Básica, una vez que sea posible, a través de la propuesta de financiación de la asociación Arenci, que actualmente estudia el Parlamento Europeo y próximamente una subcomisión de las Cortes en España. Como explica Jared Diamond en su obra Ocaso , es necesario recoger las cuestiones ambientales en función de la economía, pues en su estudio llega a la conclusión de que el declive de todas las civilizaciones y modelos de sociedad que han sucedido a lo largo de la historia tienen un denominador común: el deterioro del medio ambiente. Este deterioro afecta a la fertilidad del suelo, la salud, cambios climáticos, hasta ahora de una manera local, pero en este momento repercute en el planeta Tierra de manera global. La sociedad actual, tiene la oportunidad de analizar los sucesos del pasado y aprender de sus errores, tomar decisiones y actuar en consecuencia.
Por una parte, los economistas no manejan la sostenibilidad ecológica como variable de sus estudios de economía política. Marcan las pautas de la política económica de los gobiernos sobre la base del crecimiento económico y la creación de empleo, junto con el ajuste presupuestario para evitar la inflación. El nuevo concepto de la Productividad Total de los Factores (PTF) se utiliza de manera mecánica, tanto en los modelos liberales como keynesianos, y no tienen una visión de la economía en su conjunto, los árboles no les dejan ver el bosque.
Por otra parte los políticos caen cada vez más en el tactismo, como estrategia de mantenerse en el poder, y hacer políticas de confrontación con la oposición y medidas que caigan bien a determinados sectores, sin hacer pedagogía política ni debates críticos sobre las necesidades globales de nuestra sociedad. Hacen de su labor propaganda y no política de ideas. Por ejemplo, se mantiene lo que algunos sociólogos y economistas críticos llaman las «ayudas perversas», que impiden el desarrollo de los países pobres e incrementan la destrucción del medioambiente. Esto ocurre con las subvenciones a sectores cuyos productos no son rentables sin las ayudas dadas, la agricultura, la pesca, el agua de regadío, el azúcar, la minería del carbón. Esto se ve en casos como en los países ricos que se ven obligados a mantener las centrales térmicas.
Las ayudas a los agricultores impiden la comercialización de productos de países pobres, que ven inundados sus mercados por otros excedentarios y abaratados por esas ayudas públicas. Los políticos se ven acorralados por la necesidad de resultados electorales, sin ver que con W. Churchill Gran Bretaña ganó la II Guerra Mundial pero él perdió las siguientes elecciones. Hoy es necesario ganar el reto sobre la amenaza global que nosotros mismos, como sociedad, hemos creado. A veces, hay medidas que son paradójicas y no se entienden hasta pasado el tiempo. Por ejemplo, cuando Henry Ford subió el sueldo a sus obreros, más allá del convenio y por decisión propia, los accionistas le denunciaron a los tribunales, pues perdieron valor sus acciones. Sin embargo, salieron ganando a largo plazo, pues esos mismos trabajadores fueron quienes compraron los coches que fabricaban, lo que de otra manera no hubieran podido hacer por ser un artículo de lujo. Bajar los precios con la productividad en cadena y ampliar el mercado con la subida del nivel de vida consiguió incrementar a largo plazo el valor de las acciones. Desde el punto de vista ambiental fue un error, pero en aquella época no se supo. Actualmente, la fiscalía de California ha emprendido una batalla legal contra los fabricantes de automóviles por no dejar comercializar otros motores que eviten la contaminación con el CO2 que atenta contra la Humanidad.
Asistimos a una serie de cambios, lo cual Javier Arenas, antiguo ministro de Trabajo, llamó «una mutación histórica» a la que hay que adaptarse, que requieren nuevas maneras de pensar los problemas y racionalizar la economía, como forma de adaptarse a la nueva realidad. Es decir, evolucionar. Hace un año el escritor y premio Príncipe de Asturias, Carlos Fuentes, planteó que el paso de la economía industrial a otra tecnológica y de servicios es un cambio tan radical que hace falta un ajuste que tenga en cuenta el desplazamiento del empleo. Luis Martínez Noval, también antiguo ministro de Trabajo, expuso en las Jornadas sobre Economía Política, celebradas en León, que ha habido una evolución en las políticas sociales, y a su vez describió una serie de fenómenos que considero se pueden entender como crisis del empleo, como son las prejubilaciones, la diferencia entre el salario real y el monetario, los ajustes de plantillas, nuevas enfermedades laborales de tipo psicológico, etcétera. Lo cual nos debería hacer pensar que hay que cuestionar la centralidad del trabajo como eje de la economía y la política. Y esto es a lo que da respuesta la renta básica, como base de subsistencia y de forma incondicional a las personas de una determinada zona monetaria en la que se pueda aplicar, como es la zona euro. La renta básica, define el crecimiento económico, ¿hasta dónde y cuándo?, ¿hasta que esquilmemos nuestro planeta? La racionalidad nos lleva a pensar que hasta que sea posible la renta básica, y favorecer así un crecimiento sostenido. Esto exige que los políticos se bajen del árbol y empiecen a andar en otra dirección. Pensando en el futuro, el de todos, pues somos una especie aún en evolución. Del mono al humano.

