Las enmiendas constitucionales para obligar a todos los gobiernos a mantener siempre equilibrados sus Presupuestos están de moda tanto en Europa como en EE.UU.
A esta prohibición constitucional de los déficits públicos se le ha dado en llamar la “regla de oro”, que se está presentando como la panacea que permitirá evitar las crisis de la Deuda en el futuro y resolver las del presente. En mis tiempos de Secretario de Estado de Hacienda, la “regla de oro” consistía en que el Presupuesto tuviese un superávit corriente de manera que solo se tuviese déficit para financiar parcialmente la inversión. Ahora, en cambio, se trata de prohibir todo déficit con el argumento, avalado por la sabiduría popular, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.
Así lo han hecho los alemanes que en el 2009, en pleno gobierno de la Grosse Koalition, inscribieron en su Constitución una norma que establece que a partir del 2016 el déficit no podrá superar el 0,35 % del PIB. Y así han pedido Merkel y Sarkozyque lo hagan todo los países del euro. Aunque Sarkozy no lo podrá hacer porque los socialistas franceses están en contra y sin ellos no tiene votos suficientes.
Esta cuestión la hemos debatido este verano en mis cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Antes del anuncio de Zapatero de enmendar la Constitución para aplicar una medida parecida, andaba yo explicando que la prohibición de todo déficit, al estilo alemán, significa renunciar a un instrumento que permite a la política económica actuar de forma contracíclica. En mi opinión, se trata de una medida de un marcado carácter ideológico y un corsé muy limitativo que anula la posibilidad de hacer política fiscal. Lo cual es todavía más grave para países que ya han renunciado a la política monetaria y no pueden fijar ni su tipo de interés ni su tipo de cambio. Y con el riesgo de que si todos prescinden de la política fiscal y no existe un Presupuesto europeo como el federal en EE.UU., Europa puede sufrir un periodo de bajo crecimiento que agravará la crisis de la Deuda.
Por eso me manifesté en contra del pacto de socialistas y populares para prohibir constitucionalmente el déficit público. Me preocupó oir a la vicepresidenta económica anunciar que la enmienda a la Constitución fijaría un limite del déficit del 0,35 % del PIB. Afortunadamente, parodiando la vieja copla cubana, ‘llegó el comandante y mandó parar’. La negociación dirigida por Rubalcaba ha dado por resultado un texto constitucional que no fija ningún limite cuantitativo, habla de déficit estructural y no del nominal -lo que al menos permitirá tener en cuenta el ciclo económico- y se limita a asegurar que España cumplirá lo que la UE establezca al respecto.
El resultado es mejor, mucho mejor, de lo que parecían ser las intenciones iniciales del Gobierno. Pero el compromiso político de que una inmediata Ley Orgánica fije un límite para el déficit más bajo que el exigido por las normas europeas, aunque sea el estructural y aunque lo fíe para muy largo, sigue sin parecerme adecuado ni siquiera para el objetivo proclamado de calmar a los mercados, que en estos momentos están mucho más preocupados por la falta de crecimiento no solo en España sino en el conjunto de la eurozona, Alemania incluida.
Veremos cual será la respuesta de los famosos mercados. Hasta el Financial Times dice que es muy dudoso que una eurozona armada hasta los dientes con enmiendas para garantizar la estabilidad fiscal sea más capaz de resolver su crisis de la Deuda y de su sector bancario que si careciera de unas reglas que tienen un valor simbólico. Y en Europa se ha consumido ya un gran capital político en medidas simbólicas. Hasta el FT reconoce que los problemas de España, hoy, tienen que ver con su baja competitividad, su débil crecimiento y la capitalización de su sistema financiero más que con el déficit publico.
Esos son los problemas reales que preocupan a los mercados financieros y que no se resuelven con proclamas constitucionales.
Y mientras tanto, el acuerdo para el segundo plan de rescate de Grecia parece patinar por la actitud de Finlandia exigiendo garantías adicionales. Si no se resuelve pronto este nuevo problema, todo lo decidido antes del verano se derrumbará y entonces sí que tendremos un problema bien real que no habrá reforma constitucional que lo arregle. Buen tema para la siguiente crónica.
