31 enero 2012

Balance de una época. Más allá de la economía

       
Antonio García Santesmases*

                      En los congresos del PSOE era una tradición consolidada el evaluar críticamente la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal. Era uno de los momentos esenciales del congreso del partido. Voy a intentar en este artículo analizar las luces y las sombras del período que ahora termina, voy a intentar mostrar los aciertos y las carencias de los años en los que ha sido Secretario general del PSOE Jose Luis Rodríguez Zapatero.
                         Convendría comenzar por recordar cómo llega Zapatero a la secretaria general del PSOE. Quizás si analizamos lo que ocurrió entonces podremos valorar la ejecutoria posterior.

            I- UN CONGRESO CON LUCES Y SOMBRAS.
                          Zapatero llega a la secretaria general en un congreso extraordinario en el que se presentan cuatro candidatos. Todo hubo que improvisarlo porque al celebrarse un congreso extraordinario no había posibilidad de valorar la gestión anterior (nadie rindió cuentas del período de Joaquín Almunia en la Secretaría general) y al haber cuatro candidatos se pensó que era imprescindible elegir primero al secretario general y proceder posteriormente a la elección de la Comisión ejecutiva. Aquel sábado por la mañana los delegados pudimos escuchar a los cuatro aspirantes y proceder posteriormente a la votación. Era una votación individual y secreta de los delegados pero no se permitió que hubiera una segunda vuelta en la que los delegados pudiéramos optar entre los dos candidatos con más apoyos. Se pretendía con esta maniobra asegurar el triunfo de José Bono y su acceso a la Secretaría general. Los que forzaron una única votación no lograron su propósito pero impidieron que las minorías pudieran condicionar con su voto la elección del secretario general. Dicho de otra manera la minoría de izquierda  pudo evitar que saliera el que, a su juicio, era el peor, pero no logró condicionar la elección de la comisión ejecutiva del que pensaban era el menos malo.
                       La gran perjudicada por aquella maniobra fue el ala izquierda del partido socialista que con tanto esfuerzo, y tanta falta de reconocimiento posterior,  había ido aglutinando con gran dignidad  Matilde Fernández. Los vencedores del congreso prefirieron olvidar pronto aquellos apoyos e interpretar lo ocurrido en clave generacional: había llegado una nueva generación que nada tenía que ver con el pasado, con las querellas de sus progenitores, que no estaba dispuesta a reproducir eternamente aquellos desencuentros.
                      Se procedía así a devaluar  el debate anterior, reduciéndolo a una querella personalista entre dirigentes, obviando todas las dimensiones ideológicas que habían suscitado aquellos desencuentros. Comenzaba el adanismo. Adanismo que fue bien recibido por una gran parte de la opinión pública que veía caras nuevas, que no había entendido nunca con claridad los motivos de las diferencias anteriores, y que se encontraba con unos dirigentes jóvenes a los que no se les podía imputar los aspectos más negativos de la gestión de la generación anterior. Adanismo que también tendría su lado negativo como luego veremos.

                   II- DE LA OPOSICION RESPONSABLE A LA CONFRONTACION.
                      De julio del 2.000 hasta marzo del 2.004 Zapatero aparece  al principio como el hombre de la oposición seria, solvente, cuidadosa, bienintencionada, que parece estar dispuesto a no romper un plato ni a decir una palabra de más. Asume el pacto entre el PSOE y el Partido popular en el País Vasco en las elecciones en las que los constitucionalistas pierden por muy poco frente a los nacionalistas y pacta la Ley de Partidos con el gobierno. Hasta ese momento todo eran parabienes.
                       Pero llegó la huelga de los sindicatos y las movilizaciones contra la guerra de Irak. De pronto el hombre cuidadoso, bienintencionado, fue visto como un personaje dispuesto a acompañar a los sindicatos hasta la Puerta del Sol y solidario con los manifestantes contra la guerra. Zapatero se declaró contrario a la intervención de las tropas norteamericanas y acompañó las movilizaciones masivas en contra de la guerra. Ya entonces comenzó a ser visto por la derecha como un peligro.
                Ese Zapatero pro-sindical y anti-guerra  apoya igualmente  a la Izquierda plural en Cataluña y  afirma que  avalará, si llega a la Presidencia del gobierno, la propuesta que surja del Parlamento de Cataluña de elaborar un nuevo Estatuto. La Izquierda plural triunfa en Cataluña después de 23 años de gobierno de Pujol y Zapatero se ve atrapado por unas palabras que van  a marcar sus años de gobierno.

         III- LA PRIMERA LEGISLATURA.
Son los años marcados por el pacto parlamentario con Izquierda unida y con Ezquerra Republicana de Cataluña en la que se producen decisiones de un enorme calado que cambian elementos decisivos del legado de la transición: la retirada de las tropas de Irak como muestra de respeto a la voluntad de un pueblo que estaba masivamente contra la guerra; la elaboración de una ley de memoria histórica; la aprobación del matrimonio homosexual y  de un nuevo Estatuto para Cataluña. La campaña de la derecha en contra de estos proyectos fue implacable: se acusó a Zapatero de ser un Presidente ilegítimo que había alcanzado el poder en un extraño contubernio con las fuerzas de seguridad, los terroristas de Eta y los islamistas. Ese Presidente ilegítimo pretendía además poner en cuestión los fundamentos de la nación y los pactos de la transición.
                  El Zapatero bienintencionado, cuidadoso, dispuesto al consenso, era de pronto un rehén del nacionalismo catalán más desaforado, un político revanchista que quería ganar una guerra civil que sus antepasados perdieron hace muchos años y, para colmo, alguien dispuesto a  negociar con los terroristas de Eta. El retrato era tan cruel y despiadado, tan injusto y desproporcionado, que todos los que cultivamos la memoria nunca lo podremos olvidar. Los que no tienen costumbre de cultivar la memoria tampoco lo deberían hacer si quieren tener alguna claridad conceptual en relación a como se las gasta la derecha mediática en España cuando se atenta contra su interpretación de la historia y su proyecto de nación.