Publicado en El Diario de León, 15 Octubre de 2006

Demostración de películas, texto y musica en 3D

Rafael Simancas: Discurso programático

Compañeras y compañeros, amigas y amigos:

Los socialistas de Madrid os damos la bienvenida y acogemos con alegría la Conferencia Política del Partido Socialista.
La organización moderna y eficaz de este encuentro, y la presencia vital y optimista de los socialistas de toda España, constituye para nosotros no sólo motivo de honor y de satisfacción, sino también y sobre todo una formidable inyección de fuerza y de optimismo ante los importantes desafíos que hemos de afrontar en el futuro más próximo.
Madrid es la capital de España. Con nuestro trabajo, con vuestro empuje y con el respaldo de los ciudadanos, Madrid va a ser también la capital del cambio y la vanguardia del progreso en España.
Somos conscientes de que el Partido Popular y Esperanza Aguirre han hecho todo lo posible por convertir a Madrid en una trinchera hostil, y a sus instituciones en armas para la división, el enfrentamiento y el rencor entre los madrileños, y de los madrileños con los demás españoles. Yo os aseguro, sin embargo, que Madrid ha sido, es y será siempre lugar de acogida, de encuentro y de integración para todos los españoles. Porque este es el sentimiento y la voluntad de la inmensa mayoría de los madrileños.
Cada español es del lugar en el que ha nacido o en el que ha elegido vivir, pero Madrid es de todos los españoles: por eso aquí no hay forasteros. Esta es la identidad de Madrid, estamos orgullosos de ella y lucharemos por defenderla.
Esta Conferencia, además, nos interesa muy especialmente a los socialistas de Madrid. Todos los temas que vamos a tratar este fin de semana, todos los que se abordan en el documento que servirá de base a nuestros debates, se refieren a problemas palpitantes de los ciudadanos de esta Comunidad.
Recordaba Pepe Blanco la anterior Conferencia Política, y subrayaba los grandes cambios que se han producido en la sociedad desde entonces. Hay un cambio más: en el año 2001, el Partido Socialista se presentaba ante los ciudadanos con nuevos dirigentes y un proyecto político renovado. Hoy, esos dirigentes, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, están en el Gobierno de España y ese proyecto se está haciendo realidad.
Si algo distingue al Gobierno socialista de España es la intensidad de su acción reformista. Han bastado poco más de dos años para alumbrar un conjunto de reformas de las de verdad, de las que responden a las ilusiones y a los valores de la inmensa mayoría, de las que más nos importan y más sirven para dar sentido y contenido a la actuación de un Gobierno progresista: las reformas que sirven para avanzar en prosperidad, en igualdad y en justicia; para mejorar la vida de las personas, de muchos millones de personas. Reformas que, además, son irreversibles porque la sociedad las asimila y las incorpora inmediatamente al patrimonio colectivo.
La derecha, como siempre hace, ha combatido y ha querido impedir todas y cada una de las iniciativas reformistas de este Gobierno: pero no se atreverá a derogarlas. No se atreverán a privar a los ciudadanos de las mejoras en el sistema de pensiones, de las medidas que ayudan a estabilizar los empleos, de la libertad para casarse con quien quieran. Ni se atreverán a derogar las leyes que promueven la igualdad real entre mujeres y hombres, ni se atreverán a desmontar el sistema nacional de ayuda a las personas dependientes. No porque les falten ganas de hacerlo, sino porque saben bien que la sociedad española no se lo permitirá.
Pero el principal éxito de este Gobierno, querido Presidente, yo lo sitúo en el campo de los sueños. Este Gobierno nos ha enseñado a soñar, y a hacer realidad los sueños. Si se quiere, se puede. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos ha enseñado que con sueños, con valores bien asentados, con trabajo y con coraje puede conquistarse el futuro. Se pueden sacar las tropas de la guerra y llevarlas a hacer la paz. Se pueden combinar crecimiento económico y más derechos sociales. Se puede apostar por el fin de la violencia terrorista. Frente a la caverna, sobre la caverna, a pesar de la caverna. Con sueños, con valores, con determinación, con valentía. Una gran enseñanza, una gran vacuna contra la resignación, de la que los madrileños van a tomar buena nota para afrontar el cambio.
Dicen algunos, con afán de menospreciar la importancia de esta Conferencia, que es un acto electoral, un acto destinado a preparar las elecciones del próximo año. Os diré algo: lo es. No es tan sólo eso, pero también es eso. Y el serlo no sólo no sólo no desmerece la Conferencia Política, sino que en todo caso la ennoblece.
Nada hay más digno para un político en democracia que prepararse a fondo para merecer la confianza mayoritaria de los ciudadanos en las urnas. Eso hemos venido a hacer aquí este fin de semana: prepararnos a fondo para el futuro como lo hicimos en similar ocasión hace cinco años, con el resultado que todos conocemos. El resultado del triunfo.
Las elecciones municipales y autonómicas de 2007 son de una importancia crucial. Y no lo digo pensando sobre todo en nosotros, en el Partido Socialista –que también-, sino pensando en términos de interés ciudadano. Los Gobiernos autonómicos en España son, si me permitís la expresión, gobiernos de verdad, responsables de competencias decisivas para el bienestar ciudadano; gobiernos que administran cuantiosísimos recursos de todo tipo; y que gestionan gran parte de los servicios públicos más relevantes para la calidad de vida de la gente.
La mayor parte de los servicios que más afectan a los ciudadanos en su vida diaria y en sus intereses inmediatos están ya en el ámbito de responsabilidad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Y eso, que al señor Rajoy le parece muy mal, a nosotros nos parece muy bien porque creemos en el modelo de Estado que nos hemos dado; porque sabemos que la única España viable es la España de las Autonomías; porque apostamos por el servicio más democrático y más eficaz a los ciudadanos mediante la aplicación de los principios constitucionales del autogobierno y la garantía de la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.
Pero precisamente por eso, es necesario que llevemos a la conciencia de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos que una parte esencial del bienestar individual y colectivo se decide en estas elecciones. Que ese bienestar depende en gran medida, por ejemplo de que elijan un Gobierno autonómico que crea en los servicios públicos y los defienda o uno que no crea en ellos y los abandone.
Voy a decir más. El desarrollo y la aplicación de los principales avances sociales, de las más importantes conquistas de derechos que ha promovido el Gobierno socialista de España, dependen de la existencia de gobiernos autonómicos y municipales que crean en estas medidas y tengan voluntad de llevarlas a cabo. Aún más claro. Con Esperanza Aguirre en la Puerta de Sol será muy difícil desarrollar y aplicar en Madrid las principales reformas impulsadas por el Gobierno de España, en la forma y medida en que sería preciso. La cita del último domingo de mayo es vital. Para el PSOE, para aquellos que en marzo de 2004 apostaron por el progreso, la mayoría en Madrid, y para el conjunto de los ciudadanos. Yo vuelvo a llamar hoy a esa mayoría que se movilizó por el cambio en 2004 para que consolide y profundice ese cambio hacia el progreso en Madrid movilizándose en las elecciones de 2007.
Compañeras y compañeros: frente a quienes predican el fin de las ideologías, estoy convencido de que en la España de hoy cada vez son más claras y perceptibles las diferencias entre la derecha y la izquierda. Madrid es un escenario privilegiado para comprobarlo: el contraste entre la actuación de un Gobierno cabalmente progresista como el de José Luis Rodríguez Zapatero, y otro radicalmente de derechas como el de Esperanza Aguirre es manifiesto, evidente y hasta sonoro, porque se refleja no sólo en los contenidos de las políticas y en las formas de gobernar, sino también en el tono y los ademanes con que uno y otro se dirigen a los ciudadanos.
Esa diferencia entre una política conservadora y una progresista se plasma hoy, sobre todo, en cuatro aspectos básicos, que son, a mi juicio, los que definen más que cualquier otro un proyecto político y de Gobierno en las Comunidades y en los municipios de España:

• El modelo de crecimiento, tanto en lo que se refiere a la economía como al urbanismo y a la ordenación del territorio y el medio ambiente;
• Los problemas relacionados con la convivencia ciudadana y con integración de una sociedad cada vez más diversa;
• La combinación entre el reparto descentralizado del poder y la cooperación leal entre gobiernos de distintos ámbitos territoriales;
• Y la actitud ante los servicios públicos que atienden las necesidades más importantes de los ciudadanos.

En estas cuatro grandes cuestiones, la apuesta del Partido Popular está muy clara:

• Un modelo de crecimiento contaminado en su planteamiento y contaminante en sus efectos; basado en el urbanismo de la especulación y la explotación intensiva de recursos naturales, en la precariedad social y laboral, y en llevar hasta el paroxismo y mientras dure la apoteosis del ladrillo sin preguntarse qué ocurrirá después.
  
• Un crecimiento caótico de las ciudades y las áreas metropolitanas, con un urbanismo depredador que deteriora la calidad de vida, que multiplica el precio de la vivienda, que colapsa el tráfico, que pone en riesgo los cimientos de una economía productiva, como acaba se señalar el Fondo Monetario Internacional. En materia de urbanismo, el plan de la derecha es la inexistencia de planificación alguna; el orden que buscan es la ausencia total de orden; el interés a proteger es con demasiada frecuencia el de quien está dispuesto a poner millones sobre la mesa a cambio de una recalificación o una licencia de construcción, nunca el de los ciudadanos.
• Otra clave en la actuación de la derecha: la transformación de los Gobiernos autonómicos y municipales en arietes de combate político y de confrontación partidista. Lo demostró Aznar cuando durante años se negó a recibir en la Moncloa a los Presidentes autonómicos que no eran de su partido, y lo demuestran hoy los Aguirre, Camps y compañía cuando boicotean cualquier atisbo de cooperación leal con el Gobierno de España, cuando atizan los agravios y los resquemores entre Comunidades, y cuando conciertan entre sí sus estrategias de oposición y rebeldía institucional aunque nadie les ha visto jamás concertando políticas positivas en interés de los ciudadanos.
• Y por último, el deterioro buscado de los servicios públicos esenciales, de la sanidad pública y de la educación sobre todo, acompañado de constantes guiños de complicidad y apretones de mano por debajo de la mesa con los sectores interesados en su privatización.

