Posiciones en Izquierda socialista

IZQUIERDA SOCIALISTA - DOCUMENTO DE POSICIONES (IV). SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA

de IZQUIERDA SOCIALISTA - CORRIENTE DE OPINIÓN INTERNA DEL PSOE, el Viernes, 30 de septiembre de 2011 a las 17:26

3.2. - Un Estado Laico

            Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al servicio de ninguna confesión religiosa.  El mundo de las creencias religiosas tiene sus propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho obligan a todos.

PROPUESTAS:

• Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el Estado Vaticano el año 1978.
• Garantizar la independencia del Estado respecto a cualquier organización o confesión religiosa. Garantizar el derecho fundamental a tener las creencias que se consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona o colectivo.
• Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

3.3.- Un Estado participativo: ampliar la democratización del sistema político y la participación de la ciudadanía

            En un Estado social de derecho como es España, el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos, mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales de los gobiernos.

            Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en interacción con la ciudadanía.

            Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por iniciativa popular.

            La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información, sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más responsables y más solidarios.

            Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser pioneros en transparencia, en comunicación veraz y solida, en crear núcleos de exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y  honestidad.

                               

PROPUESTAS:

• Reforma de la Ley  electoral para una representación más proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias. También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los electores y de los representantes elegidos.
• Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos (un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los ciudadanos.
• Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción política institucional, creando nuevos cauces de participación democrática y control del ejercicio del poder político.
• Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de evaluación, control y modernización administrativa.
• Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y democrática.
• Participación ciudadana en la toma de decisiones mediante procesos de selección de quienes integrarán los órganos de Gobierno a través del sufragio universal o mediante espacios institucionalmente abiertos (Consejos de Participación) para consultas sobre los contenidos de las políticas (Planes de Empleo, PGOU, Presupuestos Participativos, etc.).
• Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización de la sociedad civil.
• Participación en los aportes mediante la evaluación y valoración de la totalidad del esfuerzo social (en ideas, materiales, trabajo y dinero) de modo y manera que permita afrontar desde nuevas perspectivas la participación de la ciudadanía, tanto en la realización de los proyectos que le son propios como en aquellos que por otros motivos, como por ejemplo la solidaridad, une sus capacidades a la de los receptores que demandan la satisfacción de sus necesidades.
• Participación en los beneficios mediante la utilización por el Estado (Administración Central, Autonómica, Local), como eficiente regulador de la redistribución económica y de la justicia social, de los beneficios del esfuerzo social de la ciudadanía. Siendo el destino social de los beneficios consensuado con la ciudadanía que ha realizado los aportes.
• Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus medidas coercitivas.
• Transparencia y adecuación de las retribuciones de los representantes públicos y cargos de la administración, de forma que su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.
• Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas que ostenten una representación pública han de hacer conocer su situación patrimonial a la ciudadanía.
• Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar nunca más a la ciudadanía,  al igual que los políticos judicialmente imputados deben retirarse de su función pública hasta que se resuelva el procedimiento.
• Todas las Administraciones Públicas deberán ampliar la prestación de sus servicios por Internet.

IV.- MEJORAR LA DEMOCRACIA INTERNA DEL PSOE

4.1.- Necesidad de la democracia interna

            El articulo 6 de la Constitución Española, refiriéndose a los partidos políticos, declara que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Ello obliga a que ningún partido debería aceptar, en ningún caso, caudillismos que suplanten a los principios ideológicos y a los principios democráticos.  Las “adhesiones inquebrantables” y las fidelidades personales basadas en intereses diversos deberían desaparecer definitivamente de la escena política española.

            El PSOE ha dar ejemplo de comportamiento democrático, garantizando la libre expresión de las ideas, la  pluralidad interna y la participación democrática en la toma de decisiones. En este sentido conviene  recordar la Resolución aprobada en la Conferencia Política del PSOE celebrada en Madrid los días 20-21 de julio de 2001 que, textualmente, dice: “El derecho a expresar el propio pensamiento y proponérselo a los demás compete a cada afiliado individualmente, así como al conjunto de afiliados que, coincidiendo en criterios y opiniones, constituyen una Corriente en el seno del Partido”.

            Así pues el debate interno debe girar entorno  a ideas, programas y proyectos.  El problema del Partido en estos momentos no solo es el ideológico, también lo es, y muy grave el orgánico con una evidente debilidad de su democracia interna y de los mecanismos de participación de la militancia. Un ejemplo preciso lo tenemos en el deterioro de las Agrupaciones Locales en cuanto a actividad, número de militantes y presencia ciudadana.

