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25 marzo 2010
16 marzo 2010
Despotismo contrademocrático
José María Zufiaur – Consejo Científico de ATTAC España
El grupo de los denominados “100 economistas” (que, en realidad, eran 95 y ahora han debido de pasar a ser 94, tras la retirada, por razones institucionales, del actual Secretario de Estado de Economía, Sr. Campa) se ha convertido en la punta de lanza de las propuestas más duras contra dos de los pilares de nuestro modelo social: la legislación laboral y el sistema de pensiones. En su manifiesto anterior defendían un contrato único prácticamente descausalizado y sin control judicial, pretendiendo, de esta manera, “solucionar” la segmentación de nuestro mercado de trabajo por la vía de convertir a todos los trabajadores contratados en precarios. Ahora, anuncian otro sobre las pensiones (El País, 27 de febrero de 2010) en el que plantean, entre otras cosas, bajar la pensión respecto del último salario ya que, según su criterio, la tasa de sustitución (la relación entre la pensión y el último salario) de las pensiones públicas es en nuestro país demasiado alta y generosa.
Pero, siendo esa afirmación ciertamente discutible, lo realmente grave de su propuesta es la pretensión de sustituir el debate político, el diálogo social y, sobre todo, al propio Parlamento por una comisión de expertos “independientes”. De tal manera que sea lo que digan tales expertos lo que haya de comprometer al Pacto de Toledo, es decir, al Parlamento y a la soberanía popular.
Si la esencia de la dogmática neoliberal es la defensa de la supremacía del mercado y de las decisiones económicas sobre la política y las decisiones democráticas, no es fácil encontrar una manifestación tan palmaria de ello como la que plantean este grupo de economistas; cuyos postulados no nos retrotraen al siglo XVII, al Antiguo Régimen y a la Ilustración – todo para el pueblo, pero sin el pueblo – sino que más bien nos muestran la confluencia de su ideología con los postulados de la extrema derecha norteamericana de Sarah Palin, Dick Cheney y el “Tea Party” en su ofensiva contra las decisiones políticas con motivo de la reforma sanitaria del Presidente Obama. En el fondo, lo que plantean estos expertos es que el mayor problema de las pensiones es que los pensionistas actuales y los pensionables futuros, es decir, la inmensa mayoría de la población, votan. Y que con su voto “obstaculizan” e impiden que los políticos adopten las decisiones acertadas que, naturalmente, sólo ellos saben.
Lo primero que cabe decir de su planteamiento es que es sesgado. La tasa de sustitución que dicen es que la rige en España, superior al 80% del último salario, de las pensiones de jubilación es un supuesto teórico – jubilación a los 65 años y con una carrera de seguro completa – que no corresponde a la realidad. Lo que importa es la tasa de sustitución real del conjunto del sistema. Y ésta no llega en las nuevas pensiones de jubilación a alcanzar el 60% de los salarios medios. Ello es debido a que en España existen: I) topes máximos de cotización, y consecuentemente también una pensión máxima topada y unos salarios bastante inferiores a los de muchos países europeos; II) coeficientes reductores comparativamente muy altos en casos de jubilación anticipada; III) muchos trabajadores son expulsados del mercados de trabajo antes de llegar a los 65 años y no pueden tener derecho a la pensión máxima; IV) aunque hayan cotizado 14 años y 300 días si no se llegan a cotizar 15 años la tasa de sustitución es cero. Tampoco se tiene en cuenta que en otros países existen pensiones complementarias obligatorias de carácter profesional – pactadas entre empresas y sindicatos -, ni que la actualización de las bases de cotización o la revalorización de las pensiones ya causadas no se realizan sobre los salarios, como en muchos países europeos, ni se contemplan, con el grado de generosidad de bastantes países comunitarios, las bonificaciones y las situaciones de inactividad protegidas, a efectos de cálculo de las pensiones, por cuidado de hijos, personas dependientes, períodos de aprendizaje o de estudios, que en España son muy limitadas y penalizan, sobre todo, a las mujeres. La fiscalidad sobre las pensiones es otro hecho diferencial que también incide en la tasa real de sustitución, en el momento de jubilarse y en los años posteriores.