Crecimiento especulativo y precario, descontrol urbanístico, deslealtad y confrontación institucional, abandono de los servicios públicos.
Da igual que hablemos de la Comunidad de Madrid o de la de Valencia, de Murcia o de La Rioja, de Baleares o de Castilla y León: en todos ellos son perfectamente reconocibles estos rasgos porque forman parte de la naturaleza de los Gobiernos del Partido Popular.
Es también respecto a estas grandes cuestiones que debemos hacer perfectamente reconocible la naturaleza de los Gobiernos autonómicos y locales del Partido Socialista. Ya lo es y lo va a seguir siendo en donde gobernamos; y lo será en donde vamos a gobernar a partir de junio de 2007. Por ejemplo, en Madrid.
Apostamos y apostaremos por un crecimiento sano. Un crecimiento basado en la productividad, en la innovación tecnológica, en el más potente instrumento productivo que tiene una sociedad, que es la educación y el conocimiento. En la estabilidad laboral, en los acuerdos sociales, en la política económica que permite hacer política social, y la política social que dinamiza la economía.
Emplearé toda la fuerza política y toda la energía personal de que disponga en implantar por fin en esta Comunidad un urbanismo civilizado y decente. O si lo preferís, un urbanismo que sea tal.
Compañeras y compañeros, amigas y amigos: en este país, especialmente en Madrid y en Valencia, tenemos un problema grave con el urbanismo que promueve y ampara la derecha. Un problema grave que va más allá de la sucesión de escándalos por corruptelas en la gestión del suelo de tal o cual localidad, más allá de sus lamentables consecuencias en la imagen de las instituciones públicas y en la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos.
El descontrol urbanístico es un cáncer con el que hay que acabar antes de que sea demasiado tarde. El urbanismo especulativo provoca el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de ciudadanos, dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes, colapsando servicios públicos, multiplicando tiempos de desplazamiento, generando una presión brutal sobre el ecosistema. El urbanismo a la carta, el urbanismo al servicio de los intereses de unos pocos que promueve el Partido Popular amenaza, además, la solidez y estabilidad de nuestro modelo de desarrollo. Madrid, como Valencia o el resto de las comunidades españolas, no puede confiar sus posibilidades de crecimiento a la sobreexplotación especulativa del suelo y a la sobrevaloración de los activos inmobiliarios. Este modelo de desarrollo ignora los factores de conocimiento e innovación que son los factores clave para un crecimiento sólido, competitivo y justo. Este modelo genera el sobreendeudamiento de las familias y limita la evolución del consumo interno futuro. En Madrid podemos hablar claramente del riesgo de un crecimiento enfermo.
El problema urbanístico tiene solución. El objetivo de recuperar un urbanismo limpio, decente y eficaz requiere de un gran compromiso institucional: un Pacto de Estado, en el que han de implicarse los tres poderes del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los partidos políticos, las empresas serias y los representantes sociales y vecinales. Recuperar un urbanismo sometido solo al interés general requerirá de compromiso, determinación, planificación y eficacia. Primero el desarrollo parlamentario de la Ley estatal del Suelo consolidando la apuesta contra la especulación y a favor de la vivienda protegida. Necesitamos leyes de desarrollo con los mismos compromisos en las comunidades autónomas de mayor riesgo. Desde luego en la mía. A continuación deberán promoverse en los Parlamentos autonómicos –en el mío con urgencia- los respectivos Planes de Estrategia Territorial que determinen con carácter general los usos del suelo, en función de un análisis riguroso y ampliamente participado sobre las necesidades y retos de interés general en cada región. Y necesitamos, por último, un paquete de medidas valientes y eficaces que garanticen transparencia e higiene en las tramitaciones urbanísticas, con un nuevo y más duro régimen de incompatibilidades entre responsabilidades públicas y negocio privado.
Nos jugamos mucho, es necesario, hay que hacerlo. Por otra parte, muchos de los problemas más agudos del momento actual tienen que ver con la integración y con la convivencia ciudadana. Los orígenes de quienes forman nuestra sociedad son cada vez más plurales, como lo son sus creencias y costumbres, sus valores y sus formas de vida. Y precisamente por eso, la mayor amenaza que tienen las sociedades modernas es la desintegración de sus componentes; una sociedad en la que finalmente no haya nada que compartir ni nada parecido a un proyecto de vida en común.
Ya lo dijimos en la resolución de nuestro último Congreso: la principal causa progresista de principios del siglo XXI es combatir la exclusión social y el deterioro de las condiciones de convivencia entre los ciudadanos. La lucha de clases ha dado paso a la lucha por una sociedad integradora e incluyente. Lo contrario de lo que favorecen las políticas de la derecha: segregación social, desintegración y exclusión.
Para la mayoría de los ciudadanos españoles, el problema de la inmigración es principalmente un problema que tiene que ver con la convivencia. Casi todos aceptamos que la presencia de los inmigrantes ha sido en los últimos años un importante factor de progreso económico, especialmente en Madrid; pero a todos nos preocupa que se convierta también en un factor de deterioro de la convivencia social.
Ahora el Partido Popular se va quitando la máscara y empieza a practicar peligrosamente la demagogia con el tema de la inmigración, como hace la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa. Me temo que puedo pronosticar que en los próximos meses, veremos a Rajoy y a Esperanza Aguirre diciendo las mismas cosas que dice Le Pen en Francia.
Como de este tema vamos a hablar mucho a partir de ahora, hoy sólo diré tres cosas muy breves:
Primera: A mi juicio, la única política sensata y viable en materia de inmigración es la que combine el control y la integración. Control para garantizar que entran aquellos que tienen condiciones legales para entrar y que podemos razonablemente acoger; y a partir de ahí, hacer que se integren en nuestra sociedad en todos los sentidos.
Exactamente lo contrario de lo que hizo el Gobierno de Aznar, de Acebes y de Aguirre, la triple A: dejó entrar a los inmigrantes de forma descontrolada; y una vez dentro, se desentendió de ellos y los dejó pudrirse en la ilegalidad.