            Nos preocupa especialmente que nuestras carencias internas se hagan extensivas al desinterés y a  la desconfianza que muchos ciudadanos sienten hacia las estructuras de los partidos políticos. La mala imagen de los partidos y de la política en general no deja de crecer, suponiendo un déficit democrático insostenible y un peligroso alejamiento entre los ciudadanos y los militantes. Una Agrupación que renuncie a incidir en su entorno más inmediato o que sea percibida con desconfianza por los ciudadanos, no sólo es inoperativa para conseguir nuestros objetivos políticos sino que no tiene sentido estatutariamente en nuestro partido. Se trata de devolver la ilusión en un verdadero proyecto de izquierdas a nuestros militantes, para que éstos vuelvan a sentirse motivados para transmitir nuestras ideas de progreso hacia su entorno más inmediato.

            Se necesita una ampliación de la democrática interna, y que todos y cada uno de los órganos de dirección del partido recupere y ejercite plenamente, con todo rigor y ética, la función que tiene encomendada. El Comité Federal, los Comités Regionales o de Nacionalidad y las Asambleas Locales han de ejercer como máximos órganos de dirección del Partido. La función de las Comisiones Ejecutivas no incluye la suplantación de los otros órganos superiores de participación y decisión del partido. La totalidad de los poderes del partido no deben  acumularse en la figura de los secretarios generales y sus ejecutivas, al coste de caer en distintas formas de abuso de poder, ausencia de participación y perversión de los mecanismos democráticos de toma de decisiones. Y menos aun concentrarse en la figura de uno o varios candidatos electorales o personas ya electas, los que de arriba hacia abajo impartirían la "verdad revelada". Las Comisiones Ejecutivas, en sus distintos ámbitos, deben expresar la realidad del verdadero pluralismo interno  de la organización, al igual que los otros órganos deliberantes y ejecutivos del partido. 

            Hay que aplicar los principios federalistas propios de la organización del partido a todos lo niveles, incluido el de subsidiaridad, garantizando que las decisiones y opiniones de los de arriba se vayan conformando con las que surgen libremente desde  abajo. La democracia representativa no debe anular a la democracia participativa. Las dos son un todo indivisible.

            Hay que acabar con la vieja cultura autoritaria tan practicada de que  “el que se mueve no sale en la foto”. Hay que regular de forma racional el sistema de elección por primarias, abriendo las puertas a las aportaciones de aquellos que forman nuestro entorno ideológico, social y electoral más próximo.

            Hemos de situarnos en un nuevo paradigma del siglo XXI, con los valores propios del socialismo: el internacionalismo humanista y el respeto de toda la ciudadanía. La articulación de una potente ala izquierda en el PSOE podría reequilibrar esos déficits y motivar a un electorado muy amplio hoy alejado de las posiciones hegemónicas en la dirección del partido.

4.2.- PROPUESTAS:

• Favorecer que los órganos de dirección del partido, a todos los niveles, estimulen el debate democrático abierto  a la participación, así como a la necesaria renovación de ideas y de personas.
• Garantizar el pluralismo interno y el  respeto a las minorías en todos los órganos ejecutivos, deliberantes y de control del Partido. Para ello se aplicarán formulas de mayoría corregida que permitan integrar la diversidad, teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad, para evitar monopolios y exclusiones. 
• Correcta actualización de los censos de militantes y transparencia en el uso de los mismos.
• Selección mediante elecciones internas o PRIMARIAS de los candidatos a cargos públicos u orgánicos representativos. Las elecciones primarias se deben utilizar para elegir los candidatos a Secretario General del Partido, Presidente de Gobierno, Presidentes de Comunidades Autónomas y Alcaldes de poblaciones de más de 10.000 habitantes, con la posibilidad de una segunda vuelta en caso de presentarse dos o mas candidatos.
• Exigencia de presentar un número de avales entre el 5% y el 20%  de  la militancia del censo  real de cada ámbito que  corresponda en cada proceso de primarias.
• Elección de los cargos de representación orgánica e institucional por el sistema de listas abiertas con factor de corrección.
• Aplicar el principio de incompatibilidad de cargos orgánicos e institucionales en los mismos ámbitos evitando la acumulación y concentración de poder en pocas manos. 
• Limitación de mandatos, tanto institucionales como orgánicos, a un máximo de 2 mandatos y 8 años.
• Obligatoriedad de que todos los cargos públicos y orgánicos del Partido rindan cuentas de su gestión ante los órganos que los han elegido.
• Establecer y regular la capacidad de la propia militancia para revocar los cargos electos aún dentro del período para el que fueron elegidos.        
• Modificar el Reglamento de Asambleas para garantizar la pluralidad, la participación, la información y el control de los  militantes.
• Realización de asambleas abiertas y periódicas, para afiliados y no afiliados, sobre temas de actualidad y de interés social general.
• Crear en cada Agrupación Local una asociación cultural que lleve el nombre común  de “Casa del Pueblo”, abiertas en miembros a la ciudadanía progresista, para organizar actividades culturales,  de formación,  con los jóvenes y con la colaboración de movimientos ciudadanos, ONG’s, asociaciones vecinales, culturales o formativas.
• Favorecer la participación de la ciudadanía en la vida del partido mediante un censo de simpatizantes actualizable anualmente. Los simpatizantes tendrían derecho a voto en las elecciones primarias a cargos institucionales y, también derecho a voz para expresar sus ideas, propuestas e inquietudes en el seno del Partido.
• Aplicar una amnistía general para todas y todos aquellos compañeros que han sido represaliados por motivos exclusivamente ideológicos, incluyendo el sobreseimiento y archivo de todos los expedientes que por esos motivos estén en curso actualmente.
• Reintegrar la plenitud del derecho a voz y voto  a los miembros de la Corriente de Opinión  Izquierda Socialista a los Congresos y Conferencias del Partido
• Dotarse de un Estatuto de las Corrientes de Opinión del PSOE, en desarrollo del Art 4 de los actuales Estatutos Federales del partido

