EN RECUERDO DE GREGORIO PECES BARBA

Ética, poder y derecho (I)

30 DE JULIO DE 2012

Antonio García Santesmases *

 He preferido dejar pasar unos días antes de escribir sobre Gregorio Peces Barba. He preferido hacerlo así para tener tiempo para volver a leer algunos de sus trabajos y para sumergirme en su último libro, en un libro que, como ocurre tantas veces, había comprado y amontonado a la espera de tener tiempo para leerlo con sosiego. Me hubiera gustado haberlo leído en vida de Gregorio y haber preparado, como habíamos quedado cuando publicó su obra Educación para la ciudadanía, una conversación en profundidad en el programa de radio Revista de Filosofía, que coordino en la UNED con el profesor Francisco José Martínez. No ha podido ser. La muerte ha llegado antes y por ello tengo un sentimiento de frustración por no haber podido discutir personalmente las reflexiones que me suscita su último libro Ética, Poder y Derecho, una obra que viene a resumir, a hacer balance de sus trabajos de más de cincuenta años en torno a la Filosofía del Derecho y del Estado. Un balance que también aparece en la conversación que Peces Barba mantuvo con el profesor José Antonio Pérez Tapias en el ciclo El Intelectual y la memoria organizado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. La conversación se puede escuchar por Internet.

En esa conversación larga y distendida recuerda Peces Barba su infancia como hijo de un vencido en la guerra civil y rememora la decisión de su padre de elegir el Liceo Francés, un colegio que no fuera de frailes ni de falangistas. Son muchos los momentos en los que elogia el sistema educativo francés, vinculado a los valores de la República laica, que le permitió no quedar atrapado por las condiciones del nacional-catolicismo. Su padre evitó que cantara el Cara al Sol y pudo, sin embargo, cantar la Marsellesa.

El hijo de un vencido en la guerra civil, estudiante en el Liceo Francés, amante de la laicidad, inicia su militancia política antifranquista desde el pensamiento democristiano. En esta conversación, al igual que en otras obras del autor como La democracia en España (1995) o La España civil (2005) ha reconocido Peces Barba el papel determinante en su formación política e ideológica de Joaquín Ruiz Jiménez. Estamos en el mundo de los años sesenta y Ruiz Jiménez va a configurar desde el mundo del humanismo cristiano una de las plataformas más importantes de resistencia frente al franquismo. La perspectiva democristiana se implicará en muchas de las batallas contra el régimen desde una plataforma ideológica plural, como fue la revista Cuadernos para el diálogo, en la que confluirán democristianos, socialistas, comunistas y liberales.

Cuadernos ocupará un espacio muy importante en la lucha contra la dictadura con otras iniciativas como Triunfo y en relación con las  grandes personalidades del pensamiento de izquierda: José Luis Aranguren desde el cristianismo heterodoxo; Manuel Sacristán desde el comunismo y Enrique Tierno Galván desde el socialismo.

En aquel mundo en plena ebullición intelectual, en el que proliferan distintas lecturas del marxismo y del cristianismo, son muchos los que intentan articular una nueva lectura del cristianismo desde la perspectiva de un encuentro, de un diálogo, entre cristianismo y marxismo. Pensemos en teólogos como José María Díez Alegría, José María González Ruiz o en políticos como Alfonso Carlos Comín que llegará a formular la tesis de que hay que ser cristianos (en el Partido Comunista) y comunistas (en la Iglesia Católica). Esa posición, cercana a la Teología Política de J.B. Metz o a la Teología de la Liberación latinoamericana, va a influir en el movimiento de Cristianos por el Socialismo, algunos de cuyos miembros más destacados como Manuel Reyes Mate, acabarán en el Partido Socialista, previa militancia en la Federación de Partidos socialistas.

No va a ser esta la opción de Peces Barba. En la entrevista con Pérez Tapias aparece su alejamiento a esta combinación entre cristianismo y marxismo que previamente había intentado el Frente de Liberación Popular en España. Peces Barba sigue otro camino. A partir de mitad de los años sesenta se va alejando del mundo democristiano y se va acercando al espacio socialista. En esta evolución influye una figura intelectual esencial para su evolución. Alguien a quien Peces Barba considera un maestro; me refiero al profesor Elías Díaz. Es Elías Díaz el que le alienta en la necesidad de abandonar el iusnaturalismo sin caer por ello en un positivismo irrestricto. Es Elías Díaz también el que le acompañará en el descubrimiento del socialismo liberal que han representando en la cultura política italiana Norberto Bobbio y Renato Treves.

El planteamiento de Elías Díaz, de Bobbio, de Treves, conecta con el esfuerzo por recuperar la tradición del socialismo humanista que en España había encarnado Fernando de los Ríos. Estamos pues ante una apuesta intelectual de gran rigor y complejidad que no es suficientemente conocida en nuestro país; y ello por varias razones que convendría analizar. En primer lugar porque desde el campo de la izquierda de gobierno se ha tendido a identificar liberalismo con liberalismo económico. Desde la socialdemocracia liberal se ha apostado por un proyecto de apertura al poder económico privado, a las virtudes de la economía de mercado, a la lógica del mundo empresarial. Pensemos en la enorme relevancia de las grandes figuras de los gobiernos socialistas de los años ochenta y noventa que son al final capturados por el poder económico privado, por los consejos de administración de las grandes empresas y de los centros financieros.

El socialismo liberal de Fernando de los Ríos o de Norberto Bobbio, el socialismo en el que bebe Gregorio Peces Barba, está abierto a figuras del pensamiento liberal como Francisco Ayala oJuan Marichal, a figuras del mundo republicano como Manuel Azaña y naturalmente está vinculado al influjo de la Institución libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos. Es pues un proyecto liberal, muy distinto al que propugna el liberalismo económico y que está emparentado con una de las grandes preocupaciones de Peces Barba, con la apuesta por una España laica. Esta España civil choca frontalmente con el nacionalcatolicismo y con los vencedores de la guerra civil y ahí tenemos la segunda razón de su carácter minoritario en España. Es cierto que trata de reaparecer tras la caída de la dictadura. Trata de reaparecer pero no lo logra del todo. En muchos artículos de prensa ha insistido Peces Barba en que si hay una asignatura pendiente en España se cifra en asentar con firmeza, con claridad, con valentía, el principio de laicidad. Como saben los interesados por estos asuntos existe un debate filosófico-político acerca del carácter de nuestra constitución: ¿estamos ante un Estado laico o ante un Estado aconfesional?; ¿qué lugar deben jugar las confesiones religiosas en este Estado?; ¿es tarea del Estado jugar un papel protagonista en el mundo educativo?; ¿hay que apostar por una educación en valores promovida por el Estado democrático?