Segunda: Es esencial mantener a rajatabla el principio de la igualdad de derechos. Ningún ciudadano que viva legalmente en España debe ser discriminado por el hecho de ser de origen extranjero; pero también hay que garantizar que ningún ciudadano español sienta que sus derechos o las prestaciones que recibe han disminuido, o que ha perdido calidad de vida a causa de la presencia de los inmigrantes. Ambas cosas son imprescindibles si queremos hacer posible a largo plazo una convivencia que merezca tal nombre. Por eso le pido reiteradamente al Gobierno regional de Madrid que abandone la retórica del reproche y la confrontación, y asuma sus responsabilidades, con los recursos que ahora sí llegan del Gobierno de España, para evitar concentraciones antipedagógicas de niños inmigrantes en los colegios; para evitar el colapso de servicios sanitarios porque no están preparados para afrontar el número y la especificidad de los inmigrantes que les llegan; para evitar la ocupación de espacios comunes en plazas y parques ante la inexistencia de lugares para el encuentro y el esparcimiento. Iguales derechos e iguales deberes. Sin discriminaciones y sin privilegios.
Tercera: Los problemas de la inmigración sólo se pueden abordar razonablemente desde el acuerdo y la cooperación. Desde el nivel de las instituciones europeas hasta el nivel de la administración local. Por eso, como Presidente de la Comunidad de Madrid promoveré instrumentos comunes entre el Gobierno de España, el de la Comunidad y los Ayuntamientos para definir las políticas respecto a la inmigración; y me sentaré con las fuerzas sociales para llegar a un gran acuerdo sobre este tema.
Y lo que digo respecto a la inmigración puede predicarse de casi todos los problemas más importantes que afectan a la vida de los ciudadanos: del urbanismo y la vivienda, pero también de la educación y la sanidad; de la seguridad ciudadana, pero también de la protección del medio ambiente. Ninguno de ellos tiene solución viable si no es desde la implicación activa y coordinada de todos los niveles de gobierno.
No es un problema de distribución de competencias; las competencias serán de quien corresponda en cada caso, pero los problemas son de todos. Es una cuestión de pura y simple responsabilidad política. Y si me apuráis, de lealtad constitucional.
Creo en la cooperación porque creo en la descentralización y en el reparto de poder. Y a mayor descentralización, más imprescindibles se hacen los instrumentos de cooperación y la coordinación de esfuerzos entre gobiernos.
Al Partido Popular, que nunca ha creído en el Estado de las Autonomías, le cuesta trabajo asimilar un principio esencial de la democracia: los partidos políticos compiten democráticamente entre sí para obtener la confianza de los ciudadanos, pero los Gobiernos no. Los Gobiernos administran los intereses públicos y colaboran entre sí para resolver problemas. Los Gobiernos no son instrumentos de lucha política, sino de administración de intereses públicos. Y cuando pasan las elecciones ya no hay votantes de unos o de otros, sólo hay ciudadanas y ciudadanos libres e iguales que esperan que sus gobernantes se comporten como tales.
Os diré cual es la situación en la Comunidad de Madrid. Hay una administración autonómica que gestiona con más o menos acierto los asuntos de trámite. Por encima, hay una Presidenta entregada exclusivamente a la lucha política dentro y fuera de su partido. Una Presidenta que emplea la mitad de sus energías en conspirar dentro de su partido y la otra mitad en obstaculizar la actuación del gobierno de España. En medio, un gran vacío.
No es ocioso, compañeras y compañeros, que insista en los servicios públicos si tenemos en cuenta que os hablo desde una Comunidad que está a la cola de España en gasto por habitante en sanidad y en educación. Eso sí, está en cabeza en gasto publicitario: 140 millones de euros en este año preelectoral, lo suficiente como para garantizar la gratuidad de los libros de texto en toda la escolarización obligatoria y para construir medio centenar de escuelas infantiles.
Esta Comunidad de Madrid, por su potencial y por su dinamismo económico, está en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos unos servicios públicos de calidad equiparables a los de las regiones europeas mejor dotadas. Sólo hace falta una cosa: un Gobierno autonómico que quiera hacer eso y no lo contrario.
Madrid está también en condiciones de cumplir un papel activo y positivo en el marco del Estado de las Autonomías. De trabajar por el diálogo y por la colaboración con el Gobierno de España y entre las propias Comunidades Autónomas, de subrayar los elementos de cohesión, de fortalecer la confianza y el encuentro, en lugar de agudizar los recelos y los desencuentros.
Esperanza Aguirre ha hecho mucho daño en este terreno: de la mano de los sectores más radicales de su partido ha favorecido que en muchas Comunidades de España se perciba a la Comunidad de Madrid como un ente hostil a su identidad o a sus derechos. Os aseguro, que estamos dispuestos a recuperar el terreno y el tiempo perdido. Dentro de España, Madrid ha de estar siempre en el lado de la concordia y no en el de la discordia entre los españoles.
Los socialistas queremos construir el Madrid con todos, y no el Madrid contra todos de Esperanza Aguirre y el Partido Popular.
Gobernar no es hacerle la contra a otros gobiernos, es cooperar con ellos. Gobernar no es desmantelar los servicios públicos, es reforzarlos y hacerlos funcionar con eficacia. Gobernar no es aliarse con los especuladores, es aliarse con los ciudadanos y con el interés general. Gobernar no es atacar a la sanidad pública, es garantizarla y defenderla. Gobernar no es abandonar a su suerte a los más débiles, es ayudarles y darles oportunidades de salir adelante. Gobernar no es romper las ciudades, es cuidarlas y planificar su crecimiento. Gobernar no es crear problemas, sino resolverlos.
Os aseguro que la mayoría de los ciudadanos, en Madrid y en toda España, comparte estas ideas.
Por eso son particularmente pertinentes para nosotros los lemas de esta Conferencia: Nuevos tiempos, nueva política, y Cambiamos con España.
En España, el cambio empezó en marzo de 2004, y camina a buen ritmo. En Madrid, comenzará en junio de 2007. Llegamos algo más tarde, pero llegamos a tiempo. Con ganas, con optimismo, con el respaldo de la gente. Porque vamos a ganar las elecciones en esta ciudad y en esta Comunidad. Y en la próxima Conferencia Política del Partido Socialista tendré la satisfacción de daros la bienvenida como Presidente de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.