  IZQUIERDA SOCIALISTA - DOCUMENTO DE POSICIONES (IV). SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA

  de IZQUIERDA SOCIALISTA - CORRIENTE DE OPINIÓN INTERNA DEL PSOE, el Viernes, 30 de septiembre de 2011 a las 17:26
  3.2. - Un Estado Laico

              Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al servicio de ninguna confesión religiosa.  El mundo de las creencias religiosas tiene sus propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho obligan a todos.

  
  

  PROPUESTAS:

  • Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el Estado Vaticano el año 1978.
  • Garantizar la independencia del Estado respecto a cualquier organización o confesión religiosa. Garantizar el derecho fundamental a tener las creencias que se consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona o colectivo.
  • Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

  
  

  
  

  3.3.- Un Estado participativo: ampliar la democratización del sistema político y la participación de la ciudadanía

              En un Estado social de derecho como es España, el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos, mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales de los gobiernos.

              Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en interacción con la ciudadanía.

              Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por iniciativa popular.

              La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información, sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más responsables y más solidarios.

              Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser pioneros en transparencia, en comunicación veraz y solida, en crear núcleos de exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y  honestidad.

                                 

  PROPUESTAS:

  • Reforma de la Ley  electoral para una representación más proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias. También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los electores y de los representantes elegidos.
  • Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos (un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los ciudadanos.
  • Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción política institucional, creando nuevos cauces de participación democrática y control del ejercicio del poder político.
  • Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de evaluación, control y modernización administrativa.
  • Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y democrática.
  • Participación ciudadana en la toma de decisiones mediante procesos de selección de quienes integrarán los órganos de Gobierno a través del sufragio universal o mediante espacios institucionalmente abiertos (Consejos de Participación) para consultas sobre los contenidos de las políticas (Planes de Empleo, PGOU, Presupuestos Participativos, etc.).
  • Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización de la sociedad civil.
  • Participación en los aportes mediante la evaluación y valoración de la totalidad del esfuerzo social (en ideas, materiales, trabajo y dinero) de modo y manera que permita afrontar desde nuevas perspectivas la participación de la ciudadanía, tanto en la realización de los proyectos que le son propios como en aquellos que por otros motivos, como por ejemplo la solidaridad, une sus capacidades a la de los receptores que demandan la satisfacción de sus necesidades.
  • Participación en los beneficios mediante la utilización por el Estado (Administración Central, Autonómica, Local), como eficiente regulador de la redistribución económica y de la justicia social, de los beneficios del esfuerzo social de la ciudadanía. Siendo el destino social de los beneficios consensuado con la ciudadanía que ha realizado los aportes.
  • Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus medidas coercitivas.
  • Transparencia y adecuación de las retribuciones de los representantes públicos y cargos de la administración, de forma que su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.
  • Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas que ostenten una representación pública han de hacer conocer su situación patrimonial a la ciudadanía.
  • Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar nunca más a la ciudadanía,  al igual que los políticos judicialmente imputados deben retirarse de su función pública hasta que se resuelva el procedimiento.
  • Todas las Administraciones Públicas deberán ampliar la prestación de sus servicios por Internet.