           IV- EL ÚLTIMO ZAPATERO Y EL DEBATE PENDIENTE.
                 Esa profusión de improperios, de insultos y de descalificaciones  por parte de la derecha provocó que  muchos  votantes de Izquierda unida, del Bloque Gallego, de Ezquerra republicana, del PNV y de CiU  decidieran apoyar   a Zapatero en el 2.008 aterrados ante la posibilidad de un triunfo de una derecha tan agresiva y montaraz.
             Como sabemos en las elecciones del 2.011 no ha sido así y creo que el motivo fundamental está en el giro en la política económica y social del  gobierno a partir de mayo del 2.010. Pero a pesar de que éste sea el motivo más relevante  de la derrota el socialismo español y la izquierda en su conjunto debería darse cuenta de que hay en juego  algo más que economía. No podemos pensar que tras la derrota de ETA y el incremento del peso electoral de la izquierda abertzale, y tras la vuelta del pujolismo, el debate en España se va a centrar únicamente en los temas económico-sociales.
             La izquierda tiene ahora  mucho tiempo por delante y lo peor sería volver al adanismo y pensar que nada ha ocurrido durante estos años. Creo que tiene que aprovechar el tiempo disponible  para definir con rigor qué entiende por nación, cuál es el papel que debe ejercer la memoria en la construcción de la identidad y cómo debe afrontar los problemas de la laicidad. Son temas que van más allá de lo económico y en los que hemos vivido una combinación entre decisiones audaces en el campo legislativo con la ausencia  de una explicación pedagógica de lo que se quería hacer. Ante el aullido de una  derecha que bramaba  en demasiadas ocasiones, muchos representantes de la izquierda han preferido escurrir el bulto, han pensado que sólo con afirmar que esos temas no eran los que debían presidir la agenda política, esos mismos temas desaparecerían como por arte de magia.
                No ha sido  así. En el balance del zapaterismo hay una combinación entre gestos audaces que muchos siempre agradeceremos con la  ausencia notable de un relato político que muchos hemos echado en falta. Esta ausencia se ha debido a que, fruto del adanismo, han pensado que todo el mundo con buena voluntad, antes o después, aceptaría sus criterios. Nunca ha ocurrido en la historia ni ocurrirá en el futuro. El debate entre las ideologías se juega también en la pugna por el pasado.
            Pondré un ejemplo para terminar. Cuando se produjo el anuncio del final de Eta   políticos de distintos partidos  dijeron una y otra vez que no estaban dispuestos a permitir que el relato de lo ocurrido quedara en manos de los herederos de los terroristas, olvidando el sufrimiento de las víctimas.
                        Nada más justo, nada más acertado. El problema es que el sufrimiento acumulado  en España no es únicamente el de las victimas de Eta. Existe un sufrimiento acumulado en la transición que no ha sido reparado y al que hay que hacer justicia y hay que hacerlo preservando a la vez lo mejor del legado de la transición. Tarea compleja, difícil, que va más allá de la economía, que remite a la pugna por el pasado, al difícil equilibrio entre memoria y olvido, sin el cual es muy difícil que pueda arraigar una cultura auténticamente democrática.
Catedrático de Filosofía Política de la UNED.
Revista Temas para el debate. Febrero 2.012

Política de vivienda, algo más que bajar el stock de no vendidas

Julio Rodríguez López[1]
  Durante el último año,  el anterior gobierno socialista y  el nuevo gobierno popular han tenido algún que otro rasgo común en materia de política de vivienda. La consideración de que el principal objetivo de dicha política es la reducción del elevado “stock” de viviendas de nueva construcción no vendidas en España  es lo más llamativo de las declaraciones realizadas en ambos casos. La política de vivienda incluye, por lo general, objetivos adicionales al objetivo central, como los de soportar el crecimiento a largo plazo de los niveles de vida  y el fortalecimiento de la estabilidad monetaria (OCDE, “Housing and the economy”, Economic Policy Reform 2011). Pero en ningún caso el objetivo central deja de considerarse que tiene que  ser el de  “asegurar vivienda adecuada a los ciudadanos” (OCDE, op.cit.), y ello con un esfuerzo de accesibilidad razonable.
  La reducción del elevado stock de viviendas citado, que en 2011 ha vuelto a crecer y que no debe de andar muy lejos del millón de viviendas, viene a ser,  en las presentes circunstancias  de la economía española,  un objetivo general de política económica y no tanto un objetivo especifico de la política de vivienda. Ello no impide que con las actuaciones previstas de política de vivienda se contribuya a la reducción del stock en cuestión.
 Si para  hacer política de vivienda se esperase a que se haya vendido o eliminado el número de viviendas construidas y no vendidas,  como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria,  habría que dejar pasar un periodo de tiempo excesivamente largo. A no ser que para lograr dicho propósito se recurriese a métodos tan expeditivos  como los que se han desarrollado en la ciudad de Detroit (USA), donde se ha vuelto a cultivar la tierra con fines agrícolas  en terrenos antaño ocupados por construcciones residenciales.
  El nuevo gobierno se ha estrenado con un reforzamiento de las ayudas fiscales  al acceso a  la vivienda en propiedad (IVA del 4% sobre las ventas de nuevas viviendas durante 2012 y aplicación de la deducción de vivienda en el IRPF desde 2012 cómo se hizo hasta 2010, extendiéndola  con efectos retroactivos a 2011) y  con la eliminación de la ayuda directas a los inquilinos jóvenes, denominada como Renta Básica de Emancipación. Esta última ayuda  la puso en marcha en 2007  la entonces ministra de vivienda, Carmen Chacón,  que  cumplió con ello una actuación prevista en  el programa electoral del PSOE de  2004.
  El gobierno ha reducido el nivel del órgano competente en política de vivienda desde Secretaría de Estado a Dirección General, coincidiendo con el reforzamiento de las ayudas  fiscales al acceso  en forma de propiedad. El ahorro de gasto público derivado de dicha reducción del nivel administrativo de la política de vivienda ha sido ampliamente superado por el coste de las medidas fiscales citadas. Dicho coste,  disminuido por el ahorro de la supresión de la   renta básica de emancipación,   podría aproximarse  a los 1.500 millones de euros, que no es una cifra despreciable en tiempos de ajuste como los actuales.
  Asumido, pues, que a pesar de que el alquiler domine ahora entre las nuevas ofertas y demandas de viviendas en las grandes ciudades (“El alquiler avanza como primera opción», El Mundo, 27.1.2012) la vivienda en propiedad va a ser el rasgo más destacado del nuevo gobierno, este debe de hacer algo más que bajar los impuestos a los que pueden comprarse una vivienda en las presentes circunstancias. El instrumento más potente de la política social de vivienda en España, esto es, la ayuda a la  promoción y compra de  viviendas protegidas (VPO) en España, debe de estar pasando por una profunda crisis como consecuencia de la restricción crediticia, pues al fin y al cabo dicho sistema descansa en los nuevos créditos convenidos  para tales actuaciones.    
 La política de vivienda forma parte de las prestaciones sociales integrantes  de  lo que viene a denominarse como estado bienestar. La reducción del stock de viviendas terminadas y no vendidas está  asociada con la reforma del sistema financiero en España, a la vista del fuerte peso que dichas viviendas no vendidas tienen en los balances bancarios. Aunque sea a nivel de Dirección General, hay trabajo en el gobierno de España en cuanto a  política social de vivienda se refiere.  La reforma  a fondo  de la política de vivienda protegida,  en un sentido favorable al alquiler y a la rehabilitación, y el conocimiento de la realidad del mercado del alquiler en España figuran entre las principales tareas pendientes.