Muchas de estas cuestiones han sido analizadas por Gregorio Peces Barba en sus escritos. Repare el lector en que un hombre universalmente reconocido por su moderación, por su capacidad para el acuerdo y para el consenso ha encontrado el rechazo, sin embargo, de los sectores más intransigentes del mundo confesional. Si la campaña que sufrió cuando aceptó la tarea de dar apoyo a las víctimas del terrorismo fue encarnizada no ha sido menor la virulencia de muchos sectores católicos integristas que no han perdonado que insistiera en que estaba pendiente una regulación clara de la laicidad en España. Para Peces Barba los acuerdos con la Santa Sede son formalmente posconsitucionales ( fueron aprobados pocos días después del referéndum de la constitución del 78) pero son materialmente preconstitucionales y por ello no entendía cómo era posible que tras 14 años del gobierno de Felipe González, y tras los siete años del gobierno de Zapatero, no se hubiera renegociado la validez de estos acuerdos. El último congreso del PSOE, a instancia de Izquierda socialista, ha aprobado la necesidad de proceder a la revisión de los mismos.

Esta apuesta de Peces Barba por la laicidad estaba fundada en una lectura crítica del papel de la Conferencia episcopal española a lo largo de estos años. Una crítica que le ha valido aparecer como anticatólico furibundo. A los que así piensan hay que decirles que la crítica a la institución eclesiástica la realiza Peces Barba desde una filosofía favorable a la modernidad, a la secularización, a la laicidad, a la tolerancia y en la que el Estado debe tener un papel protagonista en el proceso educativo, si queremos conformar una ciudadanía democrática. Una filosofía que él se encarga de recalcar no es anticristiana.

Todas estas cuestiones disputadas aparecen recogidas y fundamentadas en estas diez lecciones sobre Ética, Derecho y Poder que forman su obra definitiva, en la que trata de sintetizar la reflexión de más de cincuenta años sobre el Estado y el Derecho. De ello hablaremos en un próximo artículo.

* Antonio García Santesmases es  catedrático de Filosofía Política de la UNED.

El imperialismo de la economía

        Antonio García Santesmases*

                      Es conocida la afirmación de Ortega de que el gran problema para la filosofía de su tiempo venía del imperialismo de la física. Ortega hablaba así en 1.929: “ … la vida intelectual ha padecido durante casi cien años lo que pudiera llamarse  el terrorismo de los laboratorios. Agobiado por tal predominio el filósofo se avergonzó de no ser físico. Como los problemas genuinamente filosóficos no toleran ser resueltos según el modo el conocimiento físico, renunció a atacarlos, renunció a su filosofía contrayéndola a un minimum, poniéndola humildemente al servicio de la física”

                    Invito al lector a que sustituya Física por Economía y Filosofía por Ciencias sociales y podrá observar hasta que punto el Tema de nuestro tiempo( por seguir con Ortega) es el absoluto predominio de los economistas a la hora de analizar los problemas sociales. La diferencia entre la atención que la opinión pública, y la opinión publicada ,dedica a la opinión de los expertos en política económica  frente  a las reflexiones aportadas por sociólogos, politólogos, o historiadores  es realmente impresionante. No se puede decir que los medios no dediquen atención a las consideraciones de todos estos científicos sociales pero su aportación es minúscula en contraste con los juicios que emiten las distintas escuelas del pensamiento económico. Por este camino no es extraño que la crisis económica vaya unida a una crisis de confianza que va aumentando por momentos. No es ya que no se acabe de ver la  fiabilidad científica de la economía es que, aun en el supuesto de que el diagnóstico gozara de credibilidad, se ha perdido toda perspectiva global a la hora de enjuiciar los problemas.

            El lector de los medios asiste apabullado a una cantidad ingente de información acerca de la competitividad económica, el déficit, la prima de riesgo, la deuda pública, la política fiscal, los eurobonos, la reserva federal, o el rescate. Pasada la avalancha económica, pasa a las páginas de sociedad donde se encuentra a menudo con un cantante, una actriz, o un novelista, al que se pregunta acerca del mundo actual y de los valores que lo rigen. De la avalancha económica pasamos a una efusión sentimental incontrolada donde los artistas más variopintos dan cuenta de sus buenos sentimientos, y muestran su repulsa al mundo existente, sin ofrecer- como es natural-  ninguna  salida a la situación.

               Entre los economistas que imponen la doctrina y los artistas que dan rienda suelta a sus sentimientos se encuentra los políticos  que ya no saben  que decir porque lo único claro es que lo que dijeron  ayer ya no vale hoy; que las promesas con las que ganaron  las elecciones deben ser olvidadas para atender a las nuevas obligaciones impuestas por los mercados. Entre el imperialismo “científico” de los primeros, la efusión sentimental de los segundos y la impotencia de los terceros se está produciendo, ante nuestros ojos,  un cambio de época donde día a día se está naturalizando el espanto.

               Como éste se va difundiendo por doquier, como ya no hay quien pueda negar las consecuencias sociales del paro, la pérdida de la cobertura de desempleo, el copago sanitario, la subida de las tasas académicas, el aumento de la pobreza o el incremento de la exclusión social, asistimos a una ultima forma de imperialismo : los mismos que no fueron capaces de predecir la crisis, los que se acomodaron al dictado de los mercados, se lanzan a hablar de todo lo que no saben, con absoluta y total alegría. Uno no  sabe si admirar más su prepotencia o su ignorancia.

                  Así tenemos a sesudos economistas   escribiendo  que estamos a un paso de volver a los años treinta; al día siguiente otros economistas  nos comunican que hay que despedirse definitivamente del Estado nación y de la soberanía, para concluir con los que afirman  que el sueño europeo se ha esfumado definidamente y  que hay que aceptar que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.

                     Si el que hablara, en lugar del economista imperial, fuera un  historiador medianamente sensato  probablemente nos diría que hay grandes diferencias entre un mundo en el que  el comunismo era una amenaza para el orden liberal y un mundo en el que el capitalismo se ha quedado sin enemigo. Por tanto argüir que estamos en una situación parecida a la de los años treinta, sin tener en cuenta este dato fundamental parece una afirmación cuando menos arriesgada:  ¿cómo vamos a repetir el siglo de los extremos si uno de los extremos ha desaparecido?

                  En relación al Estado y a la soberanía cualquier politólogo solvente  nos diría que es difícil pensar que pueda subsistir la democracia si se transfieren la soberanía a un orden económico no democrático. La democracia dentro del Estado nación es limitada, escasa o reducida, pero  fuera, hoy por hoy, es inexistente. Por ello asumir, sin más, el diagnóstico del   economista imperial  que nos habla de la necesidad de abandonar cualquier ilusión de autonomía en un mundo globalizado, significa simple y llanamente cavar la propia tumba.

                Vayamos con el tercer mensaje; un mensaje  que nos repiten un día sí y otro también: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” La pregunta de cualquier sociólogo es obvia: ¿quién ha vivido de una forma desmesurada?; ¿todos?; ¿ unos más que otros? Cualquier analista social  trataría de contestar a esta pregunta analizando la evolución de la riqueza y de la pobreza en el mundo actual. Estaría interesado por  conocer el incremento patrimonial de grandes propietarios que lanzan al paro a profesionales, empleados y trabajadores porque, a su juicio,  “tenían unos salarios que no eran competitivos”. Cuando escucho esta retórica siempre recuerdo a un antiguo ministro de economía que afirmaba, sin sonrojo, que, tal como estaban las cosas, al servicio público sólo se podrían dedicar los más tontos de la promoción ya que sus salarios eran muy inferiores a los percibidos en el sector privado.  Sin embargo esos tontos forman parte de ese todo que   ha vivido por encima de sus posibilidades.