  
  

  
  

  IV.- MEJORAR LA DEMOCRACIA INTERNA DEL PSOE

  
  

  4.1.- Necesidad de la democracia interna

              El articulo 6 de la Constitución Española, refiriéndose a los partidos políticos, declara que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Ello obliga a que ningún partido debería aceptar, en ningún caso, caudillismos que suplanten a los principios ideológicos y a los principios democráticos.  Las “adhesiones inquebrantables” y las fidelidades personales basadas en intereses diversos deberían desaparecer definitivamente de la escena política española.

              El PSOE ha dar ejemplo de comportamiento democrático, garantizando la libre expresión de las ideas, la  pluralidad interna y la participación democrática en la toma de decisiones. En este sentido conviene  recordar la Resolución aprobada en la Conferencia Política del PSOE celebrada en Madrid los días 20-21 de julio de 2001 que, textualmente, dice: “El derecho a expresar el propio pensamiento y proponérselo a los demás compete a cada afiliado individualmente, así como al conjunto de afiliados que, coincidiendo en criterios y opiniones, constituyen una Corriente en el seno del Partido”.

              Así pues el debate interno debe girar entorno  a ideas, programas y proyectos.  El problema del Partido en estos momentos no solo es el ideológico, también lo es, y muy grave el orgánico con una evidente debilidad de su democracia interna y de los mecanismos de participación de la militancia. Un ejemplo preciso lo tenemos en el deterioro de las Agrupaciones Locales en cuanto a actividad, número de militantes y presencia ciudadana.

              Nos preocupa especialmente que nuestras carencias internas se hagan extensivas al desinterés y a  la desconfianza que muchos ciudadanos sienten hacia las estructuras de los partidos políticos. La mala imagen de los partidos y de la política en general no deja de crecer, suponiendo un déficit democrático insostenible y un peligroso alejamiento entre los ciudadanos y los militantes. Una Agrupación que renuncie a incidir en su entorno más inmediato o que sea percibida con desconfianza por los ciudadanos, no sólo es inoperativa para conseguir nuestros objetivos políticos sino que no tiene sentido estatutariamente en nuestro partido. Se trata de devolver la ilusión en un verdadero proyecto de izquierdas a nuestros militantes, para que éstos vuelvan a sentirse motivados para transmitir nuestras ideas de progreso hacia su entorno más inmediato.

              Se necesita una ampliación de la democrática interna, y que todos y cada uno de los órganos de dirección del partido recupere y ejercite plenamente, con todo rigor y ética, la función que tiene encomendada. El Comité Federal, los Comités Regionales o de Nacionalidad y las Asambleas Locales han de ejercer como máximos órganos de dirección del Partido. La función de las Comisiones Ejecutivas no incluye la suplantación de los otros órganos superiores de participación y decisión del partido. La totalidad de los poderes del partido no deben  acumularse en la figura de los secretarios generales y sus ejecutivas, al coste de caer en distintas formas de abuso de poder, ausencia de participación y perversión de los mecanismos democráticos de toma de decisiones. Y menos aun concentrarse en la figura de uno o varios candidatos electorales o personas ya electas, los que de arriba hacia abajo impartirían la "verdad revelada". Las Comisiones Ejecutivas, en sus distintos ámbitos, deben expresar la realidad del verdadero pluralismo interno  de la organización, al igual que los otros órganos deliberantes y ejecutivos del partido. 

              Hay que aplicar los principios federalistas propios de la organización del partido a todos lo niveles, incluido el de subsidiaridad, garantizando que las decisiones y opiniones de los de arriba se vayan conformando con las que surgen libremente desde  abajo. La democracia representativa no debe anular a la democracia participativa. Las dos son un todo indivisible.

              Hay que acabar con la vieja cultura autoritaria tan practicada de que  “el que se mueve no sale en la foto”. Hay que regular de forma racional el sistema de elección por primarias, abriendo las puertas a las aportaciones de aquellos que forman nuestro entorno ideológico, social y electoral más próximo.

              Hemos de situarnos en un nuevo paradigma del siglo XXI, con los valores propios del socialismo: el internacionalismo humanista y el respeto de toda la ciudadanía. La articulación de una potente ala izquierda en el PSOE podría reequilibrar esos déficits y motivar a un electorado muy amplio hoy alejado de las posiciones hegemónicas en la dirección del partido.