Pero, sobre todo, lo que merecería una respuesta es el contenido ideológico contrademocrático de la propuesta de estos expertos. Si su anterior manifiesto tuvo como respuesta otro manifiesto, en sentido contrario, de más de 750 expertos de derecho del trabajo, éste merecería otro en el que se manifestaran otras muchas voces. Las de otros expertos, las de las los trabajadores en las empresas, las de sindicalistas, diputados y otros cargos públicos, las de ciudadanos corrientes, las de profesionales de los medios de comunicación….ya que es la propia decisión democrática la que se pone en cuestión.
El sistema público de pensiones es una conquista democrática, una característica esencial de nuestro modelo social, un elemento de solidaridad entre generaciones. Es el fruto de una decisión política. Y es por eso, objeto de debate y de combates. Pero no son los mercados financieros los que han de decidir sobre la cuantía de las pensiones sino que es la sociedad la que debe decidir políticamente cuál es la parte de la riqueza producida que debe destinarse a las personas jubiladas. Es entendible que un tal sistema, que valoriza la decisión política y, por lo tanto, el ejercicio de la democracia, sea intolerable para los neoliberales de todo tipo. Pero es democráticamente inaceptable, por eso, resulta imprescindible una amplia expresión de rechazo de los que creemos que lo intolerable es este tipo de despotismo antidemocrático.
La opinión de los expertos es necesaria y conveniente, aunque no sean independientes. Es difícil, desde luego, asignarles este adjetivo a los integrantes del manifiesto que son coordinados por una fundación, FEDEA, que depende de grandes empresas y del Banco de España. Pero nunca pueden estar estas opiniones por encima de las instituciones democráticas. Además, en esta cuestión no sólo tienen que opinar los expertos
- todo tipo de expertos y no sólo los economistas; todo tipo de expertos y no sólo los ultraliberales.
- sino también las organizaciones sociales, los políticos, los ciudadanos, los intelectuales de todo tipo.
Ya que de lo que estamos hablando es del modelo de sociedad que queremos para el futuro
Publicado en Sistema digital
09 marzo 2010
22 febrero 2010
18 febrero 2010
La Justicia, la Democracia y Garzón
Alfredo Carralero*
Resumen: en el presente artículo se analiza que una parte de la judicatura sintoniza con los planteamientos de la ultraderecha y utiliza la figura de Garzón como “cabeza de turco” pues ve que algunas de sus actuaciones: Memoria Histórica, lucha contra la delincuencia económica, los paraísos fiscales, en pro de la Justicia Universal, y atenta contra los intereses vitales de las clases dirigentes. El alumbrar las zonas de penumbra en las que se urden los manejos de los poderosos, es ensanchar la democracia real y las clases dirigentes lo perciben como incompatible con su “status” real. Es por el mismo motivo, que viven como un ataque real la ley de la Memoria Histórica y el poner en duda el relato “canónico” de la Transición.
Independientemente de lo que se piense, sobre la figura del Juez Garzón, lo que parece cierto es que estamos asistiendo a la apertura de un nuevo frente por el que se ha lanzado en tromba la derecha jurídica a atacar los postulados de justicia, progreso y democracia. Por cierto, estos elementos no han dejado de hacer lo mismo desde los ya lejanos tiempos de la Transición. En efecto, una parte de la Judicatura y el aparato judicial se ha convertido en el ariete de la ultraderecha y de los valores más reaccionarios y rancios de la sociedad española y ello fundamentalmente por dos motivos: por historia y por procedencia social.
Por historia, porque hasta no hace mucho tiempo la judicatura servía exclusivamente para disciplinar a las masas cuando éstas pretendían dejar de ser meras comparsas de la Historia y decidían erigirse en protagonistas o poner en peligro el sacrosanto principio de la propiedad. El otro cometido básico que se asignaba la justicia, era el ser mediador en los litigios de propiedad de los poderosos: herencias y temas similares, esto siguió siendo así hasta mediados de los setenta del pasado siglo. Estos eran pues los cometidos que se había marcado a la judicatura, como una de las clases dirigentes en defensa de los privilegios e intereses del conjunto de estas clases sociales. Tras la eclosión del uso de la Justicia, de una forma masiva, en los dichos años setenta, por una sociedad más dinámica, hizo que la judicatura en vez de plantearse convertir la Justicia en un eficiente servicio público, ven con fastidio el problema de la clasificación y lo viven como una agresión a su santa siesta de procedimiento decimonónico: atacan el jurado, se oponen a que ingresen mas jueces por el cuarto turno, impiden los procesos de modernización y racionalización con fútiles argumentos garantistas (recuérdese el reciente problema de los secretarios de juzgado).