[1] JRL fue presidente del Banco Hipotecario de España y de  Caja Granada

16 enero 2012

La invasión de los mediocres

Luis del Val

El grave problema que tiene España no radica en su déficit presupuestario, ni en balance de sus entidades bancarias, yo diría que ni siquiera en el paro que, de aquí a un año, es posible que comience a disminuir de manera sensible. El inconveniente más terrible es una invasión de mediocres que se ha instalado en los sindicatos, en los partidos políticos, en las empresas privadas y en la Administración. Así, al pronto, parecen inofensivos, porque, claro, como son mediocres, no ocupan altos cargos de responsabilidad, pero están agazapados, repartidos entre los fundamentales mandos intermedios, y, desde allí, se dedican a torpedear proyectos, neutralizar el ascenso de personas más capaces que ellos, resistir pasivamente a cualquier innovación, y emplear todas sus fuerzas en que no cambie su propio estatus, que, como consecuencia, significa que no cambie nada.

El mediocre no es tonto, porque el tonto no se entera de nada. El mediocre tiene la suficiente inteligencia como para distinguir que existen personas mucho más capaces que él, y que le pueden birlar el injusto puesto en que se encuentra, y que está muy por encima de sus méritos.

El mediocre es adulador con el superior, servil con los jefes y cruel con los inferiores, pero de una crueldad envuelta en buenas maneras para que parezca que las trampas que él pone parezcan cosa del destino. El mediocre, mejor dicho, la invasión de mediocres que sufrimos en este país, retrasa el crecimiento, paraliza los avances, pudre las soluciones, impacienta a los perspicaces y fatiga a todo el mundo. Si queremos que España salga adelante hay que imponer una cacería del mediocre. O acabamos con ellos o lograrán que nos hundamos todos en la inmensa mediocridad, donde en la vulgaridad y la insignificancia generalizada, se mueven como peces en el agua.

15 enero 2012

La reforma laboral

La reforma laboral a debate, intervienen: Nicolás Redondo Urbieta, Antonio Gutiérrez, y Jesús Bárcenas. Un importante documento sonoro que a más de uno le puede hacer bajar a la Tierra, no hacemos comentarios, esos los pueden poner Vds.