La economía española y el mal holandés

Julio Rodríguez López

El desarrollo del turismo en España ha podido ocasionar manifestaciones del llamado 'mal holandés', según el autor. En su opinión, la sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y del 'ladrillo'

El descubrimiento, durante los años sesenta, de yacimientos de gas natural en Holanda dio lugar, tras un periodo de intenso crecimiento, a que el país sufriese una profunda desindustrialización y a que su economía resultase en exceso vulnerable a las oscilaciones del precio de exportación de ese recurso energético. Un trabajo publicado en noviembre de 2005 (J. Capó, A. Riera y J. Roselló, El desarrollo turístico como manifestación de la 'dutch disease'. El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría extenderse al conjunto de la economía española.

El desarrollo del turismo balear, sector emergente en su día, ocasionó notables revalorizaciones de la propiedad de determinados recursos naturales y también generó crecimientos destacados de la productividad en el subsector de la hostelería y la restauración. La mayor productividad, empleo y salarios pagados en dicha rama de actividad estimularon la demanda de productos de sectores menos abiertos a la competencia, como los servicios y la construcción. Estos últimos, a su vez, experimentaron importantes aumentos de precios y generaron demandas adicionales de trabajo.

El sector agroindustrial, más abierto a la competencia, sufrió un aumento de los costes de producción que no pudo trasladar a los precios de venta. Dicha circunstancia, unida a la revalorización del tipo de cambio en algunos periodos, provocó reducciones sustanciales de la actividad productiva de dichas ramas de actividad.

Las consecuencias para Baleares fueron, junto al intenso crecimiento real del PIB por habitante, un fuerte desplazamiento de la producción en favor de la actividad hotelera y de la construcción conectada con el turismo. La creciente desaparición, con la reducción de la base industrial, de una fuente importante de desarrollo del capital humano y de ganancias de productividad podría desacelerar los aumentos del PIB por habitante de la economía. La especialización productiva en actividades poco cualificadas y no sensibles al progreso técnico, junto al agotamiento de los recursos naturales y a la fuerte dependencia del turismo, pueden generar en el futuro ritmos de crecimiento mediocres.

El prolongado descenso de los tipos de interés y las constantes mejoras de las condiciones de financiación han revalorizado en España las propiedades inmobiliarias entre 1997 y 2005. Se ha mantenido un crecimiento constante, pero moderado, de la demanda de los servicios derivados del subsector de la hostelería. Los beneficios de la promoción han desplazado el ahorro hacia la inversión inmobiliaria, lo que no ha contribuido a mejorar la competitividad de los sectores productores de mercancías. Destaca un urbanismo agresivamente favorable a la construcción residencial, que no sólo no permite crear suelo para actividades productivas, sino que llega con frecuencia a desviar terrenos antes calificados como industriales hacia fines residenciales. Si a lo anterior se une la creciente competencia de los países emergentes y las intensas revalorizaciones del euro al comienzo de esta década se comprende la escasa competitividad de las exportaciones, en especial de mercancías, y la agresividad de las importaciones. El urbanismo practicado ahora en España es una fuente continua de déficit comercial.