Y lo que es más grave, la judialización de la vida pública, les convierte “de facto” en los árbitros de la vida política. Solo en ese sentido se puede entender la expectación ante el fallo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La judialización de la política, fue un terrible gol que la derecha marcó a los constituyentes: los Peces Barba, Solé Tura y otros se lo dejaron marcar con total candor a pesar de una experiencia histórica muy conocida: en la República de Weimar, los jueces de la ultraderecha prusiana, boicotearon a nivel legal todos los intentos de la socialdemocracia por convertir a Alemania en un país democrático, de conseguir salir de la crisis económica terrible en que se encontraban. Con todo esto sin duda fueron otro de los estamentos junto con el Ejército que allanaron el camino al poder a Adolfo Hitler.
¿Y por qué éstas reflexiones?, porque el brutal ataque al juez Garzón tiene componentes de todo tipo, pero hay uno fundamental: la ocultación a la ciudadanía de las actividades de las clases dirigentes en el que luego ahondaremos. Pero el ataque es terriblemente cínico, hablando de Botín como “patrón” y “comprador” de la voluntad de Garzón. ¿Creen que se nos ha olvidado la doctrina “Botín” que impuso el Supremo?. Con ella, se quiso cortar de raíz iniciativas populares de justicia frente a los verdaderamente poderosos, y los jueces del Supremo, esos sí, favorecieron a Botín, negando la legitimidad de la iniciativa popular en la denuncia de los turbios delitos económicos en que supuestamente estaba metido Botín.
Pero quizá el tema que hizo saltar todas las alarmas de la ultraderecha, fue el auto del juez Garzón dirigido a juzgar a los generales golpistas de 1936. Auto con fuerte carga simbólica si se quiere, pero carente de importancia practica pues todos los posibles inculpados habían fallecido ya hacía tiempo.
¿Entonces por qué éste ataque fulminante?. Aparte del cinismo de plantear que Garzón prevarica, porque la ley de Amnistía, anterior a la Constitución hizo inexistentes los delitos del fascismo, que el auto comenzaba a enjuiciar. Todo ello sin entrar a considerar los nuevos derroteros del Derecho Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad. Lo cierto es que la ultraderecha vive la ley de la Memoria, como un ataque frontal a su “status quo” y su hegemonía actual, como si se pretendiera reescribir la historia y ésta vez sí, derrotarla. Porque, lo cierto es que la derecha fue la triunfadora clara de la Transición.
Pero vayamos por partes, la caída del régimen fascista no se produjo por más que machaconamente se nos diga por la “audacia” de Suárez o la “valentía” del Rey, estos dos “pilotos de la Transición”, vivían cada día con el sobresalto de si sería el día en que los fascistas les meterían en un avión y les echarían de España, o más expeditivamente, los más exaltados les pondrían contra un paredón por “traidores”.
No, la ruptura hasta dónde fue posible, la hicieron las masas con sus entonces gigantescas movilizaciones y huelgas. El tributo de sangre fue enorme, las razias de las policías paralelas, los “disparos al aire” siempre con muertos. El pueblo pasa a ser el protagonista de la historia de España como en pocos momentos lo ha sido, el final de los años setenta, junto con 1931 y 1936, la II República y el comienzo de la Guerra Civil, es cuando las masas exigen el protagonismo que les corresponde y exigen realmente libertad y democracia.
Y la derecha se aterroriza: el pueblo movilizado exigiendo democracia real es incompatible con su dominación real. Y empiezan a maniobrar para desmovilizar a las masas, ¿se acuerdan Uds. de lo que de inmediato se vino a denominar “el desencanto”, pues eso. La Constitución prohíbe expresamente la huelga de solidaridad, fundamental arma de las clases populares. En la Constitución y en las leyes posteriores se define un sistema electoral mayoritario, que impide las iniciativas electorales y desanima a la participación. Cuesta tanto ser elegido en una lista electoral que solo le es posible realizarlo a grandes organizaciones, por otra parte las listas electorales son cerradas y bloqueadas lo que hace que son los dirigentes de los partidos los que deciden a quien y en qué lugar se vota, sin ninguna intervención de la ciudadanía. Como se ve se define un régimen político en que se desea que la única participación de los ciudadanos sea para votar cada cuatro años, en un sistema configurado como bipartidista: liberales y conservadores, y además no es preciso que voten todos. Como se ve una estupenda reedición del periodo de la Restauración; y cuando fue necesario se recurrió a la “Razón de Estado” con el fin de sustraer de la opinión pública temas inconvenientes o vidriosos: la actuación de las policías secretas, las relaciones Iglesia Estado, la adscripción a la OTAN, etc.