  
  

  4.2.- PROPUESTAS:

  • Favorecer que los órganos de dirección del partido, a todos los niveles, estimulen el debate democrático abierto  a la participación, así como a la necesaria renovación de ideas y de personas.
  • Garantizar el pluralismo interno y el  respeto a las minorías en todos los órganos ejecutivos, deliberantes y de control del Partido. Para ello se aplicarán formulas de mayoría corregida que permitan integrar la diversidad, teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad, para evitar monopolios y exclusiones. 
  • Correcta actualización de los censos de militantes y transparencia en el uso de los mismos.
  • Selección mediante elecciones internas o PRIMARIAS de los candidatos a cargos públicos u orgánicos representativos. Las elecciones primarias se deben utilizar para elegir los candidatos a Secretario General del Partido, Presidente de Gobierno, Presidentes de Comunidades Autónomas y Alcaldes de poblaciones de más de 10.000 habitantes, con la posibilidad de una segunda vuelta en caso de presentarse dos o mas candidatos.
  • Exigencia de presentar un número de avales entre el 5% y el 20%  de  la militancia del censo  real de cada ámbito que  corresponda en cada proceso de primarias.
  • Elección de los cargos de representación orgánica e institucional por el sistema de listas abiertas con factor de corrección.
  • Aplicar el principio de incompatibilidad de cargos orgánicos e institucionales en los mismos ámbitos evitando la acumulación y concentración de poder en pocas manos. 
  • Limitación de mandatos, tanto institucionales como orgánicos, a un máximo de 2 mandatos y 8 años.
  • Obligatoriedad de que todos los cargos públicos y orgánicos del Partido rindan cuentas de su gestión ante los órganos que los han elegido.
  • Establecer y regular la capacidad de la propia militancia para revocar los cargos electos aún dentro del período para el que fueron elegidos.        
  • Modificar el Reglamento de Asambleas para garantizar la pluralidad, la participación, la información y el control de los  militantes.
  • Realización de asambleas abiertas y periódicas, para afiliados y no afiliados, sobre temas de actualidad y de interés social general.
  • Crear en cada Agrupación Local una asociación cultural que lleve el nombre común  de “Casa del Pueblo”, abiertas en miembros a la ciudadanía progresista, para organizar actividades culturales,  de formación,  con los jóvenes y con la colaboración de movimientos ciudadanos, ONG’s, asociaciones vecinales, culturales o formativas.
  • Favorecer la participación de la ciudadanía en la vida del partido mediante un censo de simpatizantes actualizable anualmente. Los simpatizantes tendrían derecho a voto en las elecciones primarias a cargos institucionales y, también derecho a voz para expresar sus ideas, propuestas e inquietudes en el seno del Partido.
  • Aplicar una amnistía general para todas y todos aquellos compañeros que han sido represaliados por motivos exclusivamente ideológicos, incluyendo el sobreseimiento y archivo de todos los expedientes que por esos motivos estén en curso actualmente.
  • Reintegrar la plenitud del derecho a voz y voto  a los miembros de la Corriente de Opinión  Izquierda Socialista a los Congresos y Conferencias del Partido
  • Dotarse de un Estatuto de las Corrientes de Opinión del PSOE, en desarrollo del Art 4 de los actuales Estatutos Federales del partido

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Razones para no salir del euro

JOSEP BORRELL

En estos tiempos de extrema tensión sobre las deudas publicas de algunos países europeos se vuelve a plantear la salida del euro, aunque parezca políticamente impensable, como una solución para Grecia cuyo default se considera cada vez mas probable.

La cuestión plantea dos preguntas ¿Un default griego implicaría necesariamente la salida  del euro?. ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría ese abandono de la moneda única?

En mi opinión un default de Grecia, o de cualquier otro país, no implica automáticamente que tuviese que salir del euro. Precisamente de lo que se trata es asumir una restructuración profunda, pero ordenada, de su deuda manteniendo aGrecia en la zona euro, porque si tuviese que salir del euro su situación seria mucho peor.

Sin embargo, hay argumentos a favor de que seria la forma rápida de restaurar su competitividad porque podría devaluar su moneda y liberarse de un conjunto de condicionantes que no puede cumplir.

Ciertamente ,una devaluación del tipo de cambio es una forma mas rápida de reducir los precios a la exportación que no una devaluación “interna” conseguida a base de reducir salarios y a través de ellos los costes y los precios ..

La devaluación monetaria y la deflación salarial son dos procedimientos muy diferentes de recuperar la competitividad perdida. Jugar con el tipo de cambio es mas rápido, menos conflictivo y probablemente  mas justo, por que los costes del ajuste se reparten automáticamente entre todos los consumidores de productos importados y no solo sobre salarios y otras victimas de las políticas de austeridad.

Pero tiene muchos inconvenientes y plantea muchos problemas incluso jurídicos. No está previsto en los Tratados que un país salga del euro. Desde el Tratado de Lisboaun país puede salir de la Unión Europea, pero para salir del euro tendría que salir primero de la UE y renunciar a las ayudas de los Fondos estructurales, de la política agrícola , etc.., que para los países candidatos a la salida son muy importantes.