                   Por ello  es imprescindible revertir esta situación y por ello  recomiendo al lector que no acepte el imperialismo de una ciencia tan problemática como la economía y  que  combatan su hegemonía  por pura salud mental. ¿Cómo? Exigiendo a los medios que consideren que la solvencia  intelectual de los economistas para hablar del Estado, de la soberanía, de los años treinta o del futuro de la civilización es similar a la que tienen las otras ciencias sociales para hablar de los intrincados problemas económico-financieros. Nadie pregunta a un antropólogo por la Reserva Federal norteamericana. No se entiende por qué se permite hablar a muchos economistas de todo lo que ignoran.

                     Al revertir la situación ganaremos en profundidad y en complejidad. Y evitaremos la  situación lamentable de una vida política donde se  repiten    los dictados de los grandes expertos. Se pide a los políticos que lideren pero ¿cómo van a temer capacidad de liderazgo  si  van perdiendo la  conciencia histórica, al  estar  colonizados por la inmediatez?

                      Volvamos a Ortega para concluir.  Ortega hablaba de la aurora de una nueva razón, de la razón histórica que permitiría ver que lo que hoy tenemos por eterno es mudable, y ya que el hombre no tiene naturaleza tiene historia. ¿No sería bueno pensar en qué momento histórico nos encontramos y ubicarlo en un relato más complejo, más matizado, más profundo de lo que ha significado el siglo veinte?

                      Si el terrorismo de los laboratorios había condicionado la ciencia y el pensamiento del siglo diecinueve y había hecho contraerse a la Filosofía, la contracción que se está produciendo  de las ciencias sociales es tan brutal que o luchamos contra este nuevo imperialismo o al final las peores predicciones se harán realidad y desaparecerán  la democracia, el Estado nación y la soberanía, los derechos económico-sociales y las garantías laborales, las conquistas civilizatorias y los nuevos derechos de ciudadanía y todo ello ocurriría porque  vamos naturalizando el espanto.

                     Es imposible  que una reacción a este imperialismo de la economía  pueda venir única ni principalmente del mundo de la política.  Sólo con un nuevo saber científico-social será posible entender lo que nos pasa y salir de esta situación donde  estamos paralizados ante la eventualidad aciaga de lo que nos puede pasar.

                     Cuando uno no puede tomar  directamente una  colina debe dar un rodeo y comenzar dando la palabra a la filosofía y a  las otras ciencias sociales.                 

.                                                 Antonio García Santesmases

                                                Catedrático de Filosofía Política de la UNED.

                  

Del Rey a Botín, ¿por qué en España siempre mandan los mismos?

Alberto Mendoza

Los españoles están acostumbrados a ver las mismas caras al frente de instituciones, partidos, empresas y bancos a lo largo de las últimas décadas. La percepción de estancamiento o falta de renovación parece haberse acentuado con la dura y prolongada crisis económica, los problemas que afronta la nueva generación de emprendedores, así como con el surgimiento de nuevos movimientos de protesta como el 15-M. En lo más alto, figuras como el Rey, Emilio Botín, Francisco González, Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba ocupan la actualidad informativa desde hace lustros, pero la movilidad social tampoco funciona adecuadamente en los cuerpos de la Administración, la empresa privada o en el mundo de la cultura.

Un rápido repaso a la élite política y económica muestra que los nombres más representativos están próximos a la jubilación y llevan años ocupando puestos clave de responsabilidad. Botín llegó a la presidencia del Santander en 1986, pero antes ya era director general; González, presidente de BBVA, era presidente de Argentaria en 1996; en 1982, Isidro Fainé ejercía como subdirector general de La Caixa; Rubalcaba era secretario de Estado en 1982 y Rajoy, presidente de la Diputación de Pontevedra en 1983.

La crisis de credibilidad ha afectado ya de lleno a la Corona, después de que su papel durante la Transición frenara cualquier aproximación crítica al Rey. Don Juan Carlos ha tenido que pedir perdón, en un gesto sin precedentes, por su viaje a cazar elefantes a Botsuana, mientras en el seno de su familia afronta divisiones personales, así como la investigación judicial por la presunta corrupción de su yerno, Iñaki Urdangarín. Esta acumulación de reveses, junto con su mala salud, han hecho surgir también especulaciones en torno a su posible abdicación, tras 37 años en el trono. La respuesta, para el escritor y periodista Guillem Martínez, autor del ensayo CT o La Cultura de la Transición, hay que buscarla en la decadencia de ese modelo: “El Rey ha perdido la protección cultural de la que disponía. Ahora todos sus movimientos están expuestos”.

Los más ricos

Un vistazo a la lista de los más ricos de España también revela la pervivencia de nombres ya clásicos como Florentino Pérez, Alberto Alcocer, Alberto Cortina, Alicia Koplowitz o Juan Abelló, aunque en los últimos años ha destacado la irrupción de figuras como Amancio Ortega,Isaak Andic o Juan Roig. En el panorama de los medios, Juan Luis Cebrián es el referente de Prisa desde 1988, pero antes dirigió El Paísdesde su fundación en 1976. José Manuel Lara sucedió a su padre en 2003 al frente de Planeta, y Pedro J. Ramírez, hoy al frente de El Mundo, era director de Diario 16 en 1980.

Otro buen ejemplo de la previsibilidad española es la evolución del IBEX 35 desde su creación. Quince de las treintaicinco empresas que estaban el 31 de diciembre de 1991 se mantenían en enero de 2011. Además, según los datos recogidos en el estudio Rentabilidad y creación de valor del IBEX 35, de los profesores de IESE Pablo Fernández, Javier Aguirreamalloa yLuis Corres, cinco compañías clásicas (Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola y Repsol) constituyen el 65,49% del valor total. Y de las nuevas, solo Inditex supone un peso destacable en el conjunto.

"En la administración pública existe una nobleza de Estado"

Pero en ámbitos más anónimos, el inmovilismo parece también arraigado en la sociedad española. En la administración pública se ha detectado “la existencia de una nobleza de Estado”, que supone que “el 20% de los nuevos miembros de estos cuerpos cuentan con un pariente cercano en alguno de los altos cuerpos de la administración”. Así se sostiene en el estudio Altos Funcionarios, ¿Una nobleza de Estado?, elaborado porManuel Bagüés (Universidad Carlos III) y Berta Esteve-Volart (York University), dentro de la monografía publicada por Fedea Talento, esfuerzo y movilidad social.