Entre 1997 y 2005 el PIB de la economía española creció a un ritmo medio del 3,6%, punto y medio por encima de la eurozona. El PIB por habitante de España ascendía en 1997 al 80% de la UE y en 2005 se ha aproximado al 94%. La tasa de desempleo de España en el último trimestre de 1997 se elevaba al 20,1% de los activos y en el mismo periodo de 2005 había descendido hasta el 8,7%. La expansión ha estado acompañada de una continua ganancia de presencia de la inversión en construcción en el PIB, desde el 11,5% de 1997 hasta el 17,3% en 2005. La producción de mercancías (agricultura, ganadería, pesca, industria y energía) ha visto descender su participación desde el 25% de 1997 hasta el 19,3% en 2005.

En 2005 destacó el crecimiento en un 4,5% del deflactor del PIB de España, que refleja la inflación interna, y el que el deflactor de la construcción duplicase ese aumento (10,2%). La reestructuración hacia la construcción se ha advertido no sólo en la producción, sino sobre todo en la composición del crédito. La financiación inmobiliaria (promoción, compra y construcción de viviendas), que suponía en 1997 menos del 40% de la financiación al sector privado, ha subido hasta el 58% en 2005.

La sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desagrarizado y desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y de la construcción de viviendas para inversores. Se ha reforzado su proclividad a mayores ritmos de inflación, a la vista del abrigo ante la competencia de los sectores productivos ahora dominantes. Los problemas derivados del llamado mal holandés pueden llevar a que el crecimiento sea trascendente en tanto se construyan nuevas viviendas. No cabe esperar nuevos impulsos decisivos de un sector como el turístico, en el que el progreso técnico no brilla por su presencia.

Diversificar la actividad productiva, mejorar las dotaciones de servicios públicos, administrar con racionalidad y con respeto generacional los recursos naturales todavía disponibles, prestar mayor atención al equilibrio medioambiental y practicar un urbanismo en el que el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y no la maximización de los ingresos derivados del planeamiento, superando la tiranía del instante, son algunos de los retos de futuro de la economía española.

Crisis de IZAR: algunas ideas

Gregorio Gil

Mostramos, a continuación, unas pequeñas sugerencias y opiniones que pueden servir de germen a otras más extensas y detalladas que nos saquen del falso dilema: disminución de costes eliminación de trabajadores.
Deseo, en primer lugar, animar a los compañeros a mostrar soluciones alternativas para la solución de este problema, más imaginativas que las consabidas jubilaciones anticipadas de los mayores de 51 años en el caso de empresas estatales, dejando que los trabajadores de la industria auxiliar que son del orden de u 60% del total, se las apañen como puedan, independientemente de su edad. Si así sucede, tendré sumo gusto en prestar espacio de esta revista a la descripción de dichas soluciones.
No cabe duda, que la solución más simple para el que manda es el ajuste por abajo, siempre ocurre así cuando es la derecha quien gobierna, y por ello tenemos justificadas razones para esperar otro tipo de soluciones más “trabajadas” con nuestro Gobierno socialista.

1 ¿Situaciones anómalas?

Sabemos que el Gobierno francés va a inyectar dinero público, de un 25 a un 30% del capital en el debilitado grupo industrial Alsthom, propietario de los Astilleros Chantiers de L’Atlantique, en Saint Nazaire, Bretaña. La aportación supondría una cantidad superior al millón de euros.
La solución que buscó en su momento el grupo público italiano de construcción naval Fincantieri, “convenciendo”, gracias al apoyo del Gobierno, a un grupo de Bancos acreedores, que anteriormente resultaron muy favorecidos por las gestión de la financiación de la ayudas previamente concedidas, a tomar el 17% del capital de la compañía. Lo que, unido a una “generosa” contratación de los barcos militares por parte del Estado italiano, aspecto este que no está prohibido por Bruselas y que es posible mientras no tenga lugar la segregación de los astilleros militares de los civiles. ¿Sería factible algo similar en España?
En Dinamarca, el Ministerio de Economía se encuentra en conversaciones con el Danish Ship Finance Fund para contribuir con 300 millones de coronas a la ayuda a los astilleros daneses
El “liberalismo” norteamericano se manifiesta en su país del siguiente modo: la “Jonas Act” obliga a que el tráfico entre puertos estadounidenses se haga en buques estadounidenses construidos en los Estados Unidos. Se ha puesto en marcha además por la Administración norteamericana (MARAD) un plan en el que pagará para cada buque, cuya construcción haya sido aprobada, el 75% del coste real de construcción, no superando los 50 millones de dólares por buque.
En Alemania, el grupo Aker ha ganado una batalla legal que mantenía contra la Comisión europea en la Corte de Justicia europea sobre las restricciones a la capacidad de producción que pesaban sobre los astilleros reestructurados de la antigua Alemania del Este al entregar 11500 cgt en lugar de los 91000 cgt que tenía permitidos. Con la Comunidad se puede pleitear y a veces como se ve también se gana. Ya sabemos que lo más fácil es bajar los brazos, sobre todo, cuando los damnificados van a ser otros, pero ahora está gobernando el PSOE y no el PP, por eso tenemos la seguridad que veremos la diferencia.