Se puede pensar que siempre encontraríamos una solución jurídica pero hay otros problemas de tipo técnico, económico, financiero y operativo que son mucho mas graves.

Para pasar al euro hicieron falta años de preparación y un rodaje de los sistemas contables e informáticos largo y complejo. Salir seria igualmente complejo y desde luego no se haría por sorpresa en una noche. Y cuando se supiera que eso iba a ocurrir todos los depósitos en euros se retirarían para evitar encontrárselos convertidos endracmas devaluados. Más aún, si ese peligro se confirmara los Bancos del país que fuese a salir del euro pedirían prestamos para colocarlos en los países que se quedan en la eurozona.

Repetiríamos la experiencia del “corralillo” como en Argentina para lo cual habría que imponer a tiempo un control del movimiento de capitales y mas tonto el ultimo. El coste social seria muy grande, solo por eso la teoría de la salida del euro “dulce y tranquila” es pura ficción.

Ademas,los que defienden un salida del euro porque así se puede devaluar la moneda no nos dicen quien la va a devaluar y hasta cuanto se va a devaluar. Desde luego el tipo de cambio del nuevo dracma no lo iba a fijar Papandreu en una proclama desde un balcón de la Plaza Sintagma.

Lo decidirían los mercados financieros y no habría forma de controlarlo. Si un país ha tenido que salir del euro su moneda no inspiraría mucha confianza y lo mas probable es que la devaluación fuese una hiperdevaluacion.

Cuando Argentina, en el 2002, rompió  su cambio fijo con el dólar (1 peso 1 dólar), el gobierno anuncio un cambio de 1,4 pesos/dólar. Pero seis meses después estaba en 4 p/$.

El riesgo en una operación de salida del euro es una caída descontrolada del tipo de cambio. Serviría para exportar mucho ,pero aparte de que Grecia tampoco tiene tanto que exportar, la devaluación es un cuchillo de doble filo. Encarece los productos importados ,y Grecia tiene que importar muchas cosas empezando por la energía. Los consumidores se empobrecerían y las empresas no podrían importar los equipos necesarios para reforzar su competitividad que no es solo cuestión de precio.

Pero  el problema mas grave es de tipo financiero. Las deudas publicas y privadas están nominadas en euros y en euros se quedarían. Habría que devolverlas en una moneda devaluada lo que equivale a que habrían aumentado en la misma proporción en la que se devalúe su nueva moneda con respecto al euro. Y como el problema de estos países es precisamente el excesivo endeudamiento, habríamos agravado el problema que queríamos resolver.

Se puede también pensar que la salida del euro llevaría aparejada una restructuración en profundidad de la deuda de forma que tampoco se iba a tener que devolver en una parte importante .Pero cuanto mas grande fuese el default mayor seria la falta de credibilidad y más débil nacería la nueva moneda. En ese juego el país obligado a salir tienen todas las de perder

Y además, como seguiría teniendo deficit publico al día siguiente tendría que volver a pedir financiación . ¿Y a que tipo de interés la encontraría si a su falta de credibilidad hay que sumar el riesgo de tipo de cambio? El problema se transmitiría al conjunto del sistema financiero europeo. Algunas partidas de los balances de los Bancos seguirían en euros y otros cambiarían bruscamente de valor.

Puede que la realidad nos obligue a enfrentarnos a este relato que puede parecer un poco apocalíptico  y que naturalmente vale igual para Grecia como para cualquier otro país, España o Italia.

No es imposible que ocurra, pero los costes serian mas grandes de lo que costaría evitarlo y las consecuencias serian tanto mas graves cuanto mayor fuese la economía del o de los que saliesen del euro y mayor su interdependencia con otros países  europeos. Por estas razones, creo que mas vale que hagamos todo lo posible para evitar una salida del euro de Grecia o de cualquier otro país.

Ciudadanos y mercados

Manuel Castells

Zapatero quedará en la historia como el peor presidente de la democracia española hasta la fecha (Aznar al menos tenia coherencia ideológica). La pantomima de reforma constitucional perpetrada con nocturnidad y alevosía veraniega por los dos grandes partidos compinchados afecta a la raíz de la democracia y la autonomía del Estado. Ha sido una decisión impuesta por Merkel y Sarkozy, retomando una propuesta del PP. Se razona que era necesaria para calmar la desconfianza de los mercados sobre la deuda española que podría precipitar una crisis de las deudas europeas, en particular italiana, hundiendo así al euro. Reflotar a Grecia, Portugal e Irlanda es difícil. Salvar a España de la quiebra es inviable para las finanzas alemanas y francesas. De ahí la presión sobre el Gobierno español que hace tiempo abandonó cualquier veleidad de soberanía económica. Todo en nombre de vaticinios sobre el comportamiento de los mercados, poder supremo y misterioso al que hay que aplacar con sacrificios humanos: los recortes de gasto social afectan a salud, educación y pensiones, o sea, a la vida.