“Hallamos evidencias consistentes sobre la existencia de nepotismo: en dos de las tres oposiciones para las que disponemos de información sobre la puntuación en pruebas de tipo test, los parientes obtienen en los ejercicios orales resultados mejores de lo que cabría esperar con arreglo a su puntuación en las pruebas de tipo test”, señala la investigación, aunque deja la puerta abierta a que la causa sea que los parientes sean mejores en los ejercicios orales que las pruebas tipo test.

En conjunto, España no es precisamente un modelo de movilidad social, es decir que existen menos probabilidades que en otros países de que un niño pobre acabe siendo un adulto rico. Como sostiene José V. Rodríguez Mora (University of Edinburgh y Pompeu Fabra) en la citada monografía de Fedea, “la movilidad intergeneracional es una señal del grado de salud de una sociedad. Señala la calidad de asignación de recursos. Cuanto menor es el grado de movilidad, más probable es que la asignación de talento en la sociedad sea ineficiente”.

De acuerdo con la OCDE, nuestro país está muy por detrás de Dinamarca, Austria, Noruega, Finlandia, Canadá, Suecia o Alemania, pero, sorprendentemente o no, España puntúa mejor que Francia, Estados Unidos o Italia. Sin embargo, este organismo recuerda que la educación y entorno socioeconómico de los padres sigue teniendo en España una influencia decisiva para el futuro salario de sus hijos, así como la propia educación de los niños, principal canal de ascensión social en nuestra sociedad.

Cambio de patrón cultural

El mundo de la cultura también parece resistirse a los cambios, y no solo porque Paquito Chocolatero sea una de las canciones que más derechos de autor genera cada año a la SGAE. Para Guillem Martínez, España está viviendo un cambio cultural que acaba con la Cultura de la Transición. A su juicio, durante ese periodo histórico se lleva a cabo la “desproblematización” de la cultura, generando un entorno de cohesión y unión en torno al nuevo proyecto político. “Sin ese cambio cultural los Pactos de la Moncloa hubieran sido imposibles”, indica. “La originalidad española es que el Estado es el creador de marcos, define qué es democracia o qué es violencia”, prosigue.

Además, recuerda Martínez, España gasta más en cultura que Francia, Alemania o Estados Unidos, de modo que es el Estado, desde el Gobierno central a los ayuntamientos, el que establece cuál debe ser el canon y cuáles los artistas. Una política de premios y subvencione que choca con los nuevos medios de consumo de la cultura. Según este analista, la explosión del 15-M ha supuesto un punto de inflexión para el cambio, ya que “el sistema no fue capaz de describirlo”.

“Se trató de tipificarlos como antisistema, radicales, pero acabó por denominarlos indignados, algo que no quiere decir nada, pero que recoge la incapacidad para nombrarlos. Es un cambio cultural, y los periodistas comenzaron a usar otros parámetros culturales para describir esa realidad, que está fuera de los partidos políticos y de las comunidades autónomas”, explica. A su juicio, en el futuro, si el Estado acaba por perder el monopolio cultural, “los políticos tendrán que hacer política y los profesionales de la cultura deberán defender sus puntos de vistas, pero ya no habrá mitos de unidad, sino diversas culturas en competencia”.

Publicado en El confidencial

Hollande: ¿un tiempo nuevo?

Juan Antonio Barrio de Penagos

El clamor por una política de inversión, crecimiento y empleo parece haber llegado hasta Ángela Merkel por fin. Ya antes del triunfo de Hollande, se declaró a favor de una “Agenda del Crecimiento”, con un papel mayor del BEI (Banco Europeo de Inversiones).

Pero es la victoria de Hollande la que puede hacer que esto no quede en simples buenos deseos, o en jaculatorias para ocultar la política suicida (Krugman dixit) del “todo austeridad”.

Dada su importancia, debería analizarse con cuidado lo que significa la nueva situación francesa. Antes que nada, la posible implosión del principal partido de la derecha francesa, la UMP. La deriva de Sarkosy –creciente entre las dos vueltas- hacia las posiciones de la extrema derecha puede tener consecuencias gravísimas. En primer lugar parece haber contribuido a la banalización – a la “desdiabolización”- del FN de Marine Le Pen, que incluso parece dispuesta a cambiarle el nombre al partido para hacerlo aún más “aceptable”. Este partido ha sido impulsado por un voto de protesta más fuerte en zonas rurales y periurbanas, que en zonas urbanas (por ejemplo, su voto en París está muy por debajo de la media). Aunque algo suavizado por la hija de Le Pen, sigue siendo un partido de posiciones xenófobas y racistas. Lo malo, es que de cara a las legislativas, algunos del partido de Sarkozy pueden extremar sus posiciones favorables al pacto con ese partido y otros todo lo contrario. Y lo peor es que la fuerza del FN en las presidenciales (17,90% de voto) podría permitir, si se repitieran los resultados, la presencia masiva de candidatos de ese partido en la segunda vuelta (hasta en 359 circunscripciones). Si esto condujera a triangulares (derecha, izquierda y extrema derecha) la mayor parte de esas circunscripciones (47 sobre 79 en 2007) serían probablemente para la izquierda, lo que podría reforzar la tendencia a la ruptura interna de la derecha.

No hay que olvidar, sin embargo, que hay un poso de protesta socioeconómica (el FN fue la primera fuerza en el voto de obraros no cualificados) al que hay que dar respuesta, si se quiere reducir la fuerza populista de ese partido. Es decir, no se trata sólo de extremismo racista y xenófobo, entenderlo así sería un error.

Otro factor de importancia a considerar es el encaje de otras posiciones de izquierda junto al ganador PS. Y muy preferentemente el Frente de Izquierda de Jean Luc Melenchon. Algunos acuerdos previos para la primera vuelta (con apoyo a candidatos comunes en algunas circunscripciones) podrían facilitar los tradicionales desistimientos a favor del candidato más votado en el resto de circunscripciones para la segunda vuelta.

Todo esto no es sólo política interna de Francia; es junto a la fragmentación parlamentaria resultante de las elecciones griegas, a las elecciones anticipadas en Holanda y a las elecciones generales alemanas de 2013, política europea. Y quizás una primera respuesta al gran debate: ¿se puede confrontar a los mercados con una posición europea conjunta?, ¿se puede forzar una política de suavización de la austeridad e impulso del crecimiento a escala europea?, ¿o es ya demasiado tarde y la suma de la inflexibilidad de Merkel y el chantaje de los mercados harán inviable cualquier cambio digno de tal nombre? La respuesta no es una cuestión teórica: afecta como mínimo a cientos de millones de europeos.

Publicado en El Siglo

Refrescando la memoria

La ruptura del pacto social

MANUEL DE LA ROCHA | 23/marzo/2012

Nuestro país se incorporó tarde al proceso de construcción del Estado de Bienestar. El atraso económico y la dictadura impidieron que España participara de lo que se llamó el “pacto keynesiano” que tras la Segunda Guerra Mundial alcanzaron en Europa la izquierda y la derecha, socialdemócratas y democracia cristiana, y que incluía como elemento central la presencia de sindicatos fuertes y el reconocimiento de la negociación colectiva como instrumento frente a la desigualdad en las relaciones de producción, llegando en algunos países hasta la “cogestión” en las empresas.