Porque en esencia éste es el quid de la cuestión, de todas las cuestiones: mantener en las penumbras los manejos políticos, económicos y personales de las clases dirigentes, pues es en esa penumbra en donde se cocinan todas las medidas contrarias a los intereses populares y que no se pueden confesar abiertamente pues supondría que se verían con claridad sus intenciones. ¿Qué otra cosa, sino significa términos tan machaconamente repetidos hoy en día como: reducción del déficit o abordar la necesaria reforma del mercado de trabajo? traducción: acabar con el gasto social y hacer el despido no ya libre, sino gratuito.
Y éste, sí es el pecado del Juez Garzón pretender que la justicia ilumine las zonas oscuras de la “Razón de Estado” y sus tenebrosos tentáculos de las policías secretas, conseguir que se discuta públicamente de los inconfesables negocios de las clases dirigentes o los grupos mafiosos, ¿Porque, en qué paraíso fiscal terminan unos y comienzan otros?.
Y finalmente, como osa Garzón poner en duda el relato “canónico” de la Transición que primero pretende dar dignidad a los asesinados por el fascismo, pero eventualmente rehacer la historia de una nueva Transición en beneficio de las clases populares.
¿Cómo se puede permitir que los amos del mundo y sus sicarios estén sometidos a la justicia ordinaria?. Detener al pobre Pinochet, que vino incluso al entierro de Franco y además es ya un tierno viejecito. Quienes hacen eso son unos resentidos que escarban en el pasado o algo peor... ¿Qué es ese invento de la Justicia Universal, que un grupo de jueces arrojados y valientes han levantado frente a la corrupción, el secreto, la desidia y el olvido interesado?.
El extender y alumbrar con una justicia igual para todos los actos delictivos de las clases dirigentes, impedir su cleptomanía, el poder de sus mafias y el disfrute y tranquila digestión en los paraísos fiscales, eso es lo verdaderamente intolerable pues ahonda en la democracia.
¿Y frente a todo esto qué hacer?. Lo primero de todo, defender a Garzón con todas las armas, pues de todo lo dicho de desprende que se le ataca por ser “cabeza de turco” para ejemplarizar lo que no se desea que ocurra en democracia. Bajo ningún concepto se desea que la democracia se ensanche e ilumine las zonas de penumbra y porque el ejercicio de una justicia a la que todos estén sometidos, sin fueros especiales, es una de las garantías de la democracia.
Pero debemos dar pasos adelante contra los privilegios de quienes utilizan su posición en la judicatura para defender sus intereses corporativos y desde luego ser monaguillos de las necesidades e intereses de las clases dirigentes. ¿Y cómo?, pues aun siendo lego en la materia, pero es de ver, que a un déficit democrático se le combate con mas democracia. Quizá el derecho anglosajón nos indique el camino: potenciación de la figura del Jurado, elección de fiscales, creación de instancias en las que actúen jueces elegidos democratice. En suma democratizar al estamento judicial, pues mantener la situación actual hace un daño irreparable a la democracia, es mas la impide.
*Consultor Informático y de TI
Madrid Febrero 2010
30 septiembre 2009
Elecciones europeas: ganan los conservadores, pero cambia la politica económica
Julio Rodríguez López
Los resultados electorales del pasado 7 de junio en la Unión Europea han puesto
de manifiesto un evidente retroceso electoral de los partidos socialistas y
socialdemócratas, mientras que han ganado puntos los partidos conservadores.
Dicho resultado se ha producido a pesar de que la grave crisis económica
mundial ha puesto en cuestión algunos elementos básicos de la política
económica desarrollada en los últimos años.