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14 enero 2012

La deflación salarial

JUAN FCO. MARTÍN SECO
Un razonamiento va tomando fuerza. Los más audaces se atreven ahora a plantearlo abiertamente, y los demás, aunque no lo hagan de forma explícita, lo tienen muy en cuenta a la hora de implementar la política económica. Hasta el mismo Paul Krugmanha utilizado ese argumento a menudo. “En la Unión Monetaria, a los países en dificultades como España, al no poder devaluar, la única vía que les queda para recobrar la competitividad perdida es la deflación interior”.
Desde el stablishment financiero y económico -también desde el político-, el planteamiento se realiza de una manera más brutal y desnuda. Ante una situación como la de España, con elevado déficit y endeudamiento exteriores, solo caben tres alternativas: primera, devaluar la moneda, lo que resulta imposible mientras se forme parte de la Eurozona; segunda, salir de la Unión Monetaria; nadie sabe el camino y su coste, además, se prevé elevadísimo, y tercera, la deflación interior de precios y salarios, que tendría en el fondo un efecto similar a la devaluación.
Las fuerzas económicas se llenan de razón y concluyen, como si de un silogismo se tratase, que no cabe más solución que la planteada por la tercera vía, que en la práctica, dado que nos movemos en una economía de mercado -en la que, por supuesto, los precios no pueden ser intervenidos ni limitados los beneficios de los empresarios-, todo se reduce a disminuir salarios. De ahí que el Gobierno haya aprobado la congelación del salario mínimo interprofesional. De ahí también la presión que se ejerce sobre los sindicatos para que acepten en los convenios la congelación salarial, lo que representa una reducción del salario real; y de ahí por último la defensa de reformas laborales que depriman los derechos de los trabajadores y abaraten en consecuencia el coste de la mano de obra.
Desde el punto de vista de la teoría económica, el razonamiento parece bastante coherente. Fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la Unión Monetaria desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades, que sin duda iban a surgir, el ajuste recaería sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.
Pero pasemos de la teoría a la práctica. Lo primero a señalar, aunque sea únicamente por un prurito de exactitud y de rigor, es que existe una cuarta opción, consistente en crear en la Unión Monetaria una verdadera unión fiscal, al modo que se da en cualquier Estado moderno, una hacienda pública potente que al mismo tiempo que corrige las desigualdades entre los ciudadanos, minimiza los desequilibrios regionales que el mercado y la moneda única producen. Esta alternativa es, ciertamente, desechable por utópica, ya que los países ricos como Alemania nunca permitirán un flujo de recursos tan importante hacia los otros Estados. Pero no menos inviable resulta la tercera opción propuesta, que en realidad no representa ninguna solución, porque para que un país como España recuperase la competitividad perdida a lo largo de estos 10 años frente a Alemania y lograse equilibrar así su balanza de pagos sería necesario depreciar su moneda cerca del 20%. ¿Cuánto deberían reducirse los salarios para tener un efecto similar a esa hipotética devaluación que no puede realizarse al estar en la Eurozona? Es evidente que ni política ni social ni económicamente resulta factible tamaño dislate.
Por otra parte, parece que todo el mundo está empeñado en ignorar que son los precios y no los salarios los que determinan la competitividad exterior, y que el incremento de estos tan solo es relevante en cuanto influye en aquellos. Muy bien puede ocurrir que la evolución de los precios no siga a la de los salarios. Así ha sucedido en la última década en la que la retribución de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo. En los momentos actuales, en plena crisis, casi en recesión, el ajuste de los salarios en España no está impidiendo que los precios continúen sufriendo incrementos superiores a la media de la Eurozona.
La deflación de los salarios, esa tercera opción fijada como la única posible en el discurso oficial, está muy lejos de constituir una verdadera solución. Lo único que se consigue con ella es castigar aún más a los trabajadores modificando la distribución funcional de la renta a favor del excedente empresarial y en contra de las remuneraciones salariales, al tiempo que se deprime aún más la economía y se genera paro. En realidad, las únicas alternativas reales consisten en que o bien se cree en la Eurozona una auténtica integración fiscal con una robusta hacienda pública común y un sistema de seguridad social integrado -lo que no parece muy viable- o que cada país retorne a su moneda, con los costes que tal situación puede comportar.