En España, el franquismo había eliminado a los sindicatos, sometiendo a los trabajadores a la dictadura del capital y aquel pacto no pudo llevarse llevó a cabo hasta la Constitución de 1978, consensuada entre la derecha y la izquierda,  que constituía a nuestro país en un “Estado social y democrático de Derecho” (Art.1.1), en el que los sindicatos son pilares inexcusables para la defensa de los intereses de los trabajadores (Art.7), garantizándose el derecho a la negociación colectiva y a la huelga (Arts.37.1 y 28.2).

Sobre esta base común los sucesivos gobiernos de la transición fueron promoviendo las leyes básicas reguladoras del conflicto social, fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), buscando un equilibrio entre capital y trabajo cuyos elementos centrales eran la libertad de mercado y de empresa, la negociación colectiva como vía de regulación de las condiciones de trabajo y la mejora progresiva de la situación de los trabajadores. Contemplando, además, la participación de los sindicatos en distintas funciones y órganos del Estado, para garantizar el “salario social”: pensiones, sanidad, educación, vivienda, etc.

Ese pacto social ha quedado drásticamente truncado con la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, con una profunda ruptura del equilibrio en las relaciones de trabajo, imponiendo un cambio de modelo que otorga a los empresarios un poder de disposición sobre salarios y condiciones de trabajo como no tenían desde el franquismo.

Ante todo la reforma  pretende una generalizada devaluación salarial.  El Gobierno, al no poder recurrir a la devaluación monetaria, opta por una mejora de la productividad del sistema sobre las espaldas de los trabajadores vía disminución de los costes laborales. Son muchas las medidas que con este objetivo se incluyen: la  prioridad absoluta en materia salarial del convenio de empresa, cuya razón es simplemente la bajada generalizada de salarios; la facultad que se otorga al empresario para que unilateralmente reduzca los salarios, sean pactados colectivamente sea en contrato individual; la rebaja radical del coste del despido, de 45 días a 20 días, además de la rebaja en el tope máximo de 42 mensualidades a un año; la desaparición de los salarios de tramitación en la declaración judicial de improcedencia del despido; y la eliminación de la autorización administrativa en los EREs, que la exposición de motivos impúdicamente justifica precisamente para que no se pacten indemnizaciones  superiores a 20 días año.

Todo ello implica un inmenso traspaso de rentas de los trabajadores a los empresarios, de miles de millones de euros, sin negociación ni compensación alguna. Más aún, con expreso desprecio por el Gobierno al pacto de moderación salarial incluido en el Acuerdo suscrito por sindicatos y patronal el 25 de enero pasado.

El segundo objetivo de la reforma es debilitar la posición de los trabajadores disminuyendo ostensiblemente las posibilidades de acción colectiva de los sindicatos. La derecha histórica española siempre ha estado enfrentada al movimiento sindical, salvo en la primera fase de la transición. Ahora de nuevo el PP y sus acólitos mediáticos han centrado su batalla  contra los sindicatos UGT y CCOO, a quienes consideran enemigos, quizás “de clase”, y como no pueden eliminarlos como hizo la dictadura, se busca desprestigiarlos ante los trabajadores y la ciudadanía, y quitarles poder como sujeto colectivo en las relaciones laborales, para individualizarlas.

Muchas son las vías. En mi opinión la más importante es eliminar la capacidad de sindicatos y empresarios para articular y estructurar la negociación colectiva, al dar prioridad en todos los casos al convenio de empresa, promoviendo su negociación sin presencia sindical, y devaluando los convenios de sector, que tienden a homogeneizar las condiciones de trabajo, defienden mejor a los trabajadores y evitan el dumping social; eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos, de forma que por el transcurso de dos años desde el fin de su vigencia sin haberse pactado uno nuevo, todos los derechos que reconocía a los trabajadores, salariales, de jornada, etc,  resultado de años de negociación y lucha, “decaen”, se pierden y tienen que volver a negociarse en su integridad. La posición empresarial se ve así reforzada de forma absolutamente extrema, pues les será mucho más fácil alcanzar sus propuestas simplemente con que transcurra el tiempo, que juega siempre a favor del empresario.

La tercera pieza, vinculada a las anteriores, es el desproporcionado incremento del poder empresarial en todos los ámbitos de la relación de trabajo. Desde aspectos aparentemente menores, como la desaparición de las categorías profesionales, hasta el poder modificar las condiciones de trabajo alegando simplemente razones económicas “relacionadas” con la competitividad  o la productividad, sin prácticamente control judicial; el abaratamiento del despido y la facilitación de sus trámites; los descuelgues de los convenios sin acuerdo;  el incremento a un año del período de prueba en los nuevos contratos para emprendedores, con despido libre y gratuito; incluso la limitación de los derechos de las mujeres para conciliar el cuidado de sus hijos.

Nada hay que intente equilibrar, aunque sea mínimamente, los grandes recortes económicos y de derechos que se producen. El Gobierno alega que esta reforma posibilitará la creación de empleo, pero paradójicamente el propio Gobierno anuncia que este año se producirá un incremento de 630.000 nuevos parados. Esta reforma va a empobrecer a trabajadores y clases medias  y generar muchos despidos. Y con el draconiano ajuste fiscal de este año y del próximo, veremos cuántos nuevos parados generará la política del PP en el 2013.

Nunca desde el franquismo los derechos de los trabajadores habían sido tan duramente recortados. El ministro Guindos, en aquella escena en la que sumisamente informaba a sus jefes europeos sobre lo que estaban planeando, habló de una reforma “extremadamente agresiva”. Los trabajadores van a defenderse de esta agresión extrema y sin precedentes. Está en juego el futuro del Estado social.

Manuel de la Rocha Rubí es abogado laboralista y exdiputado del PSOE

Publicado en El Plural

Democracia y privilegio

Antonio García Santesmases*

Ante la convocatoria de la  próxima huelga general se ha suscitado un debate acerca del lugar de los sindicatos en nuestra sociedad, un debate, sin duda, importante pero que amenaza con velar el auténtico problema de fondo: el modelo social que configura la reforma laboral que propone el gobierno. Por ello propongo al lector deslindar, desde el principio, los dos temas. Una cosa es la función de los sindicatos y otra la importancia del Derecho del trabajo a la hora de conformar una sociedad democrática.

Comencemos con el primer asunto. Los sindicatos convocan una huelga general que ni es la primera ni será la última. Una huelga general que tiene, sin embargo, unas características especiales. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 se realizó en plena hegemonía del socialismo y marcó la  ruptura dentro de la entonces llamada familia socialista, una ruptura que marcaría para siempre las relaciones personales entre Felipe González y Nicolás Redondo. Estábamos en una época en la que el Partido Popular estaba bajo mínimos y en la cual, muchos medios conservadores, atribuían  al sindicalismo el papel de auténtica oposición ya que era capaz de  recoger las  demandas de la calle, olvidadas por la soberbia económica y política de una elite político-económica dispuesta a ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles.