La desregulación de los mercados en general y del sistema financiero en
particular, la orientación de las políticas fiscales hacia la reducción del peso del
gasto público en la economía, el manejo de los tipos de interés como eje central
de la política económica, la consideración generalizada de que los mercados
tienden a autorregularse... han sido elementos clave de la ortodoxia económica
conservadora dominante desde los años ochenta. Junto a lo anterior, han
predominado los objetivos a corto plazo frente a los objetivos clásicos
(crecimiento, empleo, balanza de pagos, distribución no excesivamente desigual
de la renta nacional).
Sin embargo, las actuaciones desarrolladas para hacer frente a la crisis
económica iniciada en 2007 con “la madre de todas las burbujas globales del
mercado de vivienda” (P. Krugman, The Economist, “Dismal science”, 13 de
junio de 2009), han supuesto una ruptura evidente con la ortodoxia económica
desarrollada durante casi un cuarto de siglo.
Así, desde el otoño de 2008 se ha apelado a mayores niveles de gasto público y
al déficit público creciente para responder a las brutales caídas de la demanda y
de la liquidez bancaria, situación que tuvo lugar sobre todo tras la quiebra del
banco Lehman Brothers en septiembre de 2008. Se han reducido hasta el
mínimo los tipos de interés de los bancos centrales, se han practicado políticas
agresivas de saneamiento de bancos en situación problemática y, por último, se
han aplicado políticas de “alivio cuantitativo”, consistentes en ampliar de forma
sustancial los balances de los bancos centrales.
Con dicha política económica se ha tratado de mantener en pie no sólo la
demanda efectiva y la actividad productiva de la economía, sino que se ha
aportado masivamente liquidez a bajo coste a bancos y a empresas financieras y
no financieras. La política en cuestión ha sido aplicada por numerosos
Gobiernos de diferentes coloraciones políticas. De camino, algunos líderes de
partidos conservadores, como es el caso de Angela Merkel en Alemania y de
Nicolas Sarkozy en Francia, no han ocultado sus críticas a los excesos del
capitalismo anglosajón.
El análisis empleado para racionalizar el ataque a la crisis recuerda bastante a lo
más esencial de las recomendaciones de Keynes y de Minsky para superar las
crisis del pasado: la actividad y el empleo dependen de la demanda efectiva,
dentro de la cual la inversión depende sustancialmente de los tipos de interés y
de las expectativas. Los salarios nominales son rígidos a la baja. Demanda
efectiva, salarios nominales y el nivel de empleo determinan los salarios reales.
La deflación salarial conduce a una menor demanda y a menores niveles de
actividad y de empleo.
El capitalismo resultante tras la superación de la crisis tendrá sin duda mayores
niveles de regulación, en especial dentro del sistema financiero. Se ha evitado la
depresión, pero el crecimiento previsto para la fase de recuperación parece va a
ser demasiado débil como para mejorar a corto plazo la penosa situación del
empleo en los mercados de trabajo.
“Keynes pensaba que el capitalismo, si se le sabe llevar, puede ser efectivo en la
consecución de los objetivos económicos... El logro de un nivel satisfactorio de
empleo es el concepto más ideológicamente consistente de la ‘Teoría General’
de Keynes”. (Joan Robinson, “Filosofía económica”, Gredos, 1966). Los
votantes, como Keynes, no parecen querer desmontar del todo el capitalismo,
aunque abominen de los aspectos más abusivos de lo que hay ahora; y aunque
se considere normal, tras la crisis, la realización de amplias reformas
institucionales, entre las que destaca la conveniencia de unos mecanismos
reguladores y de una supervisión bancaria y financiera cada vez más globales.
Los votantes prefieren alcanzar las ventajas de la globalización a la vez que
buscan seguridades contra las consecuencias de la integración económica. Ante
una crisis tan grave como la desatada en el verano de 2007, faltó una propuesta
desde el centro-izquierda político promoviendo una distribución mayor de las
oportunidades de la globalización (Ph. Stephens, “Crisis? The market confounds
the left”, FT, 12 de junio de 2009). Pero sobre todo en la izquierda política sigue
faltando convicción y un propósito decidido y no vergonzante de hacer frente a
los nuevos problemas, reduciendo el alcance de los mismos. En lugar de
limitarse a ofrecer certezas y garantías supuestamente tranquilizadoras.