13 enero 2012

Se inicia el debate

Antonio García Santesmases *

En el debate que ha comenzado dentro del PSOE sobresalen dos elementos que conviene analizar con algún detenimiento. Uno se refiere a los procedimientos que se han aprobado para elegir el nuevo secretario o secretaria general del partido. El otro está vinculado a los elementos emocionales que se han puesto en marcha para ganar apoyos en una contienda, que se presume será muy dura, por el liderazgo de la organización
En los congresos tradicionales del Partido Socialista se daba una gran relevancia al análisis de la gestión de la Comisión ejecutiva saliente y a la elaboración de la nueva línea política que debía marcar los años siguientes. Estas dos tareas eran previas a la presentación de candidaturas a la dirección del partido, candidaturas que siempre eran colectivas.
En este modelo clásico de partido se daba una gran relevancia a la elaboración colectiva y se consideraba que la pluralidad de sensibilidades ideológicas, de plataformas de pensamiento y de corrientes de opinión, eran un elemento decisivo en la vida del partido. Esa pluralidad era la que marcaba la vida de la organización  a partir de la conexión con personalidades que encarnaban las distintas posiciones. El modelo acabado de este tipo de partido era el Partido Socialista Francés. En España las cosas fueron por otros derroteros a partir de mayo del 79.
Los delegados de aquel congreso querían a la vez aunar una línea ideológica de raíces marxistas con el liderazgo de Felipe González. El entonces secretario general se negó a secundar aquellas tesis ideológicas y los militantes del partido se vieron abocados a elegir. Optaron por olvidar a Marx y ensalzar a Felipe González. A partir de ese momento la combinación entre el liderazgo carismático de González y el dominio del aparato burocrático por parte de Alfonso Guerra permitió articular una dirección política que duraría muchos años. Fue una dirección marcada por dos etapas bien distintas: los años ochenta fueron años de acuerdo completo entre estas dos figuras del socialismo; desde enero del 91(con la dimisión de Alfonso Guerra como vicepresidente) hasta junio del 97 las trifulcas fueron continuas y al final los dos abandonaron conjuntamente la dirección del partido, en un clima sombrío donde nunca se llegaron a conocer con claridad los motivos de la divergencia.
Fue en junio de 1997 cuando, sorpresivamente, Felipe González decidió no presentarse a la reelección como secretario general del PSOE imponiendo a Joaquín Almunia como su sucesor. La falta de legitimidad de esta elección es la que provocó la convocatoria de unas elecciones primarias que ganó Borrell. El recuerdo amargo de la difícil convivencia entre el aparato del partido y el triunfador en las primarias provocó que el PSOE huyera, a partir de entonces, como gato escaldado de cualquier asomo de bicefalia. Era imprescindible asegurar la coincidencia en el liderazgo; la misma persona debía ser el líder del partido y el líder electoral.
Esta experiencia es la que está detrás de la elección de Zapatero. Zapatero no es elegido en primarias. Es elegido en un congreso como secretario general, dando todo el mundo por supuesto, que sería a la vez el candidato del partido a la presidencia del Gobierno.
Ante la convocatoria del congreso actual sorprende, por ello, que se insista repetidamente que sólo se está eligiendo al secretario general, que tiempo habrá para resolver la cuestión del candidato. Esta posición, sostenida por los que apoyan la candidatura de Rubalcaba, hace pensar que, aún triunfando en la actual pugna, podemos estar ante un liderazgo de transición. Quizás por la magnitud de la derrota electoral, quizás por la edad del candidato (en un país donde hasta Rajoy y todos nuestros presidentes del Gobierno llegaron muy jóvenes a la Moncloa) o quizás por ganar tiempo y no dar ninguna baza a su adversaria en la contienda actual, el hecho es que se acepta que unas primarias a la francesa serán las que elijan el candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. Cómo compaginar este principio con las funciones tradicionales del partido (elaborar la línea ideológica, señalar las decisiones en la política cotidiana, seleccionar a los miembros de las candidaturas) es asunto que no está de ninguna manera resuelto. Las primarias llaman a la participación directa de los afiliados y ello ayuda a profundizar la democracia pero, a su vez, otorgan un enorme poder al vencedor en la contienda pudiendo dar lugar a comportamientos cesaristas poco controlables por una organización democrática. Por un lado fomentan la democracia desde abajo pero, por otro, refuerzan la deriva presidencialista que tantas consecuencias negativas tiene para la actual democracia parlamentaria.
La segunda cuestión de interés está conectada con los elementos emocionales que de pronto parecen haberse destapado. Elementos que han surgido desde el momento en que ha hecho su aparición la candidatura de Carme Chacón. Son elementos vinculados a su edad, a su condición de mujer y al hecho de pertenecer al Partido Socialista de Cataluña. Si alguno considera que la cuestión nacional está resuelta en España y los elementos identitarios no juegan ningún papel, le invito a pensar en lo dicho y lo escrito en los últimos días por candidatos y comentaristas.
El candidato Rubalcaba acude a Sevilla e invita a los militantes a reeditar el pacto entre Andalucia y Euskadi que tantos y buenos frutos dio, a su juicio, en el pasado. Por mor de aquel pacto, en el famoso Congreso de Suresnes (allá por el año 1974 del siglo pasado) los jóvenes socialistas andaluces (González y Guerra) se hicieron con el control del PSOE pactando con los vascos (Redondo y Múgica) con el apoyo de cuadros del exilio (Carmen García Bloise, Paulino Barrabés) y marginando a los socialistas madrileños (Bustelo, Castellano)
Todos los mencionados tuvieron grandes discrepancias en los años posteriores pero coincidieron en una; coincidieron en el hecho de que el PSC era otra cosa, era otro partido, alguien con el que había que convivir, con el que había que relacionarse, con el que no había más remedio que pactar, pero que no debería interferir en el liderazgo del PSOE; los socialistas catalanes eran otro partido. De ahí el enorme interés y la enorme importancia de la presentación de la candidatura de Chacón.
¿Se trata de resucitar, como dice Rubalcaba, el Pacto del Betis o es el momento de iniciar una nueva singladura atreviéndose a presentar una candidata mujer y catalana?
Ante la presentación en Almeria de la candidatura de Carme Chacón, inmediatamente se han lanzado a denostarla los que consideran que se trata de un montaje para camuflar y ocultar su catalanidad.
Unos dicen que camufla su auténtico ser y que, por ello, por más acentos plurales que reclame, es una nacionalista irredenta que se viste de andaluza para ganar la secretaría general del PSOE pero que a nadie puede engañar. Los hay que manifiestan compungidos que es muy de sentir, que no debería ser así, pero que las cosas son como son, y un catalán o una catalana no llegarán nunca a ser líderes en partidos de ámbito nacional.
Ante tales reacciones uno no puede sino preguntar qué nación es la que queremos construir, qué significa eso de “un proyecto donde todos los socialistas digan lo mismo en todos los territorios de España”. ¿Van a decir lo mismo en el País Vasco donde gobiernan gracias al pacto con el Partido Popular que en Valencia o en Madrid donde llevan años y años en la oposición? ¿Es la misma la situación la de Galicia que lo vivido en Andalucía? Los socialistas, pienso yo, que podrán y deberán defender la igualdad de derechos de todos los españoles pero a partir de ese denominador común es evidente que la diversidad cultural y lingüística exige que no se diga lo mismo en todos los sitios. Hay que vertebrar la nación pero una nación muy compleja con distintos sentimientos de pertenencia, y con identidades muy plurales.
La reacción, entre compungida y brutal, contra Chacón ha marcado el inicio del debate. La reacción mediática, sin embargo, no ha sido todo. El entusiasmo que ha suscitado su plataforma muestra que el arrojo y la valentía en política tienen su premio. Chacón ha dado un paso adelante y al darlo ha permitido que afloren emociones positivas que estaban latentes, ha permitido que la curiosidad por el debate iniciado se haya incrementado, y ha permitido que haya competencia hasta el final. Por todo ello merece el reconocimiento de muchos para los que el liderazgo de alguien que recoge la doble identidad catalana y española sería algo muy positivo para buscar un camino propio en el enmarañado mapa emocional en el que nos movemos.
Un camino distinto al del nacionalismo español conservador y al del nacionalismo catalán, al de esos nacionalismos que tanto esfuerzo desarrollan por asegurarse el monopolio de la realidad y de los sentimientos y que con tanta facilidad, sin embargo, pactan las políticas económicas. El camino que su candidatura anuncia abre una posibilidad al federalismo, a ese federalismo que algunos consideramos imprescindible para superar la polarización de los nacionalismos. ¿Lo entenderán así los delegados al congreso del PSOE?
(*) Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la UNED