Aquélla fue la huelga más relevante de los años de gobierno de Felipe González, una huelga que se saldó, tras una negociación posterior,  con un gran éxito para los sindicatos; habían logrado parar el país, habían conmocionado a la opinión pública y fueron capaces de recoger el sentido de aquellas movilizaciones en un conjunto de conquistas para trabajadores, funcionarios y pensionistas.

Todo el que recuerda estos hechos  se asombra cuando escucha que las huelgas no tienen ninguna repercusión positiva, son inútiles, son ineficaces y no conducen a nada. Por recordar otra huelga con éxito no hay sino que pensar en lo ocurrido con el gobierno de José María Aznar y el destino que tuvieron los ministros Aparicio y Cabanillas tras el éxito de los sindicatos en la primavera del 2002.

Es igualmente cierto, sin embargo, que hay momentos en que las huelgas  no cambian los designios de los gobiernos. Pensemos en la huelga contra la reforma laboral de enero del 94 o en la huelga del 29 de septiembre del 2010. Se fueron aprobando reformas laborales que nos han llevado a la situación actual. La situación se puede resumir en algo que los sociólogos nos llevan advirtiendo durante años: no estamos asistiendo a un aburguesamiento del  proletariado, estamos ante una proletarización de sectores importantes de las clases medias. Este es el quid de la cuestión.

Estamos ante un  asunto de tal gravedad  que no es extraño  que se incrementen los miedos, las angustias, los agravios, y que se propicie  un caldo de cultivo donde se busca desesperadamente un responsable de todo lo que ocurre. Hay que decir que la búsqueda ha sido fructífera, parece que se ha hallado un chivo expiatorio: los auténticos responsables de lo que ocurre son los sindicatos. Es hora de ponerlos en su sitio, de demostrar a la opinión pública quien manda, y de no ceder ante sus reivindicaciones. Es el momento de ser firmes, de utilizar, si es menester, los aparatos policiales y de controlar los medios de comunicación estatales. Nadie es invencible. Sólo hay que tener determinación. Margaret Thatcher lo entendió así y supo encarar el combate con decisión reduciendo el poder de los sindicatos británicos. Mariano Rajoy no debe ser menos. Si es preciso debe llamar a lo  ciudadanos corrientes  a manifestarse para apoyar al gobierno y mostrar que la calle es de los que ganaron las ultimas elecciones generales.

Todo este conjunto de iniciativas muestran que estamos ante una huelga muy distinta a las anteriores. Aquellas huelgas marcaron puntos de inflexión en el 88 y en el 2002; ahora estamos ante el inicio de un conflicto social que nadie sabe como se va a desarrollar. Por el momento la derecha conservadora tiene un gran control de los medios de comunicación y sólo está preocupada por limpiar Televisión española de lo que denomina restos del zapaterismo. Con ese fuerte control ideológico nos encontramos con una opinión pública de izquierda que se tiene que refugiar en los medios digitales para poder contrarrestar la avalancha ideológica que trata de culpabilizar a las organizaciones sindicales de todo lo que ocurre. Para conseguir ese objetivo es imprescindible ganar la batalla ideológica y transformar el sentido de  las categorías que utilizamos para entender la realidad social.

Por utilizar una sola de esas categorías, que hay que recomponer para transformar su significado, recomiendo al lector que observe como se utiliza la categoría de privilegio. Durante decenios el privilegio se entendía como  el poder que emana de una herencia aristocrática y que permite a  los detentadores de ese  poder perpetuar su riqueza sin esfuerzo laboral alguno. Distinto es el privilegio de la clase burguesa que permite acumular  un capital industrial o financiero; este privilegio se asienta en una desigualdad que hay que ganar día a día a través de la lucha de clases.

Ese mundo de la aristocracia del antiguo régimen y de la burguesía capitalista fue  combatido por el movimiento obrero desde mitad del siglo XIX. A través de una lucha denodada por conquistar el sufragio universal en lo político y por asentar organizaciones sindicales en lo social, se fue consiguiendo que los sectores privilegiados se vieran forzados a pactar las condiciones laborales, el régimen salarial y la duración de la jornada laboral. Esa fue la gran aportación del Derecho del Trabajo. Se fue así fraguando un modelo de Estado en el que los derechos económico-sociales se extendieron al conjunto de la población y las oportunidades de vida se abrieron para todos. Para alcanzar ese modelo social hubo  que soportar dos guerras mundiales, vivir la experiencia del Fascismo y del Nazismo, hasta llegar a construir  un modelo de democracia que fuera atractivo para  los trabajadores ante la experiencia alternativa de los países del Este. El sistema se legitimaba afirmando que no era necesaria la revolución para poder alcanzar la dignidad en el mundo del trabajo y la igualdad de oportunidades para  el conjunto de la sociedad.

Desde hace años todo este universo comenzó a cambiar y los sectores conservadores se dieron cuenta de que el privilegio hoy sólo es posible para unos pocos, cada vez para menos y que los derechos no se pueden mantener. Había  que cambiar la lógica del debate social. Había  que oponer a los pobres con los nuevos pobres, a los excluidos con los trabajadores en activo, a los parados con los sindicalistas, a los padres con empleo con los hijos abocados al precariado. Una pieza esencial en este combate era mostrar que los derechos que tienen los que están dentro del sistema son “privilegios” que no se pueden mantener. No son derechos que ha costado mucho conseguir y que hay que preservar. No se trata pues  de incluir al que está fuera sino de lanzar al abismo al que está dentro.

Durante mucho tiempo se hablaba de la capacidad del capitalismo para integrar al proletariado a través del consumo de masas. Los proletarios de la sociedad industrial avanzada sí tenían algo que perder. No estaban abocados a la pauperización. Eran ciudadanos y consumidores; y por ello se  iban aburguesando paulatinamente ya que ellos mismos se vivían como clase media.

Hoy todo ha cambiado. Ya nada es seguro. Nadie sabe si el esfuerzo educativo conduce al empleo, si las pensiones están garantizadas, si se podrá mantener el sistema sanitario, si nuestros hijos vivirán como nosotros. Ante tal incertidumbre, ante tal angustia  los sectores conservadores han logrado  difundir la idea de  que los auténticos responsables de lo que ocurre son los cancerberos del mercado laboral, los responsables son  unos sindicalistas  que sólo tratan de defender sus privilegios y a los que los trabajadores reales  poco o nada importan.

Hay que decir que la difusión de esta idea puede acabar por imponerse y esta es una de las cosas que se juega en la próxima huelga general; mientras no se logre  mostrar a la opinión pública quienes son los auténticos privilegiados la batalla está perdida. Recomiendo al lector para empezar este trabajo que rescate una imagen reciente: en unas jornadas económicas  el  propietario de un gran medio de comunicación recibe obsequioso al presidente del Gobierno, acompañado por el presidente de una gran caja de ahorros. La imagen es inigualable. Juntos Bankia (Rato) y el grupo Prisa (Cebrián) acompañados por el cerebro económico de la CEOE (Iranzo) arropando a Rajoy.  Eran la viva imagen del privilegio económico influyendo en las decisiones del poder político.

Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Juan Luis Cebrián y Juan Emilio Iranzo (de izquierda a derecha), el pasado 6 de marzo, antes de participar en el Encuentro Financiero Internacional. / bankia.com

Han pasado días desde aquella foto y observo, con asombro, que nadie habla de los auténticos privilegiados, que la catarata mediática sigue centrada en intentar convencernos de que los auténticos privilegiados son los  sindicalistas, esos sindicalistas que quieren mantener unos privilegios que de una vez por todas hay que erradicar. La operación es clara: blindemos a la minoría auténticamente privilegiada y echemos a pelear a todos los demás.

(*) Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la UNED.

Time to rethink, not reassure

David  Milliband

The big state is a political dead end for Labour. The public won't vote for the belief that government is the cure for all ills.

Labour needs comradely and serious debate. So it should be with the former deputy leader Roy Hattersley's recent article (with Kevin Hickson) "In praise of social democracy" for the Political Quarterly. Roy has been pretty consistent in his views over 40 years, even if the framing labels in the party (right, left, new, old, radical, conservative) have swivelled around him. His commentary on politics is born not of self-promotion but out of belief. But that doesn't mean he is right.

In his article Roy sets out to make three arguments: that policy needs to be built on a consistent and coherent idea; that the only tenable ideological position for Labour is a social democratic commitment to greater equality and the freedom that is its product; and that Labour should eschew "news value" in favour of ideology. He is convinced that there exists an obvious instrument for putting social democracy into practice - the central national state, whose strength has been underestimated, he argues, in a rush of market fundamentalism on both left and right. His fundamental point is this: that Labour in the past 20 years has been scared off the most potent vehicle for the expression of its values, and in the process has come to be seen as ineffective as well as unprincipled.

For some, this will be seductive. It is what I shall call Reassurance Labour. Reassurance about our purpose, our relevance, our position, even our morals. Reassurance Labour feels good. But feeling good is not the same as doing good - and it gets in the way when it stops us rethinking our ideas to meet the challenges of the time. And now is a time for restless rethinking, not reassurance. Ed Miliband has shown he understands this with the policy review now under way.

The role of social democrats is to take the values of ethical socialism and put them into practice in a gradual way. The trouble is that while coming to praise social democracy, Reassurance Labour is the way to bury it. Its definition of the good society is too narrow; and it is inadequate to point to the importance of central government without addressing its limitations.

Louder assertion is just not enough for Labour - nor for the 24 out of 27 EU social democratic parties which find themselves out of power. We will win again only when two conditions are met. First, that we fully understand in a deep way why the electorate voted against us in 2010. Second, that we clarify the kind of future we seek for Britain, and the means to achieve it, in a way that speaks to the demands of the time.

Here are seven areas where we have to work through the right approach. They are about purpose as well as politics.

1. We should be the reformers of the state and not just its defenders, in the interests of both our effectiveness in government and our ability to win elections.
The mechanism Roy describes for furthering social democratic goals is "the central state", whose popularity and efficacy are to be proven by "demonstrating the inherent ethical superiority of social democratic values". This isn't right, and can leave us snared.

He makes two sensible claims about central government: that only the central state can perform certain essential tasks (regulation of banking is the example) and that "only the central state can perform certain other tasks fairly" (for example, in setting pension levels). The Tories don't usually dispute either point.

But these claims are then elevated to be the guiding light for the advance of social democratic values. This is dangerous for a number of reasons. A central state unclear whether its starting point is the entitlements of citizens or the delivery of services is unlikely to achieve either; a central state without the discipline of decentralisation is likely to become bureaucratic and out of touch; a central state that simply aims to do more - with no discussion of who pays for what, never mind who does what - is going to run into huge constraints of affordability and efficiency; a central state that sees itself as the only source of public virtue is going to lead to an impoverished notion of public good; and crucially, more and more problems - from obesity to mental illness - are not amenable to resolution by central government diktat.

The weaknesses of the "big society" should not blind us to the policy and political dead end of the "Big State". The public won't vote for the prescription that central government is the cure for all ills for the good reason that it isn't.

Active government is important beyond the demands of a minimal state. But it will only be effective when it mobilises people, whether as patients or parents or employees or citizens, to make choices and take decisions that reshape their own lives. That is why we are enjoined on our party membership cards to put power as well as wealth and opportunity in the hands of the many, not the few.

2. We need to be the champions of local political change rather than sceptics, not least because local government is going to be our area of greatest strength in the next few years.
Local government is where Labour holds power across the UK and is making change. Localism is derided on the grounds that autonomous communities can become oppressive rather than empowering in the absence of safeguarded national rights. But who is proposing to allow local communities to decide whether to apply anti-discrimination law? No one, as far as I know.

New Labour should have done more to pursue a thoroughgoing empowerment of local government and local communities - what I called in my time as minister for communities and local government "double devolution". Yet Labour councils in Newcastle, Lambeth, Liverpool - and South Tyneside, but I am biased - are showing what it means to do things differently. This is the only way to protect people from the onslaught of Tory economic policy.

This is not the same as laissez-faire. It is not a means for local communities to oppress minorities, or local government to ignore need, but instead a mechanism for: a) local choice about how to deliver national entitlements, b) decisions about local life beyond the national minima guaranteed by central government, and c) innovation that is the lifeblood of progress.

For the future, we are going to have to come forward with plans for reform of central government as radical as those that the pioneers in local government are developing at that level. There is a crisis of trust in government across the democratic world, and we need to be the people who address it by changing the system, not just defending it.

3. We need to be clear how equality, and what kind of equality (including of what), services our notion of the good society.
Roy Hattersley has an admirable pedigree in helping Labour think through the relationship between liberty and equality. The argument of his book Choose Freedom: Future of Democratic Socialism - that the reduction of inequalities is necessary to expand individual freedom - is necessary and powerful. But in his article, liberty, rights, social justice and equality are listed as a range of desirable values, when the issue is how to resolve clashes between values, not whether you can make a list of them.

For two years in the early 1990s, as secretary to the Commission on Social Justice, and then in and around government for our period in office, I argued with people who said that New Labour's harping on about social justice was an abandonment of Labour's commitment to equality. The truth is that a proper definition of social justice provides a good guide to the competing demands of liberty, justice and equality.

Thanks to the insight of the late Bernard Williams, the Commission on Social Justice argued that the way to understand social justice is through a four-part scaffold. Social justice in this definition means:

1) The equal worth of all citizens;
2) Their birthright to have all basic needs met;
3) The need for a thorough assault on inequality of opportunity;
4) The reduction and where possible elimination of unjustified inequalities in political, economic and social power.