Publicado en El Siglo
24 febrero 2007
19 febrero 2007
03 febrero 2007
27 enero 2007
03 enero 2007
22 diciembre 2006
El factor Phelps: ¿la única política económica posible?
Joseph E. Stiglitz
El 10 de diciembre, Edmund Phelps, mi colega en la Universidad de Columbia, ha recibido el Premio Nobel de Economía de 2006, lo merecía desde hace mucho tiempo. Si bien el Comité del Premio Nobel citó sus contribuciones a la macroeconomía, Phelps ha hecho, también, considerables aportaciones en muchas otras áreas, incluída la teoría del crecimiento y el cambio tecnológico, la tributación óptima y la justicia social.
La aportación clave que Phelps hizo en el campo de la macroeconomía es que las expectativas afectan a la relación entre la inflación y el desempleo y, ya que las expectativas en sí mismas son endógenas, cambian a lo largo del tiempo, también lo hace la relación entre desempleo e inflación. Si un gobierno intenta hacer descender la tasa de desempleo a niveles muy bajos, la inflación va a aumentar y también lo harán las expectativas inflacionarias.
Este razonamiento tiene dos posibles implicaciones de política económica. Algunos políticos han concluido a partir del análisis de Phelps que la tasa de desempleo no puede bajar permanentemente sin que aumenten los niveles inflacionarios. Por lo tanto, las autoridades monetarias simplemente deben centrarse en la estabilidad de los precios buscando una tasa de desempleo a la que la inflación no aumente, conocida como “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación” (NAIRU, por sus siglas en inglés “non-accelerating inflation rate of unemployment”).
Pero la NAIRU no es inalterable. La implicación correcta, que Phelps enfatizó repetidamente, es que los gobiernos pueden y deben implantar una variedad de políticas distintas, en particular, políticas estructurales que permitan a la economía operar a un nivel más bajo de desempleo.
Las políticas que se centran exclusivamente en la inflación están equivocadas por otras razones adicionales. Como una cuestión práctica, incluso controlando las expectativas (como Phelps insiste en su obra que se haga), la relación entre el desempleo y la inflación es altamente inestable. Es prácticamente imposible descifrar dicha relación a partir de los datos excepto en unos cuantos períodos aislados.
Parte de la explicación de esta inestabilidad se encuentra en los cambios en los niveles de educación, en la actividad sindical y en la productividad. Pero cualquiera que sea la razón, los políticos se enfrentan a una incertidumbre considerable en cuanto al nivel de la tasa de paro con inflación estable. Por lo tanto, todavía se enfrentan al dilema de presionar muy a la baja la tasa de desempleo y desencadenar un período de inflación, o no presionar lo suficiente, lo que se traduciría en un derroche innecesario de recursos económicos.
La manera en que se perciben estos riesgos depende de los costos de enmendar los errores, lo que a su vez depende de otras propiedades de la relación inflación-desempleo que en el análisis de Phelps no se abordaron. El peso de las evidencias muestra que el costo de enmendar el error de presionar demasiado a la baja la tasa de desempleo es en sí mismo muy bajo, al menos en países como Estados Unidos donde la relación se ha estudiado detenidamente. Según este punto de vista, la Reserva Federal debería buscar agresivamente una tasa de desempleo baja hasta que se vea que la inflación está aumentando.
En contraste, los “halcones” de la inflación afirman que hay que atacarla de manera preventiva. Si bien la mayoría de los Bancos Centrales son halcones de la inflación, esta postura es una cuestión de religión y no de ciencia económica. Sencillamente, no hay evidencias empíricas, o hay muy pocas, de que las tasas bajas y moderadas de inflación que se han dado en las décadas recientes, tengan algún efecto dañino real y significativo en la producción, el empleo, el crecimiento o la distribución del ingreso. Tampoco hay pruebas de que si la inflación aumenta ligeramente ésta no pueda revertirse a un costo relativamente menor, comparable con los beneficios del empleo y crecimiento adicionales que se disfrutaron en la fase expansión excesiva de la economía que condujo al aumento de la inflación.
A principios de los años 1990, la Reserva Federal y muchos otros creían que la tasa de paro con inflación estable (NAIRU) estaba entre el 6% y el 6,2%. Tomando como base los cambios producidos en la economía, el equipo que trabajó conmigo en el Consejo de Asesores Económicos del Presidente Bill Clinton y yo argumentábamos que la NAIRU era considerablemente más baja. Teníamos razón, el desempleo cayó al 3,8 % sin que la inflación aumentara repentinamente.