01 enero 2012

Crisis económica y derrota socialista en España

CRISIS ECONOMICA Y DERROTA SOCIALISTA EN ESPAÑA
José Borrell Fontelles
CRISIS ECONOMICA Y DERROTA SOCIALISTA EN ESPAÑA
España sufre una grave crisis económica y el PSOE ha sufrido una grave derrota electoral. Para comprender cómo y por qué conviene analizar lo ocurrido en los últimos 10 años. Desde la introducción del euro y hasta el inicio de la crisis, España ha sido una de las economías más dinámicas de Europa. Con una tasa de crecimiento media en el periodo 2000-2007 del 3,6 %, su tasa de paro había descendido en julio del 2007 hasta el 8,2 %, la más baja de los últimos 40 años. Antes de la crisis, España era el alumno modelo de la clase de Maastrich, con un superávit público del 2,2 % y un endeudamiento por debajo del 40 % del PIB. Pero desde el 2007 se han perdido 2,4 millones de puestos de trabajo, la tasa de paro ronda el 22 %, el 44 % entre los jóvenes, la economía está estancada y, según Eurostat, España aparece como el cuarto país más desigual de la UE, solo por delante de Lituania, Estonia y Rumania. Las ultimas elecciones generales del pasado 20 de noviembre, más que una victoria del PP, que solo gana medio millón de votos, fueron una clara derrota del PSOE, que pierde 4,4 millones de votos por su derecha y por su izquierda. Ha sido el peor resultado (28,7 % de los votos) de los socialistas desde la recuperación de la democracia en 1978.
Entre las brillantes perspectivas del 2007 y la realidad de hoy, ha pasado el tsunami de la crisis. Las reformas progresistas de José Luis Rodríguez Zapatero impulsando los derechos sociales y las libertades individuales y su política exterior, retirando las tropas españolas de Irak y aumentando la ayuda al desarrollo, ya no han sido tomadas en consideración. Los ciudadanos están preocupados por la inseguridad económica, y desorientados por los bruscos cambios de política económica de un Gobierno que negó la crisis durante demasiado tiempo y no supo explicar las medidas que tuvo que tomar para hacerle frente.

La intensidad y la duración de la crisis, y sus dramáticos efectos sociales, tienen mucho que ver, sin duda, con los malos resultados electorales del partido socialista. Pero han sido también los errores en la gestión política de la crisis, sobre un fondo de descrédito de la política y de pérdida de contacto con las clases populares, sobre todo con la juventud especialmente castigada por la creciente precariedad laboral, los que han producido esa situación.

El primer error de los Gobiernos socialistas fue no haber intentado corregir antes las debilidades estructurales de la economía española y su insostenible modelo de crecimiento, basado en una hipertrofia del sector de la construcción y un excesivo endeudamiento privado. Lo reconocía el propio José Luis Rodríguez Zapatero y el derrotado candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba diciendo que su mayor error había sido no “pinchar” antes la burbuja inmobiliaria. Esperaban, como decía en un exceso de optimismo el Vicepresidente Pedro Solbes antes de su cese-dimisión, “un aterrizaje suave, desacelerando poco a poco la excesiva inversión en vivienda”. El aterrizaje suave ha sido en realidad un verdadero “crash”, acelerado por la crisis financiera internacional.

Los Gobiernos socialistas no hicieron gran cosa para controlar el crecimiento desbocado de la construcción. Más bien echaron leña al fuego de una dinámica especulativa, ideológicamente basada en la liberalización del suelo y financieramente sustentada por los bajos tipos de interés y las entradas de capital extranjero que el euro trajo consigo

Es cierto que fue el PP el que lanzó el proceso de desregulación urbanística que hizo posible la burbuja inmobiliaria. Pero a ello contribuyeron destacados miembros del partido socialista a los que José Luis Rodríguez Zapatero dio las mayores responsabilidades. El Gobierno socialista tardo tres largos años antes de modificar la Ley del Suelo, y para cuando lo hizo, el mal ya estaba hecho. A pesar de las voces que lo pedían, desde dentro y fuera del Gobierno, no solo no redujo los incentivos fiscales a la construcción sino que produjo una legislación fiscal especialmente favorable a las plusvalías inmobiliarias en plena burbuja especulativa.

Ese fue uno de los mayores errores de política fiscal de los socialistas españoles, contradiciendo su programa electoral de 2004, en el que se proponía volver a colocar las plusvalías a corto plazo dentro de la escala progresista del impuesto sobre la renta. En vez de eso, se completó la regresividad de la política fiscal del PP, haciendo que todos los rendimientos del capital financiero y las plusvalías inmobiliarias tributasen a un tipo proporcional muy bajo, del 18 %.

Así se llevaba a la práctica una política fiscal muy al estilo de la Tercera Vía blairista, que creía más en la reducción de los impuestos y en la disminución de su progresividad que en sus efectos redistributivos. Pasará a la historia la famosa frase de José Luis Rodríguez Zapatero: “bajar los impuestos es de izquierdas”, que no deja de ser sorprendente en un país que sigue siendo uno de los que tienen la presión fiscal más baja de Europa, como también es uno de los más bajos el gasto social por habitante.

Es cierto que el gasto social aumentó durante la primera legislatura 2004-2008 de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no fue financiado con aumentos estructurales de la recaudación ni de la progresividad fiscal, sino con el aumento de los ingresos provocados por el boom inmobiliario. La progresividad tributaria y la sostenibilidad fiscal disminuyeron, pero quedaron ocultas por un aumento de la recaudación que se detuvo bruscamente con la crisis.

Se crearon así las bases de un déficit estructural que explotó cuando la crisis detuvo en seco la actividad. La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, poco tiempo antes de tener que congelar las pensiones y reducir los sueldos de los trabajadores públicos, es el ejemplo más dramático de esas contradicciones fiscales. La pérdida de recaudación generada por la supresión de ese impuesto fue el doble de lo que se ahorraba congelando las pensiones. La supresión se decidió antes de que se fuera plenamente consciente de la gravedad de la crisis, pero la imagen del Gobierno quedó muy dañada por esas decisiones, que no eran la mejor manera de distribuir de forma equitativa los costes de la crisis.