Pero ¿quiénes son los mercados? ¿Usted conoce personalmente a algún mercado? En realidad se les pueden poner nombres y apellidos: son los inversores (tal vez usted mismo) gestionados por intermediarios financieros. ¿Pero qué quieren los tales inversores y sus intermediarios? ¿El equilibrio fiscal? ¿La capacidad de pago de la deuda a largo plazo? Todo eso son cálculos estratégicos para llegar a otro fin, a lo que verdaderamente mueve la inversión: la ganancia contante y sonante a corto plazo. Así funcionan las finanzas, de eso dependen los dividendos para los accionistas y, sobre todo, las comisiones y primas para los operativos financieros. Y esa ganancia a corto plazo se obtiene por múltiples medios, entre ellos la apuesta por cambios de valoración de efectos financieros, incluidos los bonos del Tesoro y las divisas. De modo que según para quién la devaluación de la deuda soberana española y el aumento de la prima de riesgo pueden resultar en un pingüe negocio. Las grandes ganancias se producen precisamente en situación de turbulencia financiera.

En cambio lo que los inversores (llamados mercados) tienen en cuenta son las perspectivas de actividad de cada economía. Porque la recesión y el aumento del paro son mal negocio para todos. Precisamente por eso, cuando en la primavera del 2010 España decretó medidas de austeridad la evaluadora Fitch rebajó la cotización de nuestra deuda pública. ¿Qué no harán ahora esos inversores al saber que, aunque a largo plazo la deuda española pudiera pagarse, a corto plazo el país se queda seco de estímulo fiscal posible en una situación en que la inversión privada no puede salir por si sola de la crisis de empleo y demanda? La atonía económica es la más negra perspectiva para los mercados.

Y por eso el mismo día en que los siseñores de las Cortes del Reino votaban atar de pies y manos al Estado discapacitándolo para obtener recursos cuando hiciera falta, subía la prima de riesgo española y caían las bolsas de todo el mundo como reacción al decrecimiento del empleo en EE.UU. En contraste, hubo una reacción alcista de las bolsas cuando se alcanzó el acuerdo para que EE.UU. pudiera endeudarse más. Y se han vuelto a hundir tras el anuncio por el FMI de la posibilidad de recesión a pesar (o a causa) de los recortes. Por esas razones pueden quebrar España y el euro, no por endeudarnos.

No se trata de salvar la economía española sino de aprovechar la crisis para maniatar a los representantes de los ciudadanos por si tienen la tentación de seguir a sus votantes en lugar de a los mercados interpretados por Merkel, Sarkozy y todos aquellos que salvan su pellejo político en sus países a costa de los otros europeos: una demostración de la des(U)nión Europea.

Pues este es el meollo de la cuestión: en nombre de los mercados (cuyo criterio está por ver) se impone una reforma constitucional a los ciudadanos, sin consultarlos y aprovechando una mayoría parlamentaria que puede disolverse en tres meses. Y de paso, se deslegitima una Constitución de quita y pon, que es intocable para según qué cosas y se manipula en unos días para lo que conviene a aquellos políticos coyunturalmente en el poder. Así jamás se hubiera aprobado la Constitución de 1978 que, por imperfecta que sea, permitió organizar una coexistencia política a partir de un consenso evolutivo que ahora se ha roto sin necesidad perentoria y sin informar a los ciudadanos del por qué de esa urgencia aparte de las oscuras referencias a la percepción de los mercados. Y es que los ciudadanos tienen derecho a equivocarse porque eso también es soberanía popular. Lo que no aceptan es invocar la democracia como fuente de legitimidad para después actuar sobre temas tan importantes aplicando el rodillo parlamentario como si el país fuera de los políticos. El ejemplo islandés vuelve a la memoria: tras meses de movimiento social un referéndum sobre las políticas de crisis llevó a la regulación financiera, al despido y encausamiento de políticos culpables de la crisis y al impago de las deudas bancarias. Y se arregló la cosa para la gente.

Si ya había una crisis de legitimidad profunda en la democracia española, fuente de la indignación que comparte una gran mayoría de la población, esta vergonzosa reforma de la Constitución dinamita cualquier credibilidad de los políticos que la votaron. Y de paso se lo pone muy difícil a Rubalcaba, que intentaba salvar los muebles de su partido y de la política tendiendo puentes al sentir de la sociedad. Si la fuente de la Constitución son los mercados, que manden los banqueros por la vía directa. Pero si los ciudadanos piensan que son ellos los constituyentes, tal vez podrían refundar la democracia pacíficamente y limpiar las instituciones de unos partidos mayoritarios que acampan en las Cortes como si fuera su finca y nosotros sus peones. Acampada contra acampada. Cinismo político contra esperanza de ciudadanía. A desalambrar.