2 Tecnología e imaginación

Sabido es que está prevista la preparación de potabilizadoras en el Levante español, que pueden ocasionar notables sobrecostos si queremos preservar el medioambiente, en especial, para la eliminación de la salmuera obtenida como subproducto del proceso de ósmosis inversa, quizá cupiera la solución alternativa de disponer las instalaciones marinas lejos de la costa aprovechando la experiencia de SEPI en la construcción de plataformas off-shore. Si se utilizan fuentes alternativas de energía como la eólica (sistemas que, por cierto, también fabrica IZAR) como suministro principal de energía pero que dada su naturaleza aleatoria, necesita de una fuente de apoyo más constante que pudiera suministrar la industria auxiliar naval que actualmente trabaja para los astilleros. Esto no lo arregla el mercado el sólo y automáticamente según, se indiqué en el artículo anterior de este blog, y esta es una de las situaciones en las que hay que corregir al mercado.
Tarde o temprano, el Gobierno deberá plantearse, teniendo en cuenta la subida del petróleo por un lado, y las exigencias medioambientales derivadas del Protocolo de Kioto, la necesidad de establecer sistemas de calefacción e incluso de refrigeración de distrito, casi inexistentes en la actualidad en España, pero muy usados en otros países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, países nórdicos etc. mediante técnicas de cogeneración y trigeneración (en el caso de climatización). Aquí cabría la utilización de motores alternativos, Diesel y turbinas de vapor y de gas que podrían descongestionar el descenso en los pedidos de la industria naval, en particular, en el caso de la industria auxiliar.
En el caso de preparación de centrales de ciclo combinado, para generación de electricidad, y adaptación de las existentes de simple ciclo, abriría la posibilidad de fabricación de nuevas turbinas de vapor y de gas, para el segundo ciclo, consiguiendose además una disminución en el CO2 emitido a la atmósfera
La reorganización de los procesos de diseño, producción y gestión relacionados con la calidad total (EFQM, Deming, y Malcolm Baldrige) con el fin de aumentar la productividad incluyendo, además, la introducción masiva de automatización de las operaciones, mediante el uso de circuitos integrados y sistemas controlados por ordenador. Debemos hacer notar que existen otras maneras más evolucionadas de rebajar los costes que echar personal a la calle, si bien requieren conocimientos, experiencia, mentalización y determinación.
¿Es realmente más barato construir potabilizadoras en las Islas Canarias y Baleares que transportar agua potable en buques cisterna, se han hecho estos estudios comparados al respecto?

3 Política Fiscal

Muchas de las actividades que se realizan hasta llegar a la construcción final de un buque podrían ser consideradas actividades de I+D+I, con el cambio que ello supondría desde el punto de vista de la consideración de ayudas del Estado [Reglas y Convenciones OCDE(gp (94)(84)(Manual de Frascati) UE (COM 96/C, 45/06, y Reg 1540/98]
Muchas de las modificaciones de diseño de buques podrían conseguir la consideración de prototipos, realmente es así, pudiendo caer dentro de los planes de I+D determinados al efecto.
Existen naciones, como Alemania, que proporciona facilidades fiscales al pequeño inversor que invierte en empresas navales, posibilidad que no existe en España.
Todas estas cuestiones y algunas más pueden y deben ser desarrolladas con mayor detalle, nos abren las puertas a soluciones distintas a la consabida de mandar a los trabadores a su casa.
Si los negociadores y gestores con los que contamos no están capacitados para discutir o negociar estas cuestiones, parece más sensato y justo cambiarlos, antes de empezar a despedir trabajadores de forma más o menos encubierta.
Si tenemos tiempo suficiente, prometemos exponer con mayor detalle, en esta revista, algunas de estas cuestiones, si bien, espero de nuestra administración la “cintura” suficiente para trabajar en alguna de las direcciones comentadas. Si así lo hacen nuestro esfuerzo habrá merecido la pena. La existencia de nuevo de un Ministerio de Industria, pensamos puede favorecer mucho las cosas, siempre que se le proporcione el poder coordinador adecuado, ese ha sido otro acierto mas de nuestro Gobierno y no dudamos que nuestro Presidente cumplirá su palabra como lo ha hecho en todas las ocasiones en que la ha empeñado, pasando por encima de los repartos mezquinos de poder, que a veces se dan en la Administración. Existe quizás una disfuncionalidad en la SEPI, dependiente de Economía, que la hace poco considerada a los argumentos tecnológicos, de mucho peso, en este caso.
Debería realizarse un estudio técnico-economico detallado y rápido, de las políticas tecnológicas seguidas por Corea y Japón para el desarrollo pujante de sus astilleros, algo, sin duda, podremos aprender y luego implantar en lugar de seguir haciendo de cirujanos.
Seguir estructurando nuestra industria con criterios exclusivos de ahorro de costes de personal, conducirá indefectiblemente a una desindustrialización masiva del pais.

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