Esto es importante porque, como argumentó el gran economista Arthur Okun, al reducir el desempleo en dos puntos porcentuales la producción aumentaría de 2 a 6 % o de 0,5 a 1,5 billones de dólares en el caso de Estados Unidos. Incluso para un país rico esto es mucho dinero. Se podría utilizar para dar al sistema de Seguridad Social estadounidense una base sólida durante los siguientes 75 a 100 años. Incluso podría pagar una parte sustancial de una guerra como la de Iraq.
El trabajo de Phelps nos ayudó a entender la complejidad de la relación entre la inflación y el desempleo y el papel tan importante que las expectativas pueden desempeñar en esa relación. Pero es una mala interpretación de ese análisis concluir que nada puede hacerse acerca del desempleo o que las autoridades monetarias deberían enfocarse exclusivamente en la inflación.
Ese punto de vista es el de una escuela de la macroeconomía “moderna” que supone que hay expectativas racionales y mercados en perfecto funcionamiento. En otras palabras los individuos, que se supone idénticos, utilizan plenamente toda la información disponible para prever el futuro en un entorno de competencia perfecta, sin fallas en los mercados de capitales y una cobertura plena de todos los riesgos. No sólo son absurdos los supuestos sino también las conclusiones que obtienen: no hay desempleo involuntario, los mercados son completamente eficientes y la redistribución no tiene consecuencias reales. Pero, según esta escuela, no importa mucho que las políticas gubernamentales no sean efectivas. No es necesaria la intervención del gobierno porque los mercados siempre son eficientes, y lo que es todavía más perjudicial, muchos seguidores de esta postura, cuando se enfrentan a la realidad del desempleo, dicen que sólo surge por las rigideces impuestas por los gobiernos y por los sindicatos. En su mundo “ideal” sin ellas afirman que no habría desempleo.
Durante más de tres décadas, Phelps ha demostrado que hay un enfoque alternativo. Ha tratado de entender qué podemos hacer para reducir el desempleo y aumentar el bienestar de los de abajo. Pero también se ha esforzado en comprender qué es lo que hace dinámicas a las economías capitalistas, qué hay detrás del espíritu empresarial y qué podemos hacer para promoverlo más. La economía de Phelps sigue siendo de acción y no de resignación.
Publicado en Project Syndicate (December)
Technorati tags: economia, politica
La aportación clave que Phelps hizo en el campo de la macroeconomía es que las expectativas afectan a la relación entre la inflación y el desempleo y, ya que las expectativas en sí mismas son endógenas, cambian a lo largo del tiempo, también lo hace la relación entre desempleo e inflación. Si un gobierno intenta hacer descender la tasa de desempleo a niveles muy bajos, la inflación va a aumentar y también lo harán las expectativas inflacionarias.
Este razonamiento tiene dos posibles implicaciones de política económica. Algunos políticos han concluido a partir del análisis de Phelps que la tasa de desempleo no puede bajar permanentemente sin que aumenten los niveles inflacionarios. Por lo tanto, las autoridades monetarias simplemente deben centrarse en la estabilidad de los precios buscando una tasa de desempleo a la que la inflación no aumente, conocida como “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación” (NAIRU, por sus siglas en inglés “non-accelerating inflation rate of unemployment”).
Pero la NAIRU no es inalterable. La implicación correcta, que Phelps enfatizó repetidamente, es que los gobiernos pueden y deben implantar una variedad de políticas distintas, en particular, políticas estructurales que permitan a la economía operar a un nivel más bajo de desempleo.
Las políticas que se centran exclusivamente en la inflación están equivocadas por otras razones adicionales. Como una cuestión práctica, incluso controlando las expectativas (como Phelps insiste en su obra que se haga), la relación entre el desempleo y la inflación es altamente inestable. Es prácticamente imposible descifrar dicha relación a partir de los datos excepto en unos cuantos períodos aislados.
Parte de la explicación de esta inestabilidad se encuentra en los cambios en los niveles de educación, en la actividad sindical y en la productividad. Pero cualquiera que sea la razón, los políticos se enfrentan a una incertidumbre considerable en cuanto al nivel de la tasa de paro con inflación estable. Por lo tanto, todavía se enfrentan al dilema de presionar muy a la baja la tasa de desempleo y desencadenar un período de inflación, o no presionar lo suficiente, lo que se traduciría en un derroche innecesario de recursos económicos.