Las reducciones o bonificaciones fiscales de tipo proporcional, como la decisión de distribuir a todos los contribuyentes por el impuesto sobre la renta un cheque de 400 euros, cualquiera que fuese su renta, para intentar aumentar el consumo y mantener la actividad económica, o la de fomentar la natalidad premiando con un cheque-bebé de 3.000 euros a todas las madres, cualquiera que fuese su renta, contribuyeron a disminuir la progresividad, no tuvieron efectos macroeconómicos y, sobre todo, aumentaron la sensación de injusticia fiscal.

En realidad, la crisis inmobiliaria reflejó las debilidades de la economía española y la insostenibilidad de su modelo de crecimiento. Prácticamente todo el diferencial de crecimiento entre España y el resto de la UE se debe al boom inmobiliario, que triplicó los precios de la vivienda y causó un insostenible aumento del endeudamiento de las familias, desde el 47% de su renta disponible en 1997 al 135% en el 2007. El déficit exterior llegó al 10% del PIB, pero eso no parecía preocupar a nadie ya que el euro había hecho desaparecer las restricciones exteriores que siempre habían acabado abortando el crecimiento de la economía española. Con el euro había desaparecido el riesgo de cambio, los capitales afluían y nos permitía endeudarnos a tipos de interés reales negativos.

En cambio, la inversión industrial era débil, la espectacular modernización del país no se traducía en el aumento ni la diversificación de las exportaciones ni de su contenido tecnológico. La productividad del trabajo no creció apenas durante 10 años (0,2% en media, versus 1,3% en Francia) consecuencia en parte de la especialización productiva en sectores, construcción y servicios, en los que no hay grandes aumentos de productividad. Ello, junto con los aumentos salariales mayores que la media de la zona euro, hizo que el país perdiera competitividad, expresada en su déficit comercial, pero enmascarada por el motor de crecimiento interno que era la construcción y la disponibilidad de financiación exterior.

Y así hasta que la crisis paralizó bruscamente ambos factores. El choque externo creado por la quiebra de Lehman Brothers redujo el flujo de capital extranjero, provocó una restricción del crédito que paralizó la economía real. El ajuste se realizo aumentando el paro, ya que un tercio al menos de los empleos eran temporales con costes de despido muy bajos o nulos.

Desde la oposición, los socialistas habían denunciado la insostenibilidad de ese modelo de crecimiento basado en el endeudamiento y la expansión del “ladrillo”. Propusieron cambiarlo, pero cuando se cabalga sobre una expansión que crea empleo y llena los cofres del Estado y de la Seguridad Social no es facil frenar para cambiar de rumbo.

Y además, cambiar de modelo productivo lleva tiempo. Cuando la crisis llegó, ya era demasiado tarde. La Ley de Economía Sostenible que pretendía impulsar ese cambio, muy a la manera española heredada del dirigismo francés, de hacer grandes Leyes que enuncian principios retóricos para cambiar realidades complejas, se convirtió en un recital de buenos deseos y medidas heterogéneas, impotentes para hacer frente al vendaval y las urgencias de la crisis.

José Luis Rodríguez Zapatero negó la crisis durante demasiado tiempo y tardó en darse cuenta de su gravedad. Estaba convencido de que España tenía el sistema financiero más sólido del mundo gracias a las provisiones anticíclicas que había exigido el Banco de España. Pero resultó que parte del sistema, en especial las Cajas de Ahorro, estaba seriamente dañado por la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y la insolvencia de un numero creciente de familias altamente endeudadas y afectadas por el paro.

La primera respuesta a la crisis, durante 2008 y 2009, fue del tipo keynesiano, como en todas partes y según lo que la propia UE y el FMI aconsejaban. Pero el déficit creció muy rápidamente hasta el 12% del PIB, no tanto por el aumento discrecional del gasto sino por el juego de los estabilizadores automáticos vinculados al sistema de protección social, y sobre todo, la caída de los ingresos vinculados a la actividad de la construcción. A diferencia de Grecia, donde el déficit creó la crisis, en España la crisis creó el déficit.

Cuando la crisis cambió de naturaleza, desde una crisis de demanda que precisaba estímulos fiscales a una crisis de endeudamiento y de financiación exterior, la reacción fue lenta. José Luis Rodríguez Zapatero siguió proclamando que no reduciría sus políticas sociales hasta que en Mayo del 2010, bajo la presión de Bruselas y de los mercados, tuvo que imponer un severo plan de ajuste, recortando salarios públicos, congelando pensiones y subsidios y subiendo impuestos, sobre todo los indirectos. El incremento impositivo sobre las rentas altas y los rendimientos del capital fue solo simbólico, y no se repuso el impuesto sobre el patrimonio hasta días antes de las elecciones. El conjunto de las medidas fue percibido como un injusto reparto de los costes del ajuste, sobre todo porque al mismo tiempo se conocieron los sueldos, las indemnizaciones y las pensiones multimillonarias de los directivos del sistema financiero, especialmente de las Cajas de Ahorro en quiebra o en graves dificultades financieras.

Hay que decir que el PP intento en todo momento sacar ventaja electoral de la crisis, como ha hecho la derecha europea en Portugal y en Grecia. Votó en contra de las medidas de ajuste presentadas por José Luis Rodríguez Zapatero, que fueron aprobadas por un solo voto. Si hubieran sido rechazadas, como en Portugal, España hubiera debido acogerse a la ayuda europea, creando una situación mucho más grave para el país y para toda Europa.

Desde entonces, José Luis Rodríguez Zapatero hizo de la necesidad virtud y se convirtió en el mejor alumno de las medidas de austeridad y ajuste prescritas por la UE. Pero no fue capaz de explicar este cambio radical, percibido por buena parte de la opinión como una traición a sus principios, en pleno conflicto con los sindicatos por las reformas de las pensiones y del mercado de trabajo, que acabaron siendo inefectivas y que no contentaron a nadie.