Publicado en la Vanguardia

Medidas simbólicas, problemas reales

JOSEP BORRELL

Las enmiendas constitucionales para obligar a todos los gobiernos a mantener siempre equilibrados sus Presupuestos están de moda tanto en Europa como en EE.UU.

A esta prohibición constitucional de los déficits públicos se le ha dado en llamar la “regla de oro”, que se está presentando como la panacea que permitirá evitar las crisis de la Deuda en el futuro y resolver las del presente. En mis tiempos de Secretario de Estado de Hacienda, la “regla de oro” consistía en que el Presupuesto tuviese un superávit corriente de manera que solo se tuviese déficit para financiar parcialmente la inversión. Ahora, en cambio, se trata de prohibir todo déficit con el argumento, avalado por la sabiduría popular, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Así lo han hecho los alemanes que en el 2009, en pleno gobierno de la Grosse Koalition, inscribieron en su Constitución una norma que establece que a partir del 2016 el déficit no podrá superar el 0,35 % del PIB. Y así han pedido Merkel y Sarkozyque lo hagan todo los países del euro. Aunque Sarkozy no lo podrá hacer porque los socialistas franceses están en contra y sin ellos no tiene votos suficientes.

Esta cuestión la hemos debatido este verano en mis cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Antes del anuncio de Zapatero de enmendar la Constitución para aplicar una medida parecida, andaba yo explicando que la prohibición de todo déficit, al estilo alemán, significa renunciar a un instrumento que permite a la política económica actuar de forma contracíclica. En mi opinión, se trata de una medida de un marcado carácter ideológico y un corsé muy limitativo que anula la posibilidad de hacer política fiscal. Lo cual es todavía más grave para países que ya han renunciado a la política monetaria y no pueden fijar ni su tipo de interés ni su tipo de cambio. Y con el riesgo de que si todos prescinden de la política fiscal y no existe un Presupuesto europeo como el federal en EE.UU., Europa puede sufrir un periodo de bajo crecimiento que agravará la crisis de la Deuda.

Por eso me manifesté en contra del pacto de socialistas y populares para prohibir constitucionalmente el déficit público. Me preocupó oir a la vicepresidenta económica anunciar que la enmienda a la Constitución fijaría un limite del déficit del 0,35 % del PIB. Afortunadamente, parodiando la vieja copla cubana, ‘llegó el comandante y mandó parar’. La negociación dirigida por Rubalcaba ha dado por resultado un texto constitucional que no fija ningún limite cuantitativo, habla de déficit estructural y no del nominal -lo que al menos permitirá tener en cuenta el ciclo económico- y se limita a asegurar que España cumplirá lo que la UE establezca al respecto.

El resultado es mejor, mucho mejor, de lo que parecían ser las intenciones iniciales del Gobierno. Pero el compromiso político de que una inmediata Ley Orgánica fije un límite para el déficit más bajo que el exigido por las normas europeas, aunque sea el estructural y aunque lo fíe para muy largo, sigue sin parecerme adecuado ni siquiera para el objetivo proclamado de calmar a los mercados, que en estos momentos están mucho más preocupados por la falta de crecimiento no solo en España sino en el conjunto de la eurozona, Alemania incluida.

Veremos cual será la respuesta de los famosos mercados. Hasta el Financial Times dice que es muy dudoso que una eurozona armada hasta los dientes con enmiendas para garantizar la estabilidad fiscal sea más capaz de resolver su crisis de la Deuda y de su sector bancario que si careciera de unas reglas que tienen un valor simbólico. Y en Europa se ha consumido ya un gran capital político en medidas simbólicas. Hasta el FT reconoce que los problemas de España, hoy, tienen que ver con su baja competitividad, su débil crecimiento y la capitalización de su sistema financiero más que con el déficit publico.

Esos son los problemas reales que preocupan a los mercados financieros y que no se resuelven con proclamas constitucionales.

Y mientras tanto, el acuerdo para el segundo plan de rescate de Grecia parece patinar por la actitud de Finlandia exigiendo garantías adicionales. Si no se resuelve pronto este nuevo problema, todo lo decidido antes del verano se derrumbará y entonces sí que tendremos un problema bien real que no habrá reforma constitucional que lo arregle. Buen tema para la siguiente crónica.