This means arguing strongly that the levels of inequality currently being generated in countries like Britain need to be tackled. But it also means embracing notions of merit, reward and responsibility in developing policy in areas such as tax and welfare - to service a viable and principled notion of social justice. Ed has spoken powerfully and correctly about this.

4. We need a politics of economic growth, not just redistribution and regulation.
Social democratic parties win when they combine a politics of production with a politics of distribution. Growing the pie and distributing it more fairly should be mutually reinforcing. Miss one of them out and we cannot help those who need it.

The party has been united over the past 18 months in arguing that the Tories' austerity plan is economically dangerous. There is good evidence that our concerns are justified. The Darling recovery has given way to the Osborne slump. But every Labour member also knows that the Tories have done a serious job at blackguarding Labour as fiscally incontinent and they are now moving on to blame the euro for our present economic ills. These are battles that we have to win to benefit from the misdeeds of the Tories.

It was a tough job to win back economic trust after 1992. The bequest from 2010 is even tougher. At the last election, not a single major business endorsed Labour, and we cannot afford that again.

The battle is not only a macroeconomic one about demand management and the deficit, vital though that is. There is an investment crisis facing many western economies, squeezed between limited scope for public investment and private-sector deleveraging. Its remedy will require deep-seated engagement with a changing economy, and the range of interventions and incentives that can stimulate it. It is about responsible capitalism. It is also about productive capitalism.

5. We need to resolve how to make our internationalism work for Britain.
It makes life easy to ignore the outside world, but domestic policy today cannot be insulated from the international context. The problems confronting all advanced western countries are not just the product of left v right battles over national levels of equality, regulation, welfare, state interventionism, and so on. They reflect profound shifts in the global power balance - between west and east, between state and market, between government and individual, between resource plenty and resource scarcity. These are the tectonic plates of global politics. The greatest strategic judgements are about how to engage at a regional or global level.

We cannot secure the future of the country or the party unless we engage with this new reality. My own view is that countries that are weak in their own region are going to struggle in this century. For Britain, that needs to be built into a political narrative about reform of the European Union that is plausible enough to be powerful; and combined with strategic insight into the deep questions of identity and belonging that now face Britain and notably the people of England.

The world is more open and connected than ever before - for individuals, for cities, for countries. But as an IPPR report published last month argued, unless globalisation is reshaped for mass benefit, the stirrings of discontent felt around the west will rise to become a dangerous tide.

6. We need to continue to modernise the party itself.
One of the correct charges laid against the last Labour government was that it lost the red thread that links decisions to values. Yet there is also a valid charge that its "mechanical" reforms reflected a view of government "for the people" that neglected the importance of government "by the people".

This starts in how the party itself is run. As Phil Wilson MP memorably said to me, we won the election on 1 May 1997 and stopped reforming the party on 2 May 1997.

Labour has gained over 60,000 new members since the last general election. But we remain a party of 0.3 per cent of the British population; and we are a party in which probably 5,000 people (less than 0.01 per cent of the population) do 90 per cent of the work. So we need to expand the party and redistribute responsibility within it. That is what I am hoping to contribute to through the Movement for Change, training 10,000 party members and supporters to make change in their own communities.

When you think that the French Socialists got 2.8 million people voting in their leadership election - for the price of €1 and a signature supporting the aims and values of the party - you see how far we have to go in the project of reconnecting with the British people. Yes, France has a presidential system; it differs from ours. But soon in cities around England we are going to be selecting our candidates for mayor. Imagine the boost to our campaigns, for elections soon after, if our candidates were selected in open primaries that require engagement with tens of thousands of Labour voters around the city even before the mayoral election gets under way.

7. We need to establish far more clearly what needs to be defended about Labour's record in government, not just join the blanket Tory denigration.
Roy says that Labour in government "would never dare to mount a real attack on poverty". This is weak. For example, by 2010, an extra £18bn per year in real terms was being spent to tackle child poverty, while the incomes of poor pensioners were also dragged upwards. It was funded in part from the unsustainable proceeds of the financial sector - far more sensible grounds for concern, as both Eds have said.

One of the jewels in the crown of Labour's time in office was the rescue of the National Health Service. As the Commonwealth Fund, the London School of Economics and the Nuffield Foundation have all shown, health reforms as well as additional investment were essential to improved outcomes, especially for poorer patients. Where reform was missing, in Scotland and Wales, the improvement was far slower.

Research by the Financial Times shows a similar picture in schooling, where the gap between best and worst schools, which correlates with a wealth gap, was narrowed in the context of rising performance by schools in general.

Our attacks on the Tories will not work if we are not clear about what we did. We should say loud and clear where we made mistakes, but we should also insist that the list of gains far outstripped the mistakes. After all, even David Cameron said on coming to office that Britain was better in 2010 than 1997.

Our defeat in 2010 was disastrous, Labour's second-worst in 70 years. We hold only 12 seats out of 210 in three southern regions outside London. Since then we have avoided the most obvious mistake of 1951 and 1979, namely disunity. That is very true, and strongly to Ed's credit and that of the wider party.

Yet we have a lot to be concerned about, from the Tories' financial advantage and the boundary review to the sociology of our representation at Westminster so that, for example, the professions are under-represented in the Parliamentary Labour Party, the threat of Scottish independence and, above all, the profound damage to our hard-won economic reputation following the economic crisis and the successful demonisation of our record.

After these challenges, it is a massive risk to say that there isn't much to worry about in our approach - and in fact, that history is coming in our direction. But the Reassurance tendency insists that anyone who disagrees has abandoned principle for power. It does so out of fatalism about our ability to persuade people of the correct course.

Roy says that the trouble started when our defeat in 1992 was taken to mean - wrongly, in his view - that people wouldn't vote for an "overtly social democratic policy platform". Not only does Roy argue that Labour made mistakes after 1994, he says that principle was deliberately abandoned for reasons of electoral expediency.

Yet the argument after 1994 - starting with the rewriting of Clause Four - was exactly the opposite of this. The whole revisionist argument throughout Labour history is that to impale ourselves on the choice of principle and power is logically as well as politically disastrous. And the real lesson of 1992 was that we couldn't rely on an unpopular government to lose an election and gift us victory.

After 1994, we did not say that it was a great pity we had to compromise our principles to meet the electorate halfway; we said that it was vital to reform the statement of our principles to reflect what we believed. The same was true in a range of policy areas, including health, education and crime. We changed our policy better to fulfil our values, not abandon them.

That is what we have to do again - not because we have changed but because the world has changed. Rethinking, not reassuring.

Principle without power is the stuff of a debating society, not a political party. However, power without principle is a violation of our most basic purpose. So let's not pretend that the party is divided between the virtuous and the impure.

The problem with the definition of social democratic politics by the Reassurance Labour tendency is not just that it reduces our chances of election, but rather that its vision is too narrow, its mechanisms too one-dimensional, and its effectiveness too limited. The debate is not whether one side is unprincipled; instead, it is who is right.

David Miliband is the MP for South Shields. He was environment secretary (2006-2007) and foreign secretary (2007-2010)

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