Duras medidas de ajuste contradictorias con el discurso político anterior y con un Ministerio de Economía tecnocrático, incapaz de la pedagogía política necesaria, provocaron una fuerte caída de la confianza en el Gobierno. A ello se le sumo la desconfianza en la clase política provocada por casos de corrupción, aunque afectasen sobre todo al PP. El movimiento de los “ndignados”, ocupando pacíficamente las plazas de España, reflejó la frustración de una juventud sin futuro, los nuevos “ninjas” (no income, no job, no assets) de la sociedad española, con el agravante de que muchos de ellos tenían hipotecas que no podían pagar sobre unas casas que valían menos que lo que habían pagado por ellas.


El movimiento de los indignados o del 15-M, amorfo pero auténtico, plantea también importantes cuestiones acerca de la representatividad del sistema político español, basado en listas electorales cerradas y bloqueadas, sobre la calidad de la democracia, el funcionamiento de los partidos políticos y su apertura a la sociedad. Cuestiones que el partido socialista no se había planteado suficientemente y a las que tendrá que dar respuesta en la nueva etapa que ahora se abre.

En este contexto de crisis económica y contestación social, el PSOE perdió votos por los dos lados: sus votantes centristas pensaron que José Luis Rodríguez Zapatero estaba perdido en su laberinto, y que ni él ni Alfredo Pérez Rubalcaba tenían capacidad de responder a la crisis; y los situados más a la izquierda se sintieron decepcionados o traicionados por sus reformas y sus medidas de ajuste.

El tímido giro a la izquierda intentado durante la campana electoral carecía de credibilidad. Era demasiado poco y demasiado tarde por parte de alguien demasiado identificado con las políticas del Gobierno. No era posible a la vez criticar medidas parecidas, que fuesen a ser aplicadas por la derecha, y justificarlas cuando habían tenido que ser aplicadas por la izquierda.

Ahora el socialismo español se enfrenta, como en los demás países europeos, a la definición de políticas que hagan compatible equidad social y sostenibilidad ambiental con las exigencias de competitividad en un mundo globalizado, en una sociedad mucho más individualizada y frente a un sistema financiero más poderoso que los propios gobiernos. Lo único que es seguro es que la respuesta no puede ser nacional y que hay que encontrarla en la escala europea. Un terreno donde por desgracia tampoco el papel del PSOE ha sido muy relevante en los últimos años.
José Borrell Fontelles

En 2012 se puede armar

OPINIÓN

En 2012 se puede armar

MARCELLO
Cuidado con los cenizos que sólo pregonan desgracias y que se esconden en la crisis para olvidarse de todo lo demás. Cuidado con los políticos que se alejan de los ciudadanos en aras de una tecnocracia sin alma como la que los mercados están imponiendo en Europa, deslegitimando en muchos casos la voluntad popular y la soberanía nacional. Cuidado con los números sin rostro y con los desamparados, los jóvenes, los inmigrantes. Y más cuidado con la libertad, empezando por la de expresión. Mucho cuidado con todo esto porque están los nervios y las sensibilidades a flor de piel y porque en las “vacas flacas” ese discurso tan español de que “nunca pasa nada” se puede terminar.
Sobre todo si los poderosos y los que han abusado de su posición de poder político o fáctico pretenden continuar en los privilegios y en la impunidad o la inmunidad, como lo hemos visto en estos pasados años, mientras una gran mayoría de españoles empezaba a pagar el alto precio de la crisis en su trabajo, sus familias y en su entorno habitual. Ahí está el caso Urdangarin que ha rebosado el vaso de la paciencia y ha obligado a aplicar la ley y rectificar ciertos comportamientos inaceptables, como los de la corrupción, mientras el prestigio de la clase política y de las instituciones se desmoronaba ante los ojos de la ciudadanía que vive apiñada en una caldera de gas donde no cesa de subir la presión.
No puede pasar que financieros implicados en los escándalos o autores de quiebras se vayan de rositas y con indemnizaciones que se pagan luego con los fondos del FROB. O que los políticos encartados en disparates o en ruinosa gestión de la vida pública permanezcan en los cargos o no respondan ante nadie, ni ante la ley del daño causado. O que estos “artistas” del desastre, que han sido censurados en las urnas pretendan, seguir al frente de los partidos que ellos mismos han llevado a la derrota (como ocurre en el PSOE), o que huyan de sus cargos públicos para los que han sido elegidos (como ocurre en el PP), con un ahí queda eso. O que no dimitan ante su imputación por corrupción, ni sean expulsados de sus partidos como ocurre en muchas formaciones políticas.
Cuidado con todo esto porque las escopetas están cargadas por el diablo y la indignación de jóvenes y los mayores crece sin parar. Y porque ahora existen nuevas válvulas de escape informativas en Internet (frente a los obedientes y partidistas grandes grupos de comunicación) y porque, a pesar de la mayoría absoluta, hay más voces en esa cúpula de resonancia que es el Parlamento, y porque todo se sabe y se va a saber, y no se va a consentir que la mayoría absoluta sea un cheque en blanco ni la Moncloa un inexpugnable fortín. Ni tienen los nacionalistas un derecho de pernada sobre el Estado, ni las minorías pueden ser aplastadas por nadie.
Cuidado con la confianza, y el precedente, de que aquí en España nunca pasa nada porque si se juntan muchas cosas a la vez, y los planetas de nuestro incierto presente se ponen en fila, un día de estos el número de indignados llenará no solo la Puerta del Sol, sino todo el centro de Madrid y de otras ciudades de España y en ese momento se poder armar y entonces ya sería demasiado tarde para reconducir la situación. Elpueblo español es paciente y a la vez valiente y está decidido a luchar contra la crisis y el desánimo pero hay que contar con él, estar a su lado, escucharlo y ayudarlo desde la cercanía y desde todas las instancias de poder.
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