La manera en que se perciben estos riesgos depende de los costos de enmendar los errores, lo que a su vez depende de otras propiedades de la relación inflación-desempleo que en el análisis de Phelps no se abordaron. El peso de las evidencias muestra que el costo de enmendar el error de presionar demasiado a la baja la tasa de desempleo es en sí mismo muy bajo, al menos en países como Estados Unidos donde la relación se ha estudiado detenidamente. Según este punto de vista, la Reserva Federal debería buscar agresivamente una tasa de desempleo baja hasta que se vea que la inflación está aumentando.
En contraste, los “halcones” de la inflación afirman que hay que atacarla de manera preventiva. Si bien la mayoría de los Bancos Centrales son halcones de la inflación, esta postura es una cuestión de religión y no de ciencia económica. Sencillamente, no hay evidencias empíricas, o hay muy pocas, de que las tasas bajas y moderadas de inflación que se han dado en las décadas recientes, tengan algún efecto dañino real y significativo en la producción, el empleo, el crecimiento o la distribución del ingreso. Tampoco hay pruebas de que si la inflación aumenta ligeramente ésta no pueda revertirse a un costo relativamente menor, comparable con los beneficios del empleo y crecimiento adicionales que se disfrutaron en la fase expansión excesiva de la economía que condujo al aumento de la inflación.
A principios de los años 1990, la Reserva Federal y muchos otros creían que la tasa de paro con inflación estable (NAIRU) estaba entre el 6% y el 6,2%. Tomando como base los cambios producidos en la economía, el equipo que trabajó conmigo en el Consejo de Asesores Económicos del Presidente Bill Clinton y yo argumentábamos que la NAIRU era considerablemente más baja. Teníamos razón, el desempleo cayó al 3,8 % sin que la inflación aumentara repentinamente.
Esto es importante porque, como argumentó el gran economista Arthur Okun, al reducir el desempleo en dos puntos porcentuales la producción aumentaría de 2 a 6 % o de 0,5 a 1,5 billones de dólares en el caso de Estados Unidos. Incluso para un país rico esto es mucho dinero. Se podría utilizar para dar al sistema de Seguridad Social estadounidense una base sólida durante los siguientes 75 a 100 años. Incluso podría pagar una parte sustancial de una guerra como la de Iraq.
El trabajo de Phelps nos ayudó a entender la complejidad de la relación entre la inflación y el desempleo y el papel tan importante que las expectativas pueden desempeñar en esa relación. Pero es una mala interpretación de ese análisis concluir que nada puede hacerse acerca del desempleo o que las autoridades monetarias deberían enfocarse exclusivamente en la inflación.
Ese punto de vista es el de una escuela de la macroeconomía “moderna” que supone que hay expectativas racionales y mercados en perfecto funcionamiento. En otras palabras los individuos, que se supone idénticos, utilizan plenamente toda la información disponible para prever el futuro en un entorno de competencia perfecta, sin fallas en los mercados de capitales y una cobertura plena de todos los riesgos. No sólo son absurdos los supuestos sino también las conclusiones que obtienen: no hay desempleo involuntario, los mercados son completamente eficientes y la redistribución no tiene consecuencias reales. Pero, según esta escuela, no importa mucho que las políticas gubernamentales no sean efectivas. No es necesaria la intervención del gobierno porque los mercados siempre son eficientes, y lo que es todavía más perjudicial, muchos seguidores de esta postura, cuando se enfrentan a la realidad del desempleo, dicen que sólo surge por las rigideces impuestas por los gobiernos y por los sindicatos. En su mundo “ideal” sin ellas afirman que no habría desempleo.
Durante más de tres décadas, Phelps ha demostrado que hay un enfoque alternativo. Ha tratado de entender qué podemos hacer para reducir el desempleo y aumentar el bienestar de los de abajo. Pero también se ha esforzado en comprender qué es lo que hace dinámicas a las economías capitalistas, qué hay detrás del espíritu empresarial y qué podemos hacer para promoverlo más. La economía de Phelps sigue siendo de acción y no de resignación.
Publicado en Project Syndicate (December)
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